Muro, dron y política: la apuesta de José Antonio Kast para contener la migración en el norte de Chile
Entre ditches, vallas y fuerzas armadas: cómo se articula el denominado “Escudo Fronterizo” y qué implica para Chile y la región
Menos de una semana después de asumir la presidencia, José Antonio Kast puso en marcha su promesa electoral más visible: un plan para levantar un dispositivo físico y operativo en la frontera norte de Chile destinado a frenar la migración irregular, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Desde Chacalluta, punto fronterizo con Perú y símbolo de los flujos migratorios hacia el norte del país, Kast aseguró que el llamado “Escudo Fronterizo” no admite dilaciones: zanjas, vallas, drones y patrullajes militares se combinarán para intentar contener movimientos que, en su diagnóstico, han transformado el paisaje de la seguridad pública en Chile.
El proyecto en los hechos: ¿qué se está construyendo?
En términos prácticos el inicio fue modesto: una excavadora trazando una zanja en el desierto. Pero el mensaje político fue contundente. El plan contempla varias capas:
- Obras físicas: zanjas y vallas en tramos críticos de la frontera norte.
- Capacidades tecnológicas: vigilancia con drones y sistemas de detección.
- Presencia ampliada de fuerzas de orden: mayor despliegue militar y policial en la línea fronteriza.
- Medidas administrativas: uso de poderes de excepción y decretos para acelerar deportaciones y expulsiones.
Según palabras del propio presidente, “hemos tomado decisiones claras y concretas para cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado”. Estas declaraciones se realizaron en Chacalluta durante el lanzamiento público del plan.
El contexto cuantitativo y social
En los últimos años Chile ha experimentado un aumento notable en su población extranjera. Diversas estimaciones señalan que la población extranjera residente se duplicó entre 2017 y 2024, y que cientos de miles de personas viven en el país sin la documentación regularizada. En este escenario, migrantes venezolanos han sido una mayoría visible en las rutas recientes, aunque los flujos incorporan personas de varios orígenes.
La llegada sostenida de migrantes se ha cruzado con un aumento de episodios de violencia y delitos asociados por grupos criminales transnacionales que, según autoridades y comunicadores locales, han colaborado con organizaciones locales para cometer delitos como robos, secuestros y homicidios. Aunque Chile mantiene tasas de homicidio más bajas que muchos países de la región, la percepción de inseguridad ha crecido y ha sido capitalizada políticamente por fuerzas conservadoras.
¿Efectividad o teatralidad?
Es importante distinguir el componente simbólico del plan de su efectividad práctica. Construir zanjas y vallas tiene un impacto inmediato en tramos específicos, pero la historia regional y la literatura sobre control fronterizo muestran que tales medidas suelen desplazar las rutas migratorias o aumentar los costos y riesgos para quienes intentan cruzar, sin resolver las causas profundas de la migración.
Estudios sobre políticas fronterizas en América Latina y otras regiones indican que el reforzamiento físico de fronteras suele ir acompañado por: 1) incremento de rutas más peligrosas y profesionales para el tráfico de personas; 2) encarecimiento del costo para quienes contratan redes de facilitación; y 3) mayor presión sobre servicios humanitarios al interior del país. En otras palabras, la infraestructura por sí sola rara vez es la solución integral.
Implicaciones legales y derechos humanos
El uso de poderes de excepción y decretos para acelerar expulsiones plantea preguntas jurídicas relevantes. Derechos fundamentales, el debido proceso y los estándares internacionales sobre protección de refugiados obligan a los Estados a evaluar individualmente las solicitudes de protección internacional y a no deportar a personas a países donde puedan sufrir persecución.
Organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han advertido históricamente sobre los riesgos de respuestas securitarias que no incorporan mecanismos de protección humanitaria: al priorizar expulsiones sumarias, se pueden vulnerar derechos de niños, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata. Una política coherente requiere capacidad para identificar casos de protección, procedimientos administrativos ágiles pero garantistas, y coordinación con agencias humanitarias.
El entorno regional: efectos en Perú, Bolivia y Argentina
Las fronteras en Sudamérica son porosas y la gestión de flujos exige cooperación. Un endurecimiento unilateral —con zanjas, vallas y mayor militarización— puede generar tensiones diplomáticas con países vecinos y empujar rutas alternas a través de pasos no preparados, aumentando riesgos para migrantes y voluntarios. Además, el enfoque punitivo puede derivar en represalias políticas o comerciales si los países vecinos perciben medidas desproporcionadas.
La experiencia regional muestra que las soluciones duraderas suelen combinar: acuerdos binacionales para intercambio de información, programas conjuntos de control y desarrollo local en zonas fronterizas, y vías regulares de migración laboral que reconozcan las necesidades del mercado y reduzcan la demanda de pasos irregulares.
Seguridad versus política: ¿quién gana y quién pierde?
La apuesta de Kast tiene un claro efecto político: ofrece a amplios sectores de votantes una sensación de control y respuesta rápida ante la percepción de crisis. En sociedades donde la inseguridad percibida pesa en la agenda pública, medidas visibles —aunque sean parciales— tienden a resultar políticamente rentables.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico y de gobernanza, ganar la batalla de la percepción no siempre equivale a resolver los problemas. Para que la política sea sostenible necesita recursos para la integración, controles efectivos no arbitrarios, transparencia en la fiscalización y evaluaciones sobre impacto social y económico.
Alternativas y recomendaciones para una estrategia más integral
- Desarrollar canales regulares y predecibles de migración laboral que respondan a la demanda del mercado chileno, mitigando la necesidad de pasos irregulares.
- Fortalecer los procedimientos de asilo y protección internacional con recursos humanos y tecnológicos para resolver solicitudes con celeridad y respeto a garantías básicas.
- Invertir en desarrollo fronterizo: empleo, salud y educación en ciudades y comunas limítrofes para reducir la vulnerabilidad local y las economías informales que facilitan el crimen.
- Coordinar con países vecinos estrategias conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo intercambio de inteligencia y esfuerzos judiciales transnacionales.
- Incorporar a la sociedad civil en mecanismos de monitoreo de derechos humanos para evitar abusos y garantizar transparencia en operativos.
Estas medidas complementarias son costosas y requieren tiempo político y fiscal, pero aumentan la probabilidad de resultados sostenibles. La experiencia comparada en América Latina sugiere que las políticas mixtas —control más gestión y protección— tienden a ser más efectivas y menos conflictivas en el mediano plazo.
Reflexión final: qué está en juego
En la encrucijada entre seguridad y derechos, Chile enfrenta una decisión que resonará más allá de su frontera norte. La construcción de zanjas y la patrulla con drones son respuestas visibles que satisfacen demandas inmediatas, pero la política migratoria eficaz debe mirar también al mercado laboral, a la protección internacional y a la cooperación regional. El desafío es que una crisis percibida no se convierta en una política de corto plazo que deje sin resolver las condiciones que generan la migración irregular y que, al mismo tiempo, comprometa los estándares democráticos y los derechos humanos que Chile ha sostenido desde la recuperación de la democracia a inicios de los años noventa.
“Queremos implementar esto sin demora”, dijo Kast en el lanzamiento. La pregunta que queda es cuánto tiempo tardará el Gobierno en acompañar la fuerza y la infraestructura con políticas públicas que atiendan las causas y las consecuencias sociales de un fenómeno que atraviesa a toda la región.
