PFAS en Wisconsin y más allá: el largo capítulo de los “químicos para siempre” que exige soluciones reales

Los PFAS —per- y polyfluoroalkyl substances— han pasado de ser una preocupación técnica de laboratorio a una crisis pública que afecta comunidades, agricultura y recursos hídricos. El reciente avance legislativo en Wisconsin, que envió al gobernador Tony Evers un paquete de 133 millones de dólares para combatir la contaminación por PFAS, es una señal de que las soluciones empiezan a encontrar forma. Pero ese paso local no elimina la necesidad de marcos regulatorios más amplios, mayor investigación y compensaciones para las comunidades afectadas.

Qué son los PFAS y por qué preocupan

Los PFAS son una familia de compuestos sintéticos utilizados por décadas en productos que van desde utensilios de cocina antiadherentes hasta textiles, espumas antiincendios y recubrimientos industriales. Su característica química —una cadena de átomos de carbono fuertemente enlazados a flúor— les otorga estabilidad extrema. Esa estabilidad significa que no se degradan con facilidad en el ambiente; por eso se les suele llamar “químicos para siempre”.

Las autoridades sanitarias han vinculado la exposición a ciertos PFAS con efectos adversos para la salud, que incluyen cáncer, daño hepático, disminución del peso al nacer, alteraciones en el sistema inmunológico y, según estudios, una reducción en la eficacia de algunas vacunas. La persistencia ambiental y la bioacumulación en cadenas tróficas agravan el problema: los PFAS pueden entrar en acuíferos, suelos y alimentos.

El caso de Wisconsin: avances y tensiones políticas

Wisconsin ha sido una de las jurisdicciones más visibles en Estados Unidos por los brotes locales de contaminación. Comunidades como Marinette, Madison, Peshtigo, Wausau y las localidades de Stella y Campbell en French Island han reportado niveles problemáticos en aguas subterráneas y pozos privados. Incluso Green Bay ha mostrado contaminación en sus aguas. En Stella, por ejemplo, se documentó contaminación severa de pozos privados por fertilizantes contaminados con PFAS.

Tras años de desacuerdo entre el gobernador Demócrata Tony Evers y la legislatura Republicana, ambas partes acordaron cómo gastar un fondo creado en 2023 para combatir PFAS. Ese fondo, inicialmente dotado con 125 millones de dólares, llegó a 133.4 millones por acumulación de intereses y ahora está destinado a subvenciones comunitarias, reemplazo de pozos privados, remediación de propiedades industriales y apoyo a aeropuertos y cuerpos de bomberos que lidiaron con espumas antiincendio que contenían PFAS.

Una pieza delicada en la negociación fue la protección de ciertos actores frente a responsabilidades: una propuesta eximía a quienes actuaron conforme a permisos que no consideraban PFAS, a propietarios cuyos terrenos se contaminaron por acción del titular de un permiso y a entidades que no causaron la contaminación, como algunos departamentos de bomberos. Al mismo tiempo, la legislación hacía responsables a empresas que tuvieron o usan PFAS en sus operaciones.

El gobernador Evers, quien había vetado una versión anterior por temor a que limitara la capacidad de responsabilizar a los contaminadores, declaró que firmaría la nueva ley, mientras líderes estatales destacaron la importancia del paso. La aprobación legislativa, incluida la creación de plazas en el Departamento de Recursos Naturales para administrar los fondos, representa un avance práctico. Sin embargo, persisten preguntas sobre si el monto y las medidas son suficientes para la magnitud del problema y si las exenciones debilitan la rendición de cuentas.

Una crisis más amplia: lo que dicen las cifras

No es solo Wisconsin. Estudios y estimaciones federales han mostrado una presencia extendida de PFAS en EE. UU. Un análisis del gobierno sugiere que hasta la mitad de los hogares estadounidenses podrían tener alguna detección de PFAS en su agua potable, ya sea en sistemas públicos o pozos privados. Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), se ha detectado PFAS en fuentes de agua potable en miles de comunidades y más de 40 millones de personas dependen de pozos privados que no están cubiertos por las normas que rigen los sistemas públicos de agua (fuente: EPA, “PFAS and Your Drinking Water”, epa.gov).

Las estimaciones sobre costos de remediación varían enormemente. Un informe de la organización Environmental Working Group (EWG) estimó que la limpieza de PFAS a escala nacional podría costar cientos de miles de millones de dólares si se pretende erradicarlos de acuíferos, suelos contaminados y cadenas alimentarias. Estas cifras subrayan por qué los fondos estatales, aunque valiosos, suelen parecer insuficientes sin un plan federal coordinado.

Impacto en comunidades rurales y pozos privados

Un problema crítico es que las regulaciones federales sobre límites de PFAS en agua potable aplican mayormente a utilidades públicas; millones de habitantes que usan pozos privados quedan fuera de ese paraguas regulatorio. En Wisconsin, como en otras zonas rurales, muchas familias dependen de pozos y han enfrentado costos personales altos para sustituir o tratar el agua. Los programas estatales que ofrecen pruebas gratuitas, subvenciones para reemplazo de pozos y asistencia técnica resultan esenciales; no obstante, los recursos son limitados y la detección masiva sigue siendo un desafío logístico y financiero.

Responsabilidad, remediación y prevención

La discusión sobre quién debe pagar la limpieza es compleja y políticamente cargada. Por un lado, las empresas que fabricaron o utilizaron PFAS argumentan en ocasiones que actuaron conforme a regulaciones de su tiempo. Por otro lado, activistas y afectados sostienen que la responsabilidad histórica y la capacidad financiera de grandes corporaciones justifican que éstas sufraguen la mayoría de los costos de remediación.

En términos técnicos, la remediación de PFAS incluye opciones como extracción de agua contaminada y tratamiento mediante carbón activado, resinas de intercambio iónico y tecnologías emergentes (como la destrucción térmica o procesos electroquímicos). Sin embargo, estos procesos pueden ser costosos y, en muchos casos, sólo trasladan el contaminante a un nuevo medio si no se destruye completamente.

La necesidad de políticas nacionales y cooperación

Si bien acciones estatales como la de Wisconsin son esenciales y sirven de modelo, la escala del problema exige respuestas coordinadas a nivel federal e internacional. Recomendaciones que suelen surgir entre expertos y legisladores incluyen:

• Establecer límites federales obligatorios y uniformes para PFAS en el agua potable que incluyan monitoreo obligatorio y transparencia pública.
• Crear fondos federales para apoyar a propietarios de pozos privados y a comunidades pequeñas en pruebas, tratamiento y reemplazo de fuentes de agua.
• Implementar regulaciones sobre el uso y eliminación de PFAS, incluyendo prohibiciones progresivas y controles estrictos en aplicaciones no esenciales.
• Promover investigación para desarrollar tecnologías de destrucción de PFAS escalables y menos costosas.
• Fortalecer mecanismos legales que permitan que las personas afectadas y los gobiernos locales demanden y recuperen costos de limpieza de los responsables.

Voces desde la ciencia y la comunidad

Expertos en salud pública y medio ambiente han sido claros: la prevención es crucial, y la regulación basada en la evidencia es indispensable. La EPA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han publicado guías y alertas, y varias organizaciones científicas han pedido límites más estrictos y medidas para proteger especialmente a niños y mujeres embarazadas, grupos vulnerables a ciertos efectos de los PFAS.

En palabras de una afectada en Stella, Wisconsin (testimonio público recogido por medios locales): "No tenía forma de saber que el fertilizante que usamos pondría en riesgo el agua de mi familia. Ahora pagar un pozo nuevo es la única salida viable, pero no es justo que seamos nosotros quienes paguemos por la contaminación."

Mirando hacia delante: lo que conviene vigilar

La ley aprobada en Wisconsin ofrece un ejemplo de cómo comprometer recursos y combinar remediación con medidas administrativas. Sin embargo, varios elementos conviene vigilar en los próximos meses y años:

1. Cómo se implementan las exenciones de responsabilidad y si estas limitan la capacidad del estado para reclamar costos a contaminadores.
2. Si los fondos estatales se traducen en programas de detección masiva y en apoyo tangible para familias con pozos contaminados.
3. El desarrollo de tecnología de destrucción de PFAS y su adopción a escala industrial.
4. La evolución de la normativa federal: si se adoptan límites uniformes y mecanismos de financiamiento a gran escala.

La protección del agua potable y la salud pública requiere una mezcla de ciencia rigurosa, voluntad política y justicia ambiental. La acción de Wisconsin es una pieza importante del rompecabezas, pero la magnitud del problema de los PFAS demanda cooperación intergubernamental, responsabilidad empresarial y, sobre todo, recursos sostenidos para garantizar que el agua —un bien común esencial— deje de ser víctima de químicos que no deberían persistir en la naturaleza.

Fuentes consultadas: EPA (Environmental Protection Agency), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), informes estatales de Wisconsin y publicaciones de grupos ambientales sobre PFAS.