Retraso vital: cuando una ambulancia se llevó a la oficial y no al herido

El caso de Dyshan Best —un hombre de 39 años que murió tras ser alcanzado por una bala en Bridgeport, Connecticut— reaviva un debate doloroso y complejo: ¿qué sucede cuando la atención médica y las prioridades policiales entran en conflicto durante una intervención crítica? Un reciente informe del inspector general del estado describe que la primera ambulancia que llegó al lugar fue enviada para trasladar a una agente blanca involucrada en la persecución —Erin Perrotta— mientras que el hombre herido, que posteriormente falleció, tuvo que esperar alrededor de diez minutos adicionales por el siguiente vehículo de emergencia.

Los hechos según el informe

El informe del Inspector General Eliot Prescott, publicado tras la investigación del incidente ocurrido el 31 de marzo, expone que Best fue alcanzado por una bala en la espalda durante una persecución a pie con la policía. El documento concluye que el uso de la fuerza por parte del agente que disparó fue justificable, al considerar que Best tenía un arma (un revólver de 9 mm) en la mano y que el oficial tenía motivos razonables para temer por su seguridad.

Sin embargo, el informe detalla también lo que ocurrió después: la primera ambulancia llegó al lugar a las 6:02 p.m., aproximadamente 14 minutos después del tiroteo. A instancias de otros oficiales, esa ambulancia atendió a la agente Perrotta —descrita en el informe como "visibly hysterical (crying and breathing rapidly) and had blood all over her uniform"— y la trasladó al hospital. Perrotta dijo a los paramédicos: "I am fine, I just needed to get out of here" según consta en el reporte.

El segundo vehículo de emergencia arribó alrededor de las 6:12 p.m.; Best fue ingresado en el hospital a las 6:22 p.m. y falleció a las 7:41 p.m. mientras recibía tratamiento por heridas internas graves que afectaron su hígado y riñón derecho. El informe no determina de forma categórica si el retraso contribuyó directamente a su muerte, pero la familia y la comunidad cuestionan si esos minutos adicionales marcaron la diferencia entre la vida y la muerte.

Prioridades en la escena: ¿a quién trasladar primero?

En una zona de crisis, la toma de decisiones es rápida y a menudo caótica. Los protocolos de emergencia y los principios de triage (clasificación de pacientes según urgencia médica) buscan priorizar a quienes tienen mayor probabilidad de beneficiarse de una atención inmediata. No obstante, cuando el personal policial y el de emergencias discrepan o no existe una coordinación clara, la decisión sobre quién ocupará un recurso limitado —como la primera ambulancia disponible— puede volverse polémica.

En este caso, los oficiales pidieron que la ambulancia se llevara a Perrotta. Los paramédicos relataron que la agente rechazó atención adicional y manifestó que solo necesitaba salir del lugar. Aun así, atendieron su petición y la trasladaron, decisión que ahora está siendo escrutada por la familia del fallecido y por una comunidad que exige claridad y justicia.

Impacto humano y percepciones comunitarias

Para la familia de Best, el acto tiene una lectura clara: "Creemos que podría haber sobrevivido si lo hubieran llevado en la primera ambulancia", dijo Tatiana Barrett, sobrina del fallecido, citando dolor y desconfianza. Las voces en la comunidad agregan un contexto esencial: cuando el herido es un hombre negro y el oficial trasladado es blanco, la percepción de trato desigual alimenta sospechas de parcialidad y racismo institucional, ya sean reales o percibidos.

En sociedades donde la relación entre comunidades negras y fuerzas de seguridad ha sido historicamente tensa, decisiones operativas aparentemente técnicas —quién sube en una ambulancia primero— se interpretan a menudo como manifestaciones de valores sociales más amplios. La desconfianza se retroalimenta cuando las familias sienten que no hubo transparencia ni explicación satisfactoria.

Protocolos, coordinación y responsabilidad

El incidente obliga a revisar varios puntos operativos:

• Coordinación Policía-EMS: ¿Existen protocolos claros que indiquen bajo qué circunstancias una ambulancia debe trasladar a un miembro de las fuerzas del orden antes que a un civil herido en el mismo suceso? En muchos departamentos, las decisiones deben basarse en criterios médicos y de prioridad de vida, no en el rol social o laboral de la persona.
• Evaluación en escena: Los paramédicos registraron que Perrotta rechazó tratamiento adicional; aun así, fue trasladada. Queda por establecer si la evaluación médica del personal de EMS justificó el traslado inmediato o si fue una respuesta a la presión de la policía presente.
• Documentación y transparencia: El informe del inspector general documenta tiempos y declaraciones, pero la comunidad requiere que la policía local y las autoridades sanitarias expliquen públicamente los criterios que guiaron la asignación de la ambulancia.

Salud mental y reacciones agudas en agentes

El informe menciona que la agente Perrotta estaba "visiblemente histérica"; la explicación dada es que había sufrido un episodio de ansiedad leve tras la persecución. Este detalle abre otra discusión: el apoyo a la salud mental de los agentes y cómo su estado puede influir en la dinámica de la escena.

Los oficiales, como cualquier persona expuesta a situaciones violentas o traumáticas, pueden experimentar respuestas agudas de estrés. Las agencias policiales han incrementado en años recientes programas de apoyo psicológico y procedimientos para manejar a agentes afectados en el lugar. Sin embargo, esos mecanismos también deben incluir medidas para evitar que la atención a un agente interfiera con la atención a heridos civiles en situaciones críticas.

El ruido de la evidencia y la versión familiar

Mientras el inspector general sostuvo que las imágenes de la cámara corporal muestran a Best con un arma, la familia y su abogado sostuvieron una versión diferente, afirmando que podría haberse tratado de un vape o un objeto no letal. El informe afirma que se encontró una pistola cerca del cuerpo de Best. Estas discrepancias ilustran cómo pruebas materiales y testimonios pueden ser interpretados de maneras contrapuestas, y por qué la transparencia en la cadena de custodia y la publicación de evidencias es clave para la confianza pública.

Contexto histórico y repercusiones

El episodio no es aislado: a lo largo de las últimas décadas, en Estados Unidos y otras democracias, casos de uso de fuerza letal por parte de la policía han desencadenado demandas por reformas, investigaciones internas y, en ocasiones, cambios en protocolos de emergencia. La combinación de fuerza policial, lesiones graves y dudas sobre la atención médica posterior revive debates sobre responsabilidad institucional y equidad en el trato.

El escrutinio público, además, obliga a las instituciones a repensar procedimientos operativos estándar: desde la asignación de recursos médicos en escenas conflictivas hasta la comunicación con las familias afectadas y la divulgación de informes completos y accesibles.

Qué preguntas deben responder las autoridades

1. ¿Qué criterios médicos guiaron la decisión de trasladar a la agente en la primera ambulancia en lugar del herido?
2. ¿Hubo presión explícita o implícita de oficiales en la escena para priorizar a la agente?
3. ¿Se siguieron protocolos de triage y registro por parte del personal de emergencia?
4. ¿Qué medidas tomará la policía local para mejorar la coordinación con EMS y asegurar equidad en el acceso a atención inmediata?
5. ¿Se publicarán las grabaciones de cámaras corporales y otros registros relevantes para que la comunidad pueda revisar la evidencia?

Reflexión final: minutos, confianza y justicia

Los minutos que una persona debe esperar por atención médica pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Más allá de la investigación sobre el uso de la fuerza, el episodio de Bridgeport plantea un reto organizativo y ético: cómo garantizar que, incluso en las escenas más caóticas y emocionalmente cargadas, las decisiones sobre quién recibe la atención prioritaria se basen en criterios médicos claros, en protocolos transparentes y en responsabilidad institucional. La familia de Dyshan Best busca respuestas y justicia; la comunidad exige cambios. Ambos reclamos subrayan que, en una sociedad democrática, la legitimidad del uso de la fuerza depende no solo de la legalidad de un disparo, sino también de la forma en que se actúa después: con rapidez, equidad y claridad.

Informe citado: Informe del Inspector General del Estado, Eliot Prescott (marzo 2026). Citas textuales tomadas del informe oficial publicado por la oficina del Inspector General.