La batalla legal por el hallazgo de peligro: 24 estados demandan a la EPA tras la revocación de la base científica para regular gases de efecto invernadero

El reciente golpe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a una de las piedras angulares de la política climática de Estados Unidos ha desatado una respuesta legal coordinada entre estados y ciudades que podría llegar nuevamente al Tribunal Supremo. La revocación del denominado “endangerment finding” de 2009 —la determinación de que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI) constituyen una amenaza para la salud pública y el bienestar— elimina la justificación legal que sustentó décadas de regulaciones bajo la Ley de Aire Limpio. Ante esto, 24 estados, diez ciudades y cinco condados presentaron una demanda en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia para impugnar la decisión de la EPA.

Qué es el “endangerment finding” y por qué importa

El endangerment finding de 2009 fue el resultado de un proceso científico y administrativo que concluyó que las emisiones de GEI, incluida la mayor fuente, el dióxido de carbono (CO2), representan un peligro para la salud humana y el ambiente. Esa determinación fue la base jurídica que permitió al gobierno federal establecer estándares de emisiones para automóviles, centrales eléctricas y otras fuentes contaminantes.

La importancia práctica del hallazgo radica en su papel de condición previa: sin él, la EPA no puede, con facilidad, imponer regulaciones bajo la Ley de Aire Limpio para controlar los GEI. Como resultado directo de la revocación, las normas sobre emisiones de automóviles y camiones quedaron eliminadas y la puerta se abrió a cuestionar límites para plantas de energía, refinerías y operaciones de petróleo y gas.

La demanda: quiénes participan y qué alegan

La demanda colectiva la encabezan fiscales generales de estados como Nueva York, Massachusetts, California y Connecticut, y se suman otros 20 estados y múltiples gobiernos locales. Entre los argumentos centrales figura la afirmación de que la EPA, al revocar el hallazgo, ha abandonado una obligación fundamental con la ciudadanía:

• La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la decisión renuncia a la respuesta gubernamental ante el cambio climático y citó que la acción “elige la negación en lugar de ayudar a los estadounidenses a enfrentar nuestra nueva realidad”. (Declaración citada en la presentación judicial.)
• La fiscal general de Massachusetts, Joy Campbell, agregó: “Cuando el gobierno federal abandona la ley y la ciencia, las personas comunes sufren las consecuencias”.

Es importante notar que la acción legal pretende no solo revertir la decisión administrativa, sino también preservar las herramientas legales que han permitido reducir emisiones y proteger la salud pública.

Contexto jurídico e histórico: de Massachusetts v. EPA a la nueva controversia

El debate tiene raíces en una sentencia histórica de la Corte Suprema de 2007, en el caso Massachusetts v. EPA, donde el Tribunal determinó que el dióxido de carbono y otros GEI son “contaminantes atmosféricos” en el sentido de la Ley de Aire Limpio y que la EPA debía evaluar si representaban una amenaza para la salud pública. Esa decisión (Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497) abrió la puerta para el hallazgo de 2009 y para posteriores regulaciones.

Desde entonces, la jurisprudencia y la política han fluctuado según los cambios de administración. Aunque tribunales de apelaciones han validado históricamente el endangerment finding, cambios recientes en la composición judicial y fallos como el de 2022, que restringieron la autoridad de la EPA para regular emisiones de centrales eléctricas, han sido invocados por la agencia para justificar su revisión y eventual rescisión del hallazgo de 2009.

Implicaciones prácticas y económicas

La eliminación del hallazgo no solo es simbólica: tiene efectos concretos en políticas y en el mercado. Algunas consecuencias potenciales incluyen:

• Desmantelamiento de estándares de eficiencia y emisiones para vehículos, lo que podría afectar la industria automotriz, inversiones en vehículos eléctricos y metas de reducción de emisiones.
• Debilitamiento de la capacidad federal para imponer límites a emisores estacionarios (plantas de energía, industrias), lo que podría llevar a una mayor dependencia de las regulaciones estatales o a una ausencia de regulación uniforme.
• Impactos económicos y sanitarios a largo plazo: estudios relacionados han mostrado que las políticas para reducir emisiones generan beneficios en salud pública por la menor contaminación local; su eliminación podría traducirse en costos por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Si bien la EPA sostiene que su revisión se hizo conforme a la ley y en respuesta a decisiones judiciales recientes, los demandantes alegan que la revocación se fundamenta en motivaciones políticas que ignoran la ciencia climática consolidada.

Salud pública y justicia climática

Los demandantes subrayan que el cambio climático ya afecta a comunidades vulnerables y a economías locales. Un ejemplo citado en los argumentos públicos es que las olas de calor y los episodios de mala calidad del aire incrementan las hospitalizaciones por problemas respiratorios, afectando desproporcionadamente a ancianos y comunidades de bajos ingresos.

La decisión de revocar el endangerment finding se percibe también como un retroceso en materia de justicia ambiental, pues muchas regulaciones climáticas confluyen con acciones para reducir contaminantes locales que dañan la salud en barrios marginados.

Probabilidades de que el caso termine en la Corte Suprema

Varios analistas jurídicos consideran probable que el caso, dada su importancia constitucional y práctica, termine de nuevo frente al Tribunal Supremo. La Corte ya resolvió en 2007 el asunto fundamental y, según las partes, hay cuestiones legales de primera instancia que requieren resolución definitiva.

Sin embargo, la orientación actual del Tribunal es más conservadora que en 2007, lo que añade incertidumbre. Si el Tribunal Supremo decide tomar el caso, su fallo podría redefinir el alcance del poder regulador federal sobre emisiones durante décadas.

Reacciones políticas y sociales

La respuesta pública y política ha sido intensa: líderes demócratas estatales y municipales han encabezado la demanda, calificando la medida de “abandono de la ciencia”. Por su parte, la EPA ha defendido su acción alegando que reexaminó la base legal del hallazgo en vista de decisiones judiciales recientes y que actuó dentro de sus facultades administrativas.

La polarización política sobre la cuestión climática vuelve a aparecer con fuerza: estados con gobernadores y fiscales generales demócratas buscan frenar la revocación, mientras que niveles federales bajo la actual administración defienden la revisión y la rescisión.

Escenarios futuros: qué está en juego

Existen varios caminos posibles en los meses y años por venir:

1. Los tribunales podrían ordenar la restitución del endangerment finding, obligando a la EPA a regresar a estándares previos o a justificar con mayor rigor su nueva posición.
2. Si la revocación se sostiene judicialmente, se abriría una fase de vacío regulatorio federal que dejaría la regulación de GEI en manos de estados, tribunales y mercados, con consecuencias heterogéneas en todo el país.
3. El asunto podría propiciar nuevos pasillos legislativos: un Congreso con mayoría interesada en soluciones climáticas podría buscar nuevas leyes que anclen autoridades para regular emisiones más allá de la Ley de Aire Limpio tradicional.

Reflexión final

Lo que está en juego va más allá de una disputa administrativa: se trata de la capacidad del gobierno federal para responder a un desafío que los científicos describen como global y en rápida evolución. La revocación del endangerment finding es una pieza central en la política climática estadounidense y su disputa legal definirá la arquitectura regulatoria del país en una era en la que las decisiones sobre emisiones repercuten en economías, salud pública y seguridad ambiental a nivel mundial.

Como dijo Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts, citado en la demanda: “Climate change is real, and it’s already affecting our residents and our economy” —una frase que, traducida a la práctica normativa, resume por qué muchos estados ven la revocación como un paso regresivo en la protección de sus comunidades.