Análisis: La intervención de Estados Unidos en el caso de presunto genocidio contra Israel ante la CIJ

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya se ha convertido en el epicentro de un caso que expone tensiones jurídicas, políticas y humanitarias a escala global: la demanda interpuesta por Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio en el marco de su campaña militar en Gaza. Recientemente, Estados Unidos notificó su intención de intervenir en el proceso, defendiendo que las acusaciones carecen de fundamento y advirtiendo que una resolución condenatoria podría debilitar estándares jurídicos internacionales clave. En este análisis desglosamos qué significa esa intervención, qué precedentes pesan en la balanza y cuáles son las posibles consecuencias para la CIJ y para el orden jurídico internacional.

Contexto legal: la Convención de 1948 y el umbral del "dolo especial"

La acusación de genocidio se sustenta en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, adoptada poco después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de tipificar y castigar el exterminio colectivo por razones nacionales, étnicas, raciales o religiosas. Un punto crucial en la aplicación de la Convención es la exigencia de probar un dolus specialis —es decir, la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.

En su presentación ante la CIJ, el gobierno de Estados Unidos subraya precisamente este elemento: “una determinación de genocidio requiere una intención específica para cometer el delito” y advierte contra una reducción del estándar probatorio que transforme en genocidio lo que podría ser, aunque gravísimo, un resultado de combates urbanos con alta mortalidad civil. La fuente de esa cita es la propia presentación formal de Estados Unidos ante la Corte.

La intervención de Estados Unidos: ¿motivos legales o geopolíticos?

La figura de intervención ante la CIJ está prevista por la Convención de 1948 y permite a terceros Estados aportar su interpretación jurídica sobre cuestiones relevantes para la resolución del litigio. Estados Unidos alega que su intervención busca preservar la integridad del estándar jurídico que define el genocidio; sin embargo, la movida tiene una evidente dimensión política y estratégica:

• Estados Unidos es aliado de Israel y ha defendido su derecho a la autodefensa frente a ataques terroristas de Hamas.
• Una condena por genocidio sería histórica y tendría efectos simbólicos y prácticos de gran alcance, tanto sobre Israel como sobre futuras interpretaciones del término.
• La intervención busca evitar lo que Washington califica como un posible precedente que, según su argumento, alimentaría percepciones de instrumentalización del derecho internacional en campañas políticas.

Reed Rubenstein, asesor legal del Departamento de Estado que actúa en representación de Estados Unidos, declaró que una sentencia condenatoria sería una “repudiación radical” de la jurisprudencia de la Corte y podría alimentar la percepción de que la CIJ es una herramienta en campañas legales pro-Hamas. Esa formulación aparece en la presentación estadounidense ante la CIJ.

Precedentes relevantes y decisiones recientes de la CIJ

La CIJ ha tratado otros casos de gran carga política y humanitaria en años recientes. Por ejemplo, en 2022 y 2023 la Corte adoptó medidas provisionales y se pronunció sobre la necesidad de proteger derechos humanos en contextos de conflicto. En el caso concreto entre Sudáfrica e Israel, la CIJ ya ha emitido órdenes provisionales que instaban a Israel a tomar medidas para prevenir actos que pudieran constituir genocidio y a garantizar la entrada de asistencia humanitaria proporcionada por agencias internacionales.

Recordemos que la propia historia del derecho del genocidio está marcada por sentencias y debates complejos: el Tribunal Militar Internacional de Núremberg (1945-46) y, más tarde, los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia y Ruanda, sentaron precedentes sobre responsabilidad penal internacional y la interpretación de actos masivos contra poblaciones civiles. La Convención de 1948 nació, de hecho, como reacción directa al Holocausto, lo que añade una dimensión histórica y emocional a cualquier alegato que invoque la palabra “genocidio”.

El dilema probatorio: civiles muertos, ¿prueba de genocidio?

Uno de los debates centrales gira en torno a si la presencia de numerosas víctimas civiles —incluso mortales— puede, por sí sola, demostrar genocidio. El argumento estadounidense, compartido por otros Estados y expertos, sostiene que la mera magnitud de bajas civiles no prueba per se la intención de destruir a un grupo; hay que demostrar actos y una voluntad dirigida a ese fin.

Sin embargo, quienes apoyan la demanda de Sudáfrica señalan que ciertas políticas y actuaciones —por ejemplo, restricciones sistemáticas de ayuda humanitaria, declaraciones públicas que deshumanizan a la población palestina, o la adopción de tácticas militares que afectan de manera desproporcionada a civiles— pueden, en conjunto, mostrar un patrón de conducta que permita inferir intención genocida. Esa argumentación se ha utilizado en otras causas internacionales, aunque su éxito depende de la solidez de la prueba documental y testimonial presentada en la Corte.

Intervenciones de terceros Estados: un mosaico internacional

Más de una docena de países han notificado su voluntad de intervenir en el caso; entre ellos figuran España, Países Bajos e Irlanda, y otros han expresado posiciones divergentes. En 2023, por ejemplo, más de 30 países apoyaron la intervención de Ucrania en un caso versus Rusia, lo que demuestra que las intervenciones colectivas no son inéditas y reflejan alianzas diplomáticas y legales.

Estas adhesiones importan porque, aunque solo las partes en litigio (Sudáfrica e Israel) presentarán los argumentos centrales, las intervenciones pueden aportar marcos jurídicos, peritajes y perspectivas políticas que moldean la deliberación del tribunal.

Riesgos y consecuencias de una eventual sentencia condenatoria

Si la CIJ llegara a concluir que Israel cometió genocidio, las consecuencias serían múltiples y profundas:

• Un gran impacto simbólico: el término “genocidio” conlleva una carga histórica enorme y modificaría la narrativa internacional sobre el conflicto.
• Presiones políticas y diplomáticas: Estados aliados, organismos multilaterales y la opinión pública global inevitablemente reaccionarían, con sanciones, aislamientos o demandas de reparaciones.
• Implicaciones para la práctica militar y las reglas de enfrentamiento: una interpretación expansiva del genocidio podría transformar la forma en que las operaciones militares urbanas son juzgadas por tribunales internacionales.
• Potencial erosión de la autoridad de la CIJ si una parte importante del público o de gobiernos considera la decisión motivada políticamente. Ese es, precisamente, el temor expresado por la delegación estadounidense.

Qué observar en lo inmediato

Los próximos hitos del proceso incluirán la admisión formal de las intervenciones de terceros por parte de la CIJ, la presentación de memoriales y réplicas, y las audiencias orales donde las partes y los intervenientes expondrán sus argumentos. La duración y complejidad del proceso legal pueden prolongarse años; muchas disputas ante la Corte siguen ciclos largos de documentación, pruebas periciales y deliberaciones.

Reflexión final: derecho, política y expectativas públicas

Este caso pone en tensión dos verdades incómodas: el derecho internacional no vive al margen de la política, y las causas humanitarias más graves no siempre encuentran respuestas rápidas y limpias en los tribunales. La participación estadounidense, además de sus fundamentos jurídicos, es una manifestación de cómo los actores estatales intentan preservar marcos interpretativos que les resultan favorables. En un mundo donde las palabras y las definiciones legales pueden cambiar el curso de políticas y relaciones internacionales, la resolución de la CIJ será observada con lupa.

Mientras tanto, más allá del veredicto jurídico, la urgencia humanitaria en Gaza y la necesidad de mecanismos efectivos para proteger a civiles en conflicto siguen siendo cuestiones prácticas que demandan atención inmediata de la comunidad internacional, independientemente del resultado judicial.

Fuentes citadas:

• Presentación de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (documento presentando la intervención), CIJ, La Haya.
• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948.
• Órdenes provisionales emitidas por la CIJ en el caso introducido por Sudáfrica contra Israel (expedientes de la CIJ).