Tensión en las favelas de Río: entre operaciones policiales y la persistente espiral de violencia
La reciente incursión contra el Comando Vermelho reaviva el debate sobre seguridad, derechos humanos y el papel del Estado en las comunidades informales
Una operación policial de gran escala en varias favelas de Río de Janeiro volvió a poner sobre la mesa preguntas incómodas y ya recurrentes: ¿cómo combatir con eficacia a organizaciones criminales poderosas sin provocar una espiral de violencia que afecte a la población civil?, ¿qué papel deben jugar la inteligencia y la presencia militarizada en barriadas con pocos servicios estatales?, y ¿cómo equilibrar la exigencia de seguridad con el respeto a los derechos humanos?
Lo ocurrido y sus consecuencias inmediatas
En una intervención que involucró centenares de efectivos, las fuerzas de seguridad irrumpieron en comunidades céntricas de Río con el objetivo de neutralizar a presuntos líderes y membresías del llamado Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y con mayor influencia en la ciudad. Las autoridades reportaron la muerte de al menos siete personas consideradas presuntos narcotraficantes, entre ellas un cabecilla identificado por la policía. Además, hubo víctimas civiles que quedaron en medio del fuego cruzado.
Según la versión oficial, la operación se basó en inteligencia previa que permitió localizar a objetivos clave. Tras la acción, la respuesta en la calle incluyó incendios de buses y bloqueos de vías en la zona central por parte de grupos que las autoridades denominaron “criminales”, hechos que terminaron con detenciones y nuevos episodios de tensión.
Un problema histórico: el Comando Vermelho y la territorialidad en Río
El Comando Vermelho (CV) nació en las prisiones cariocas en la década de 1970 y, con el tiempo, se transformó en una estructura compleja, vinculada al tráfico de drogas, la extorsión, el control territorial y, en momentos, a disputas violentas con organizaciones rivales como el Primeiro Comando da Capital (PCC), originario de Sao Paulo. La expansión del CV se ha nutrido tanto de condiciones socioeconómicas locales —pobreza, desempleo, falta de servicios— como de la debilidad de presencia estatal permanente en muchas favelas.
La territorialidad que ejercen estos grupos no es sólo delictiva: implica control social y formas de gobernanza informal. En ese sentido, cualquier operación policial que no contemple sustitutos de esa presencia (servicios, políticas sociales, control judicial) tiende a dejar un vacío que puede ser ocupado nuevamente por estructuras criminales.
El costo humano y el debate sobre protocolos policiales
Las incursiones de alto impacto suelen generar dos tipos de críticas: las que apuntan a la ineficacia a largo plazo de las tácticas represivas y las que señalan vulneraciones de derechos humanos. ONG, organismos internacionales y vecinos han denunciado en múltiples ocasiones el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad en Brasil, particularmente en Río. Estudios y reportes han alertado que las muertes por intervención policial aumentaron en varios momentos en la última década, lo que alimenta desconfianza entre comunidades ya traumatizadas por la violencia.
Desde la óptica operativa, las autoridades sostienen que las acciones son necesarias para desarticular redes que controlan territorios y trafican armas y drogas. La recuperación temporal del control de calles y la incautación de armamento son presentadas como ganancias tácticas. Pero el desafío es transformar esas ganancias en seguridad sostenida: detenciones que deriven en condenas efectivas, programas de prevención y políticas que reduzcan la dependencia local del narcotráfico.
Impacto en la población civil: miedo, desplazamiento y desconfianza
La población que habita las favelas suele pagar el precio más alto. Reportes de organismos independientes señalan que en muchos episodios de violencia las familias pierden bienes, ven interrumpidas sus actividades laborales y educativas, y enfrentan riesgo real para su integridad física. Además, la percepción de impunidad o de arbitrariedad refuerza la distancia entre vecinos y autoridades.
Un chofer de bus atrapado en la protesta comentó a medios locales que “todo pasó muy rápido” y que la inseguridad es cotidiana en la ciudad, reflejando la sensación de vulnerabilidad compartida por muchos residentes urbanos. Las acciones colectivas de protesta —quema de vehículos, bloqueos— también muestran la capacidad de respuesta de grupos organizados a amenazas contra sus intereses territoriales.
Datos que contextualizan: violencia y homicidios en Brasil y Río
Brasil ha registrado históricamente una tasa elevada de homicidios en comparación con la mayoría de países de la OCDE y la Unión Europea. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el país tuvo una tasa de homicidios por encima de 20 por cada 100.000 habitantes en los últimos años (UNODC, 2021). Aunque las cifras han mostrado fluctuaciones, la violencia letal sigue siendo un reto persistente.
En Río de Janeiro, episodios masivos como los operativos de 2021 y 2022 dejaron un saldo significante de muertos y generaron cuestionamientos públicos. Por ejemplo, una operación en Penha y Complexo do Alemão llegó a ser la más mortífera en la historia reciente de la ciudad, con más de un centenar de fallecidos, lo que desató protestas y demandas de investigación por posibles excesos policiales.
La narrativa política: “narco-terrorismo” y la escalada retórica
La definición y la retórica empleada por autoridades influyen en las políticas públicas. Algunos gobernantes y sectores de seguridad hablan de “narco-terrorismo” para describir a organizaciones criminales que usan violencia extrema y control social, lo que legitima, en la opinión de sus defensores, respuestas más duras. Sin embargo, esta clasificación también corre el riesgo de militarizar aún más la respuesta y de reducir la posibilidad de soluciones integrales que incluyan justicia, prevención y desarrollo social.
El debate se vuelve aún más complejo si se considera la posibilidad —informada en reportes periodísticos locales— de que grupos como el Comando Vermelho y el PCC sean observados por gobiernos extranjeros para una eventual categorización más severa, algo que abriría nuevas implicancias diplomáticas y legales.
Qué ha funcionado y qué no: lecciones comparadas
Experiencias en América Latina muestran que las estrategias exitosas no se limitan a la represión. Ciudades que han logrado reducciones sostenidas de homicidios y violencia combinan:
- Operaciones policiales con control judicial y rendición de cuentas.
- Programas de prevención social a escala local (educación, empleo, vivienda).
- Políticas de reducción de armas y control fronterizo de tráfico ilícito.
- Iniciativas comunitarias de mediación y reconciliación.
El desafío para Río pasa por integrar estas dimensiones: no basta con desarticular estructuras; es necesario ofrecer alternativas sostenibles a comunidades que, por años, han vivido a la sombra de actores violentos.
Recomendaciones para una estrategia más integral
- Fortalecer la inteligencia judicial: que las operaciones se traduzcan en procesos penales con pruebas sólidas y condenas efectivas, evitando que los líderes reaparezcan o que vacíos de poder deriven en nuevas luchas.
- Presencia estatal positiva y sostenida: garantizar servicios públicos, infraestructura y oportunidades económicas que reduzcan la legitimidad del control criminal.
- Rendición de cuentas y formación policial: protocolos claros de uso de la fuerza, supervisión independiente y formación en derechos humanos para disminuir víctimas civiles.
- Diálogo comunitario: políticas que incorporen a líderes comunitarios, organizaciones sociales y víctimas en el diseño de medidas de seguridad y reparación.
Mirando hacia adelante
Las operaciones policiales seguirán siendo una herramienta en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, si el propósito es realmente la pacificación y la seguridad ciudadana a largo plazo, el Estado debe combinar el rigor operativo con políticas públicas que atiendan las causas profundas de la violencia. Sin ese equilibrio, Río de Janeiro corre el riesgo de repetir ciclos: intervenciones intensas que generan impactos temporales, seguidas por reacomodos criminales y nuevos episodios de violencia.
En última instancia, la seguridad en las favelas depende tanto de la capacidad del Estado para desarticular estructuras delictivas como de su voluntad política para invertir en justicia social, educación y oportunidades. Sólo así podrá transformarse la lógica de control territorial y ofrecérsele a la población una alternativa real al miedo y la exclusión.
