¿Exigir 'papeles' para votar? Cómo la propuesta SAVE America podría transformar el acceso al sufragio en EE. UU.

Joshua Bogdan votó toda su vida con tranquilidad hasta que, en las elecciones locales de 2025 en Nuevo Hampshire, un funcionario le exigió un pasaporte o un certificado de nacimiento para confirmar su ciudadanía. Bogdan, nacido y criado en Estados Unidos, tuvo que improvisar y buscar en sus pertenencias un documento que rara vez lleva encima para poder ejercer su derecho. Su experiencia no es anecdótica: ilustra el choque entre cambios normativos en materia de votación y la realidad logística de millones de ciudadanos.

¿Qué propone la SAVE America Act?

La Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act, aprobada por la Cámara de Representantes y pendiente en el Senado, combina medidas diversas sobre integridad electoral. Aunque los defensores han enfatizado la parte menos polémica —la exigencia de una identificación con foto para votar—, uno de los elementos con mayores implicaciones es la obligación de aportar documentación que pruebe la ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales.

Según los promotores, la medida pretende impedir el voto de no ciudadanos y reforzar la confianza en el sistema electoral. Para los críticos, sin embargo, la lista de documentos aceptables y las condiciones asociadas podrían crear barreras significativas para votantes válidos y provocar una desincronización logística entre la demanda de documentos y la capacidad administrativa para emitirlos.

Documentos aceptables... con letra pequeña

En la teoría, la lista de pruebas parece amplia: pasaportes vigentes, certificados de nacimiento certificados por el estado o el gobierno tribal, identificaciones militares acompañadas de registros adicionales, entre otros. En la práctica, muchos de esos documentos tienen condiciones que los limitan. Por ejemplo:

• Un pasaporte debe estar vigente; un pasaporte vencido no sirve.
• No todos los permisos de conducir REAL ID indican la ciudadanía. Solo cinco estados —Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington— emiten versiones que explícitamente señalan la nacionalidad del titular.
• Identificaciones militares no son suficientes por sí solas: la ley exige un “registro de servicio” que indique nacimiento en EE. UU., requisito que documentos como el DD214 no cumplen actualmente.

Estas condiciones convierten lo que parece un trámite sencillo en una serie de pasos potencialmente costosos y lentos.

El problema del tiempo y del dinero

Obtener un pasaporte puede demorar entre cuatro y seis semanas, según el Departamento de Estado (sin contar envíos). El costo base para un pasaporte nuevo para adultos es aproximadamente $165, más tarifa por la fotografía y posibles cargos por procesamiento urgente que elevan el precio por encima de los $250. Por su parte, los certificados de nacimiento certificados son, en teoría, más baratos, pero pueden tardar semanas o meses en estados con acumulación de solicitudes.

Un estudio de la Universidad de Maryland en 2025 estimó que 21.3 millones de ciudadanos elegibles para votar no disponen o no tienen fácil acceso a los documentos necesarios para probar su ciudadanía en los términos que propone la SAVE Act. El estudio subraya que esa falta de documentos afecta a votantes de todos los partidos: cerca del 10% de demócratas, 7% de republicanos y 14% de votantes independientes (University of Maryland, 2025).

La combinación de plazos de tramitación, costos y ausencia de un período de adaptación en la ley (la SAVE Act no incluye un mecanismo gradual) podría producir una carrera de última hora para obtener papeles antes de los cierres de registro oficiales.

Lecciones del pasado: el caso de Kansas

Este no sería el primer intento de imponer requisitos de documentación estrictos. Hace aproximadamente una década, Kansas implementó reglas más duras para probar la ciudadanía al registrarse, lo que resultó en decenas de miles de residentes elegibles que no pudieron completar su registro. El revés judicial que siguió subrayó que las medidas administrativas pueden tener consecuencias de exclusión masiva si no están diseñadas con salvaguardas y recursos suficientes.

El precedente enseña algo simple: la intención de evitar el fraude debe equilibrarse con estándares que no impidan el derecho al voto.

¿A quién afecta más?

La exigencia de documentación impacta de forma desproporcionada a ciertos grupos:

• Personas que no poseen pasaporte: solo cerca de la mitad de los adultos en EE. UU. tienen pasaporte vigente (U.S. Department of State).
• Mujeres que cambiaron su apellido por matrimonio: si el certificado de nacimiento no coincide con la identificación actual, la ley exigiría documentación adicional. Un estudio del Pew Research Center en 2023 encontró que alrededor del 80% de las mujeres en matrimonios heterosexuals asumieron el apellido de su esposo, lo que aumenta la probabilidad de discrepancias documentales.
• Personas en zonas rurales y de bajos ingresos: el acceso físico a oficinas de registros, bibliotecas o lugares de tramitación puede ser limitado; además, los costos indirectos (transporte, tiempo de trabajo perdido) aumentan la barrera.
• Comunidades de color y ancianos, que estadísticamente tienden a tener menos documentos fácilmente accesibles.

Rebekah Caruthers, directora ejecutiva del Fair Elections Center, advirtió que la ley podría mover a Estados Unidos “en la dirección opuesta” a la democracia representativa y que “denegaría a millones de estadounidenses su libertad fundamental de votar” si se aprueba en los términos actuales.

Capacidad administrativa: ¿están los estados listos?

Implementar la SAVE Act requiere que oficinas estatales y locales ajusten procedimientos, formen al personal y comuniquen ampliamente los nuevos requisitos. Sin embargo, la propuesta no asigna fondos federales para apoyar esa transición. El resultado probable es una mezcla de caos y arbitrariedad: algunos condados más preparados deberán absorber la carga sin recursos adicionales, mientras que otros experimentarán retrasos y negativa de registro por error o desconocimiento.

El caso de Joshua Bogdan resalta un punto concreto: las prácticas de quienes atienden los centros de votación varían. En New Hampshire, la normativa estatal permitía que votantes previamente registrados en otra localidad no mostraran pruebas si los funcionarios confirmaban su historial. En la práctica, el personal del puesto de votación no siempre conoce o aplica esa excepción, lo que genera situaciones de intimidación e incertidumbre para los electores.

Fraude electoral: ¿qué tan extendido es el problema?

Los defensores de medidas como la SAVE Act señalan que evitar el voto de no ciudadanos es una necesidad obvia. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que el voto de no ciudadanos en elecciones federales es extremadamente raro. Estudios y revisiones independientes han documentado incidentes aislados, pero no un problema sistémico que justifique medidas de exclusión masiva o costos administrativos altos.

Además, muchas de las salvaguardas propuestas (por ejemplo, identificar la ciudadanía en licencias REAL ID) no son uniformes entre estados, lo que añade complejidad para los votantes que se mudan entre jurisdicciones.

Posibles soluciones menos excluyentes

Si el objetivo es robustecer la confianza pública sin negar derechos, hay alternativas y mitigaciones que pueden reducir el riesgo de exclusión:

1. Fase de implementación: dar un período de gracia para que oficinas estatales y votantes se adapten y obtengan documentación.
2. Financiamiento federal: destinar fondos para la expedición rápida de documentos (pasaportes, certificados) en plazos críticos y para campañas informativas masivas.
3. Listas alternativas de verificación: permitir comprobantes complementarios con verificación administrativa (por ejemplo, acceso a bases de datos oficiales que confirmen nacimiento o naturalización).
4. Protecciones para quienes cambian de nombre: procedimientos simplificados para mujeres cuyos documentos no coinciden tras matrimonio u otros cambios de nombre.
5. Formación y protocolos claros para el personal de mesas electorales: evitar que la incertidumbre de funcionarios derive en denegaciones arbitrarias del derecho al voto.

La política detrás de la política

Detrás del debate técnico hay un conflicto político claro: quién define qué es “integridad electoral” y a qué costo. Los cambios propuestos por la SAVE Act coinciden con una agenda republicana que busca enfatizar controles más estrictos, mientras que los demócratas y grupos pro-derechos civiles advierten sobre efectos de supresión.

Si la legislación se aprueba tal como está y entra en vigor de forma inmediata, es probable que la próxima contienda electoral sea el primer gran test. Miles o quizá millones de votantes podrían verse forzados a buscar documentos con plazos ajustados, enfrentando demoras y costos. El resultado pondrá a prueba no solo la aplicabilidad técnica de la ley, sino la resiliencia de una democracia que debe equilibrar seguridad y acceso.

En palabras de Bogdan, la experiencia fue una lección práctica: “Los jóvenes no llevan su certificado de nacimiento ni la tarjeta del Seguro Social encima porque no los usan. Si ahora exigen eso para votar, muchos se quedarán fuera.” Esa imagen resume el corazón del debate: una democracia que pretende ser protegida no puede convertirse en una que excluye por trámites.

Fuentes citadas: University of Maryland (estudio 2025 sobre acceso a documentos), U.S. Department of State (estadísticas sobre tenencia de pasaportes), Pew Research Center (encuesta 2023 sobre cambio de apellido por matrimonio), declaraciones públicas de Rebekah Caruthers (Fair Elections Center).