Acceso a la justicia en las cárceles de Vermont: cuando las políticas internas ponen en riesgo a personas inmigrantes

Acceso a la justicia en las cárceles de Vermont: cuando las políticas internas ponen en riesgo a personas inmigrantes

Cambios recientes en la Dirección de Correcciones de Vermont han reducido la capacidad de abogados y voluntarios para atender a detenidos migratorios; defensores y legisladores piden garantías formales para proteger el derecho a la defensa y a la interpretación.

Un servicio esencial que se fractura

Durante años, el Vermont Asylum Assistance Project (VAAP) ha sido la organización que con regularidad —y con frecuencia en solitario— ingresaba a las cárceles estatales para ofrecer asesoría legal a personas detenidas por autoridades migratorias federales. Según Jill Martin Diaz, directora ejecutiva de VAAP, abogados y voluntarios entraban a las instalaciones, se reunían con cada detenido migratorio y usaban teléfonos y computadoras personales para facilitar interpretación entre el abogado y su cliente.

Ese mecanismo de trabajo no era un lujo, sino una herramienta práctica en un contexto donde, como señaló Hillary Rich, abogada de la ACLU de Vermont, “tener un abogado puede literalmente ser una cuestión de vida o muerte” (VTDigger).

El cambio de mando y las nuevas restricciones

En agosto la dirección del Departamento de Correcciones de Vermont cambió de manos: Jon Murad asumió como comisario interino y más tarde fue nombrado comisario en propiedad por el gobernador Phil Scott. VAAP y otros abogados sostienen que, desde entonces, el acceso a los detenidos migratorios se ha visto restringido. Entre los cambios que denuncian están:

• Retiro del acceso a los números de registro de extranjeros (A-number), que facilitan identificar y coordinar las visitas con los detenidos.
• Prohibición de ingresar dispositivos personales (teléfonos, computadoras) y de contar con equipos de voluntarios que brindaban interpretación.
• Limitación de espacios y horarios de reunión, y sustitución de esos encuentros por un único teléfono fijo que debe ser compartido y ofrece un servicio deficiente.

Como consecuencia, VAAP afirma que ha pasado de reunirse con el 100% de los detenidos en las prisiones donde con más frecuencia son alojados (Chittenden Regional Correctional Facility y Northwest State Correctional Facility) a poder atender solamente alrededor del 25%.

Argumentos de la Dirección de Correcciones

Murad niega que su administración busque obstruir el acceso a la asistencia legal. Asegura que lo que ha hecho su equipo es aplicar políticas que, según él, existían desde antes de su llegada y que permiten una gestión más segura de las instituciones. En sus palabras, el ingreso de dispositivos personales “comprometía la seguridad” y era una desviación de la política interna (declaraciones recogidas por VTDigger).

Además, el Departamento ha tomado medidas para mejorar el acceso a interpretación evaluando los servicios en enero y empezando a entregar tabletas que, según Murad, pueden ser usadas por abogados para interpretar sin importar quién sea su cliente.

Impactos concretos en detenidos vulnerables

Las historias que comparten los abogados de VAAP ponen rostro a los efectos de estas medidas. Un caso señalado por Martin Diaz refiere a un hombre puesto en aislamiento sin que las reglas de la prisión le fueran explicadas en su idioma; según la abogada, estuvo “en solitario y no sabía por qué” (VTDigger).

Otro ejemplo preocupante: una mujer que solo habla criollo haitiano y, desde que está detenida en Vermont, aparentemente no ha encontrado a nadie que le comunique información en su idioma. La ausencia de interpretación no se limita a comunicaciones legales: también afecta el acceso a atención médica, la comprensión de reglas disciplinarias y la capacidad para participar en procesos administrativos que pueden determinar su destino migratorio.

La respuesta política y legislativa

Las denuncias de VAAP y de la ACLU han encendido una respuesta en la Asamblea estatal. Legisladores que vigilan el sistema carcelario enviaron un memorando al Departamento de Correcciones instando a formalizar un acuerdo con VAAP que garantice acceso confiable a la asistencia legal, servicios de traducción, espacio confidencial para entrevistas y una implementación uniforme de políticas en todas las cárceles.

El comité de Correcciones y Asuntos Institucionales defendía que el problema ya no puede resolverse informalmente: “Dada la urgencia del acceso a la defensa en el panorama federal actual, la resolución informal de problemas es insuficiente. Se requieren ahora estructura formal, responsabilidad y estándares exigibles”, reza el memo recogido por VTDigger.

No obstante, tras un intercambio en la Cámara, la iniciativa fue retirada temporalmente, en parte por objeciones de la administración. La presidenta del comité, la representante Alice Emmons, explicó que «se necesitan más conversaciones» antes de avanzar (VTDigger).

Derechos en juego: ¿trato equitativo o trato privilegiado?

Los defensores recalcan que no se trata de privilegios para ciertos detenidos, sino de garantizar un trato equitativo. La Constitución y reglamentaciones federales establecen que todas las personas privadas de la libertad deben tener acceso a asistencia legal y a servicios esenciales, incluido el acceso a intérpretes cuando el idioma impide la comunicación.

Hillary Rich, de la ACLU, advierte que las medidas que limitan el acceso a abogados y a interpretación pueden convertirse en un eslabón más de la «cadena arresto-deportación» que las autoridades federales han acelerado en los últimos años, con transferencias y traslados rápidos entre jurisdicciones que dificultan la defensa efectiva (VTDigger).

Contratos, política estatal y contexto federal

En julio, con el apoyo del gobernador Phil Scott, Vermont renovó su contrato con el gobierno federal para alojar a detenidos migratorios en cárceles estatales. Para algunos legisladores y defensores, esa decisión exige una mayor transparencia y garantías operativas: si el Estado decide cooperar con instituciones federales, debe asegurarse de que en el proceso no se vulneren derechos básicos como la asistencia legal y la interpretación.

La tensión no es solo local. A nivel nacional, los centros de detención migratoria han sido foco de críticas por limitaciones al acceso a abogados, condiciones sanitarias y la complejidad de procesos administrativos que expulsan o mantienen a las personas en estados de indefensión. En este sentido, lo que ocurre en Vermont se inscribe en un debate amplio sobre cómo los estados manejan contratos federales y cuáles son sus responsabilidades para proteger a personas en situación de vulnerabilidad.

Posibles soluciones y pasos razonables

Las conversaciones en el Statehouse han propuesto medidas concretas que, de aplicarse con buena fe, podrían resolver muchos de los problemas señalados:

• Formalizar un memorando de entendimiento (MOU) entre el Departamento de Correcciones y VAAP que especifique procedimientos, acceso a información de identificación (A-numbers) y protocolos claros para reuniones legales.
• Garantizar interpretación profesional presencial o por tecnología, y facilitar dispositivos oficiales de la institución que permitan confidencialidad y calidad en la interpretación.
• Establecer horarios y salas confidenciales dedicadas a asesoramiento legal, lejos de interrupciones vinculadas a operativos de seguridad o traslados.
• Capacitar al personal penitenciario sobre obligaciones de acceso a la salud, derechos legales y sobre cómo implementar políticas uniformes en todos los centros.

Varios expertos en política pública coinciden en que la transparencia contractual y la supervisión legislativa son esenciales cuando un estado presta servicios de privación de libertad en nombre del gobierno federal; sin estas garantías, los mecanismos de control y reparación son difíciles de activar.

El punto crítico: protección de personas vulnerables

Al final, la discusión en Vermont no es solo administrativa: es humana. Se trata de personas que muchas veces han huido de violencia o persecución, que desconocen el idioma y cuyas decisiones legales dependen en gran medida de la calidad del acceso a asesoría que se les permita. Reducir ese acceso por razones de procedimiento o seguridad, sin mecanismos alternativos eficaces, puede convertir procesos migratorios ya estrechos en sentencias casi automáticas.

Mientras el debate continúa en pasillos legislativos y en las oficinas del Departamento de Correcciones, organizaciones como VAAP siguen reclamando medidas concretas y urgentes. La propuesta de un MOU y una supervisión más firme apuntan a que el Estado cumpla no solo con las exigencias contractuales, sino con su obligación moral y legal de garantizar igualdad de trato y acceso a la justicia para todas las personas bajo su custodia.

En palabras de Martin Diaz: “Estamos muy preocupados por el daño irreparable que podría sufrir a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad” (VTDigger). Esa preocupación resume el reto: convertir procesos internos y decisiones administrativas en prácticas que, además de seguras, sean justas y respetuosas de los derechos humanos.