Cuando la fe exige seguridad: el impulso por fondos estatales para proteger a las comunidades religiosas en Maine

En los últimos años, muchas comunidades religiosas en Maine han tenido que replantear no solo cómo celebran sus rituales y encuentros, sino cómo se protegen frente a amenazas cada vez más frecuentes y variadas. Lo que comenzó como una respuesta local en templos y mezquitas terminó convirtiéndose en un esfuerzo multifaith por conseguir un respaldo económico estatal que complemente —o asegure frente a la incertidumbre— la financiación federal destinada a mejorar la seguridad de organizaciones sin ánimo de lucro.

Un contexto que cambió para siempre

El aumento de los ataques antisemítas y otros delitos de odio en Estados Unidos no es un fenómeno aislado ni reciente. Según los datos del FBI, los incidentes de crímenes motivados por prejuicio religioso han mostrado una tendencia al alza en años recientes: por ejemplo, los delitos motivados por antisemitismo pasaron de 1,227 en 2022 a más de 2,000 en 2023, un salto cercano al 60% (FBI, 2023). La cifra muestra la intensidad de una crisis que obliga a congregaciones de todos los tamaños a invertir en seguridad o a reducir drásticamente sus actividades públicas por temor a ser blanco de violencia.

Para muchas organizaciones religiosas, la primera línea de respuesta ha incluido mejoras físicas: sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, iluminación perimetral, bolardos de hormigón para impedir ataques con vehículos y, en algunos casos, vidrios resistentes a impactos. Esas medidas, sin embargo, tienen un costo elevado. De hecho, un estudio de las federaciones judías de Norteamérica calcula que, en promedio, las organizaciones judías dedican alrededor del 14% de su presupuesto a seguridad, lo que en conjunto supera los $765 millones anuales a nivel nacional (Jewish Federations of North America).

En Maine, congregaciones como Temple Shalom en Auburn han tomado ese camino: instalación de cámaras, bolardos, vidrios resistentes y un renovado sistema de control de accesos. Pero la realidad de muchos recintos es que dependen de subvenciones federales como el Nonprofit Security Grant Program (NSGP), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para sufragar gran parte de estas mejoras. Cuando esos fondos se demoran o disminuyen, las organizaciones quedan expuestas y con decisiones dolorosas por delante.

La incertidumbre federal y la reacción local

Scott Nussinow, presidente del comité de seguridad de Temple Shalom, describe la experiencia con el programa federal como “una pesadilla” durante la administración previa, debido a retrasos de cuatro a seis meses en la entrega de fondos y falta de comunicación oficial. “Nos forzó a un rincón”, dijo Nussinow, recordando que los pagos estuvieron pendientes por 120 hasta 180 días sin respuestas claras. Esa situación catalizó la búsqueda de alternativas a nivel estatal.

La propuesta que hoy mueve a muchos líderes religiosos en Maine consiste en crear un fondo estatal de seguridad para organizaciones sin ánimo de lucro, con una asignación inicial propuesta de $1.5 millones. El representante demócrata Michael Brennan, impulsor del proyecto, citó el miedo palpable en distintas comunidades religiosas: personas que evitan eventos por temor a ataques o delitos de odio. Brennan también señaló la preocupación por la continuidad de la financiación federal, cuyo monto anual puede variar, aunque un proyecto de asignaciones pendientes ante el Congreso proponía elevar los recursos del NSGP a $300 millones para el año fiscal en cuestión.

Un modelo con antecedentes y límites

El programa federal que inspira la iniciativa estatal surgió tras los ataques del 11 de septiembre y se formalizó en 2004 para apoyar a organizaciones consideradas “de alto riesgo” frente a amenazas terroristas o extremistas. No obstante, el NSGP no cubre todos los rubros que las comunidades necesitan proteger y pone condiciones específicas en la contratación de personal de seguridad; por ejemplo, las limitaciones en la financiación de agentes públicos o en la contratación de personal policial fuera del horario laboral han llevado a muchas congregaciones a optar por seguridad privada contratada, con un costo recurrente elevado y, a menudo, con menor capacidad de disuasión que vehículos oficiales marcados.

La propuesta estatal en Maine buscaría, entre otras cosas, ofrecer mayor flexibilidad para financiar oficiales de policía fuera de servicio, un mecanismo que varios líderes comunitarios consideran más disuasorio. Si se aprueba la iniciativa —que ya tuvo un avance al salir de la Comisión de Justicia del estado—, Maine se uniría a al menos 18 estados que ya han creado sus propios programas estatales para complementar la financiación federal, incluyendo vecinos como Massachusetts y Connecticut.

Impacto multisectorial: no solo comunidades judías

Aunque las entidades judías han sido de las principales beneficiarias del NSGP en Maine —recibiendo más de un tercio de los fondos administrados por la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias desde 2020—, otras confesiones han requerido apoyo similar. La diócesis católica de Portland recibió más de $500,000 y ha apuntado a inversiones en iluminación exterior, sistemas de acceso seguros y protocolos de respuesta; mezquitas en Portland han recibido cerca de $750,000 desde 2020; y en Bangor, Crosspoint Church y afiliados han obtenido más de $1 millón para modernizar puertas, cámaras y sistemas de bloqueo automático.

La diversidad religiosa en Maine también ha mostrado desafíos específicos: el templo Khmer Watt Samaki en Buxton, por ejemplo, enfrenta problemas derivados de la historia traumática de su comunidad —huida del Khmer Rouge en los años setenta— y episodios de discriminación local. Savy Kuch, secretaria de la junta del templo, destacó que las prioridades no son solo materiales sino también simbólicas: “Nos encantaría mejorar nuestro sistema de seguridad y encontrar maneras de proteger mejor nuestras instalaciones”, dijo Kuch, quien además subrayó que el debate legislativo acercó a distintos credos en torno a una preocupación común.

Más allá de las cámaras: personal, entrenamiento y comunidad

Los líderes religiosos insisten en que la seguridad no se reduce a instalar tecnología. La prevención y la respuesta requieren inversión continua en personal, formación en protocolos de emergencia, simulacros y coordinación con las fuerzas de seguridad locales. Zach Schwartz, director del Jewish Community Relations Council en Portland, sintetiza la encrucijada: “La elección es básicamente cerrar nuestras puertas y dejar de reunirnos, o encontrar los fondos para pagar guardias de seguridad”.

Además, el apoyo estatal que se discute podría destinarse a capacitación en manejo de multitudes, sistemas de comunicación de crisis, contratación de personal capacitado y campañas de concienciación para fortalecer la resiliencia comunitaria. Estos componentes son tan importantes como las mejoras físicas, porque determinan la capacidad de una organización para reaccionar con rapidez y minimizar daños en caso de un incidente.

La seguridad como bien público

El debate en Maine expone una cuestión ética y práctica: ¿hasta qué punto la seguridad de las congregaciones es un asunto privado que deben costear las propias comunidades y donantes, y en qué medida es un bien público que el Estado debe proteger? Quienes apoyan la iniciativa estatal argumentan que la libertad de culto y el derecho a reunirse sin temor son pilares de la cohesión social; garantizar esos derechos mediante fondos públicos es, desde su perspectiva, una inversión en la paz social y la prevención de delitos graves.

Por su parte, grupos que temen un aumento del gasto público o dificultades administrativas plantean preguntas sobre cómo se distribuirían los fondos, qué criterios de prioridad se aplicarían y cómo evitar duplicidades con la financiación federal. Esas son discusiones legítimas y necesarias para diseñar un programa eficaz, transparente y equitativo.

Mirando hacia adelante

En el corto plazo, la discusión legislativa en Maine determinará si el estado da un paso formal para cofinanciar la seguridad de organizaciones religiosas y sin fines de lucro. Más allá de votos y cifras, sin embargo, existe una transformación en la forma en que las comunidades conciben su vida colectiva: los líderes religiosos ahora deben combinar pastoral, organización comunitaria y gestión de riesgos. Para muchos fieles, la consecuencia cotidiana es vivir con mayor vigilancia al reunirse, y para voluntarios como Scott Nussinow, significa pasar de la oración a la planificación de contingencias.

Lo que está en juego no es solo la integridad de edificios o la protección de bienes. Está en juego la capacidad de congregaciones de diversas religiones de seguir reuniéndose, celebrando eventos y ofreciendo servicios comunitarios sin el peso constante del miedo. Si la iniciativa estatal prospera, Maine podría convertirse en un ejemplo de cómo los gobiernos regionales complementan esfuerzos federales para sostener el derecho fundamental a la libertad religiosa en tiempos de polarización y riesgo creciente.

Mientras tanto, las comunidades continúan adaptándose: reforzando entradas, entrenando a voluntarios, explorando acuerdos con policías locales para servicios fuera de horario y, sobre todo, fortaleciendo la solidaridad entre credos. Esa alianza multifaith tal vez sea la contribución más relevante a la seguridad a largo plazo: no solo cámaras y bolardos, sino redes de apoyo que detecten amenazas, compartan información y demuestren que la defensa de la libertad de culto es un objetivo común en pluralidad.