La ley dormida: por qué California no activó su arma contra la especulación en la gasolina

California aprobó hace tres años una ley pionera diseñada para proteger a los conductores cuando los mercados petroleros se desbordan. El gobernador la firmó: era presentada como un triunfo contra las grandes petroleras y una herramienta para limitar márgenes, exigir inventarios y sancionar aumentos injustificados en los precios de la gasolina. Sin embargo, esas potestades nunca han sido aplicadas: en 2024 la Comisión de Energía del estado votó retrasar la entrada en vigor de las reglas hasta dentro de cinco años. Hoy, con el precio de la gasolina por encima de $5.30 el galón en promedio estatal, la decisión está en el centro de la polémica.

Qué prometía la ley y por qué importaba

La normativa de 2023 otorgó a reguladores la facultad de imponer un tope a las ganancias de las refinerías y de multar a las compañías en casos de price gouging (subidas abusivas). Además contemplaba medidas como mayores inventarios obligatorios y obligaciones para sustituir oferta perdida durante mantenimientos. Un informe oficial creado por la nueva división de supervisión de la Comisión de Energía detectó una “prima inexplicada” en el precio al por menor de unos 41 centavos por galón entre 2015 y 2024, que —según ese análisis— habría costado a los conductores californianos alrededor de $59.000 millones en ese periodo (CalMatters).

La paradoja: herramientas para castigar que nunca se usaron

Los defensores de la ley sostienen que este es precisamente el momento para activar las reglas. “Cuando el precio de una materia prima se dispara —sea crudo o gasolina refinada— es cuando las compañías obtienen beneficios escandalosos”, dijo Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog, en reportes públicos sobre el tema (Consumer Watchdog).

Pero quienes impulsaron la postergación argumentan que aplicar límites drásticos a márgenes en momentos de tensión podría provocar el efecto contrario: que las refinerías abandonen el mercado estatal y agraven la escasez. Debido al proceso regulatorio y a negociaciones con la industria, las reglas quedaron en pausa hasta 2029, con la puerta abierta a que la Comisión revoque el aplazamiento si cambia de parecer.

Un problema estructural: menos refinerías, mercado cautivo

Más allá de debates retóricos, California enfrenta una realidad tangible: pérdida de capacidad de refinación. Datos públicos y análisis académicos señalan que el estado ha perdido cerca del 17% de su capacidad de refinación en los últimos años, lo que reduce la resiliencia ante interrupciones y hace a la región particularmente vulnerable a choques globales (U.S. Energy Information Administration).

Las recientes clausuras —como la del refinería de Los Ángeles de Phillips 66 y el cierre inminente del complejo de Benicia de Valero, que produce aproximadamente 10% de la gasolina del estado— son ejemplos de esa tendencia. Cada pérdida de refino representa un recorte significativo en la oferta local: el llamado “mid-transition” —transición intermedia— plantea que mientras se abandona gradualmente la economía basada en combustibles fósiles, la infraestructura de sustitución (importaciones, terminales, oleoductos inversos) aún no está totalmente madura.

El factor global: la guerra en Irán como detonante

La escalada internacional con Irán elevó el precio del crudo: el benchmark mundial subió más de $25 por barril en las semanas más recientes, un movimiento que suele traducirse en aproximadamente 60 centavos adicionales por galón en el surtidor, según estimaciones de economistas energéticos (UC Berkeley Energy Institute).

“Todo el cambio que hemos visto en las últimas semanas está en línea con el cambio en los precios del crudo, y por tanto no es específico de California”, afirmó Severin Borenstein, economista energético de UC Berkeley, en entrevistas públicas. Sin embargo, precisó que la contracción de capacidad local hace que esos choques se sientan con mayor fuerza en el estado.

Más aún, la preocupación logística no es menor: el Estrecho de Ormuz llegó a transportar antes del conflicto más de 20 millones de barriles diarios, alrededor de una quinta parte del suministro global. Un cierre prolongado podría empujar el crudo por encima de $130–$140 por barril en escenarios extremos, con precios en estaciones californianas acercándose a $7 o incluso más en las piezas más afectadas, advirtió Ryan Cummings, del Stanford Institute for Economic Policymaking (SIEPR).

Deberes pendientes: inventarios, terminales e infraestructura

Ante el inminente cierre de refinerías, los expertos proponen soluciones pragmáticas que no dependen únicamente de sanciones a empresas. Entre las propuestas están:

• Transformar refinerías cerradas en terminales de importación para facilitar la entrada de gasolina desde otros puertos o desde oleoductos reversibles.
• Impulsar proyectos de infraestructura que permitan traer combustibles refinados desde el medio-oeste por oleoductos —una alternativa planteada por grupos de consumidores y académicos—.
• Incrementar requerimientos mínimos de inventario: obligar a reservas tampones que amortigüen picos temporales de demanda.

Un análisis de economistas de Stanford indicó que esas importaciones podrían compensar la pérdida de producción si se facilita la reconversión de refinerías a terminales y se agilizan permisos (Neale Mahoney y Ryan Cummings, análisis público en 2024).

El dilema político: transitar sin desabastecer ni premiar abusos

La decisión de posponer las reglas responde en buena medida al temor de acelerar el éxodo de empresas en el momento en que el estado aún depende de ellas. Funcionarios estatales sostienen que la prioridad inmediata es mantener la confiabilidad del suministro y evitar colas o racionamientos, un escenario que, según los críticos de la regulación directa de márgenes, sería mucho más impopular que tasas altas y temporales.

En contraste, organizaciones de consumidores y ambientalistas reclaman que la postergación deja a los ciudadanos desprotegidos cuando más se necesitan herramientas para corregir prácticas abusivas en medio de la turbulencia global.

¿Qué puede hacer el estado ahora?

Las alternativas no son mutuamente excluyentes. Un camino factible combina medidas de corto plazo para asegurar suministro con políticas de largo plazo para crear resiliencia:

1. Negociar y obligar conversiones necesarias para que las instalaciones que van a cerrar operen como terminales de importación.
2. Agilizar trámites y permisos para infraestructura crítica: oleoductos reversos, terminales y conexiones ferroviarias o marítimas.
3. Implementar requisitos de inventarios mínimos y transparencia en márgenes mientras se estudian reglas más complejas sobre ganancias en periodos de escasez.
4. Fortalecer vigilancia y sanciones específicas por conducta claramente anticompetitiva, con evidencia pública y procesos que reduzcan el riesgo de desalentar inversión responsable.

En suma, California atraviesa una encrucijada típica de una economía en transición: cómo cumplir la promesa de reducir combustibles fósiles sin sacrificar la seguridad del suministro en el presente. La ley de 2023 surgió como un intento audaz de dar a los reguladores un martillo para castigar excesos. Pero en un mercado con menos jugadores, sin alternativas inmediatas y expuesto a choques globales, golpear demasiado fuerte podría romper lo poco que queda en pie.

¿Sigue siendo válida la promesa original?

Si el objetivo final es proteger a consumidores y avanzar hacia un mix energético más limpio, la respuesta no puede ser ni la inacción absoluta ni el apuro regulatorio. Requiere una estrategia equilibrada: mantener instrumentos que disuadan abusos, pero acompañarlos con inversiones públicas y regulación inteligente que faciliten la conversión de infraestructura, aumenten la competencia de suministro y creen redes de importación resilientes. De lo contrario, la norma que iba a “permitir sostener a las petroleras responsables” terminará siendo un titular frustrado: una ley de gran promesa que nunca pudo emplearse cuando más hizo falta.

Fuentes citadas: análisis y reportes públicos de CalMatters, UC Berkeley Energy Institute, Stanford Institute for Economic Policymaking, y U.S. Energy Information Administration.