Camp East Montana: el campamento de detención más grande de ICE, ¿mejora o remiendo temporal?

Camp East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss, en las afueras de El Paso (Texas), se ha convertido en un símbolo de la gestión masiva de detenciones migratorias por parte del gobierno federal: tiendas endurecidas, miles de personas hacinadas y denuncias de atención médica deficiente y maltrato. La reciente decisión de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de sustituir al contratista principal que administra el complejo ha reabierto el debate: ¿es el relevo de empresa un paso hacia soluciones reales o sólo un parche temporal para una estructura problemática desde su origen?

Un reemplazo bajo presión

A fines de febrero de 2026, ICE anunció que prescindiría de Acquisition Logistics, LLC como contratista principal de Camp East Montana y negociaría un contrato sin licitación por 180 días con Amentum Services, Inc., una empresa con experiencia previa en contratos del Departamento de Defensa y otras agencias federales (según un aviso de contratación publicado públicamente y reportes de prensa como The Washington Post). La decisión se produce tras meses de críticas y señalamientos sobre condiciones de vida, atención médica y seguridad dentro del recinto.

Las cifras y denuncias que no pueden ignorarse

Varios testimonios y reportes periodísticos han descrito el campamento como un lugar con casi 3.000 detenidos en tiendas distribuidas en seis campamentos. Entre los incidentes reportados figuraron al menos dos muertes, múltiples intentos de suicidio, peleas y más de 130 llamadas a emergencias durante los primeros meses de operación, eventos que encendieron alarmas sobre la capacidad operativa y humanitaria del lugar (reportes periodísticos locales y nacionales).

Además, se ha señalado la presencia de brotes de enfermedades contagiosas, como un reciente caso de sarampión, y denuncias de falta de acceso a medicamentos y atención médica adecuada, así como pérdida de peso entre los detenidos por lo que describen como insuficiente suministro alimenticio.

¿Qué salió mal con el contratista original?

Acquisition Logistics ganó un contrato inicial evaluado en hasta 1.3 mil millones de dólares para construir y administrar el campamento. Sin embargo, múltiples elementos llamaron la atención: antes de ese contrato la firma no tenía experiencia previa gestionando centros de detención de ICE, jamás había obtenido contratos federales de magnitud comparable (su récord más grande era significativamente menor) y no contaba con una presencia pública convencional, como un sitio web operativo. Esos antecedentes encendieron críticas sobre la solidez del proceso de adjudicación y la idoneidad del contratista (informes públicos sobre el contrato y el historial de la empresa).

La apuesta por Amentum: experiencia militar y riesgos políticos

Amentum, con base en Virginia y conocida por su trabajo para el sector militar y agencias de inteligencia, fue señalada por ICE como una opción más “madura” y con la “capacidad para una transición operacional rápida”, con la promesa de mejorar la atención médica, los procedimientos de ingreso y la tramitación de casos. Sin embargo, la contratación sin licitación y el carácter temporal —contrato de 180 días— generan dudas sobre el alcance real de las mejoras y sobre qué ocurrirá una vez concluido ese plazo.

La diputada Veronica Escobar, cuyo distrito incluye la zona de El Paso y que ha sido una voz crítica del campamento desde su inauguración, declaró que la sustitución del contratista es insuficiente mientras el lugar siga operando: “Si bien la salida del contratista original puede ser un paso en la dirección correcta, lo que realmente hace falta es cerrar este sitio y abrir una investigación sobre las irregularidades” (declaraciones citadas en reportes periodísticos).

¿Por qué se construyó este tipo de instalaciones?

Desde la emergencia migratoria que vivió la frontera suroeste en años recientes, la administración federal buscó soluciones rápidas para alojar grandes números de personas. La creación de instalaciones tipo almacén o de campamentos temporales respondió a esa necesidad de capacidad inmediata. No obstante, la escala de algunos proyectos —con planes que incluyen almacenes con capacidad para miles de detenidos— ha elevado preguntas sobre derechos humanos, supervisión efectiva y costos.

ICE por su parte ha argumentado en distintos momentos que centros como Camp East Montana están pensados para estancias cortas; según datos publicados por la propia agencia en diferentes informes administrativos, la estadía promedio en ese tipo de instalaciones puede rondar los días (por ejemplo, nueve días en algunos reportes internos), aunque hay casos documentados de estancias prolongadas por trámites de deportación o asuntos logísticos.

Impacto en salud pública y atención médica

Los brotes de enfermedades en instalaciones cerradas o semiclosed—como el mencionado surgimiento de sarampión—subrayan riesgos tanto para los detenidos como para las comunidades cercanas. La combinación de alta densidad poblacional, condiciones sanitarias deficientes y movimientos constantes de personal y transporte puede facilitar la transmisión de enfermedades respiratorias o contagiosas.

Expertos en salud pública han señalado históricamente que la calidad de la atención médica en centros de detención suele ser insuficiente, con barreras en el acceso a especialistas, retrasos en la atención y problemas logísticos que agravan patologías preexistentes. Organizaciones médicas y de derechos humanos han documentado estos problemas en distintas instalaciones a lo largo de los años.

Costos, rendición de cuentas y transparencia

Hasta el momento, los registros del contrato original muestran que el gobierno federal comprometió casi 600 millones de dólares al contratista salida antes de la terminación anticipada del acuerdo. Los montos y la forma en que se adjudicaron los contratos abren preguntas legítimas sobre fiscalización: ¿por qué una empresa sin experiencia previa en detención recibió un contrato de gran magnitud y con qué criterios se supervisó su desempeño?

La transparencia en los informes de inspección también ha sido limitada: ICE mencionó haber completado inspecciones que no han sido divulgadas públicamente, lo que dificulta la evaluación independiente de las condiciones y de las medidas correctivas necesarias.

Alternativas y debates políticos

Las críticas no se limitan a un solo actor político. Legisladores locales y federales han planteado opciones que van desde el cierre total de instalaciones como Camp East Montana hasta mejorar sustancialmente los estándares de supervisión, atención médica y acceso legal para los detenidos. Para otros, la construcción de grandes almacenes para detenciones es una estrategia administrativa que prioriza la capacidad y la eficiencia sobre los derechos y la dignidad humana.

En el plano operativo, algunas propuestas incluyen: requisitos más estrictos de experiencia y solvencia para adjudicatarios de contratos, auditorías independientes de salud y seguridad, restricciones sobre la duración máxima de estancia en instalaciones temporales y la creación de rutas legales y humanitarias más ágiles para procesar los casos y reducir la necesidad de detención prolongada.

¿Mejora real o simple reacomodo?

La sustitución de un contratista por otro con mayor historial en contratos federales puede suponer mejoras en la logística y en la calidad de ciertos servicios. No obstante, si el modelo de gestión —campamentos de gran escala para alojar a miles de personas— permanece intacto, las reformas podrían quedarse cortas al no abordar los problemas estructurales: procesos de adjudicación opacos, supervisión externa insuficiente y un enfoque centrado en la capacidad más que en la protección de derechos.

La presión pública y el escrutinio legislativo serán determinantes en los próximos meses. Si Amentum u otro operador logra implementar cambios verificables —salud pública sólida, protocolos claros de atención, transparencia en inspecciones y mecanismos de rendición de cuentas—, el cambio puede valorarse en términos concretos. Si no, el relevo quedará en la categoría de parche que posterga una reforma profunda y necesaria.

Fuentes citadas en declaraciones y reportes: avisos de contratación federal y reportes periodísticos sobre los cambios en Camp East Montana y las condiciones en el recinto (por ejemplo, reportes publicados en The Washington Post y documentos públicos de contratación).