Ejecuciones en Irán y la agonía de una protesta: entre veredictos rápidos, confesiones forzadas y una represión que no cede

La ejecución esta semana de un luchador juvenil de 19 años —Saleh Mohammadi— y de otros dos jóvenes en la ciudad de Qom reavivó temores internacionales sobre una nueva fase de represión en Irán. Los tres hombres fueron ahorcados tras ser condenados por “moharabeh” (actos de guerra contra Dios), acusación que, en el contexto de las protestas masivas que comenzaron a fines de 2022 y estallaron con fuerza en enero, ha servido para justificar penas máximas en procesos que activistas describen como sumamente irregulares.

El patrón: arrestos masivos, juicios acelerados y confesiones bajo coacción

Organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón recurrente: detenciones masivas durante las protestas, incomunicación prolongada, torturas y presiones para obtener confesiones que luego se presentan como pruebas en los tribunales. Amnesty International, por ejemplo, ha denunciado que muchos veredictos se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura y en procesos que no respetaron las garantías mínimas de un juicio justo. En una carta abierta al poder judicial iraní, la organización calificó varios procesos como “notoriamente injustos” y pidió su revisión pública y transparente.

Por su parte, Iran Human Rights (una ONG radicada en Oslo) ha alertado sobre la posibilidad de que las autoridades estén preparando una serie de ejecuciones destinadas a intimidar a la población y desactivar la movilización social, en un contexto de presión externa e interna para el régimen.

Las cifras en disputa: el verdadero tamaño de la represión

Determinar el número real de víctimas y detenidos sigue siendo difícil debido a los apagones de internet, la censura y la opacidad oficial. No obstante, varias fuentes ofrecen cifras escalofriantes: la Human Rights Activists News Agency (HRANA) —una red de activistas y periodistas con contactos dentro de Irán— informó más de 7.000 personas muertas durante los episodios más letales de la represión, y dijo que investigaba miles de muertes adicionales. El gobierno iraní, por su parte, reconoció cifras mucho menores, al afirmar que más de 3.000 personas perdieron la vida.

En cuanto a detenciones, HRANA señaló que en un lapso de semanas se arrestó a decenas de miles de personas —más de 50.000 según algunos recuentos— y numerosas organizaciones documentan docenas de sentencias de muerte ya emitidas y cientos de acusaciones que pueden acarrear la pena capital. Iran Human Rights ha reportado al menos 27 sentencias de muerte contra personas arrestadas en relación con las protestas, y señaló que más de cien acusados enfrentan cargos que podrían terminar en ejecuciones.

El caso de Saleh Mohammadi: de promesa deportiva a símbolo trágico

Mohammadi era una figura emergente en la lucha libre juvenil: en 2024 ganó una medalla de bronce en un torneo internacional de estilo libre en Krasnoyarsk (Rusia) y compartía en redes sociales su disciplina y rutinas de entrenamiento. Testimonios de conocidos y profesores lo describen como un joven enérgico que, según una docente que habló con él en 2022, usaba el deporte para sobrellevar la frustración por la situación política en su país. Su ejecución provocó indignación porque, según relatos de organizaciones de derechos humanos, fue detenido en enero y sufrió malos tratos. Amnesty denunció que durante su detención le fracturaron una mano y que, en la sala judicial, se retractó de confesiones que había dicho haber hecho bajo coacción.

¿Por qué el régimen endurece el castigo ahora?

Varios analistas sugieren que el endurecimiento de las sentencias y la posible aceleración de ejecuciones obedecen a una doble presión sobre las autoridades iraníes: por un lado, la emergencia de movilizaciones internas que exigen cambios profundos; por otro, la escalada militar y diplomática en la región que ha situado a Irán en el centro de un conflicto con actores como Estados Unidos e Israel. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, ha señalado que las autoridades parecen intentar dar un mensaje claro: acallar la disidencia interna para proteger la supervivencia del régimen en un escenario de guerra y amenazas externas.

Juicios con prisas: antecedentes históricos en la República Islámica

Irán posee precedentes de juicios sumarios en momentos de crisis. Desde la Revolución de 1979, la justicia penal iraní ha utilizado a menudo cargos tales como “moharabeh” o “ifsad fil arz” (corrupción en la tierra) para penalizar actos de resistencia política o violencia contra agentes del Estado con penas extremas. Durante la represión de protestas anteriores —incluida la oleada de 2009 o las protestas masivas de 2019— hubo informes de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones que levantaron condena internacional. La práctica de forzar confesiones, a veces televisadas, para legitimar condenas no es nueva y ha sido cuestionada repetidamente por organismos internacionales.

Impacto sociopolítico: intimidación y respuesta social

La ejecución de jóvenes —especialmente figuras públicas o atletas populares— tiene un efecto doble: pretende sembrar miedo en la sociedad pero puede también alimentar el resentimiento y la movilización. La historia reciente demuestra que las represalias desproporcionadas pueden radicalizar a sectores de la población y erosionar la legitimidad del poder. El sociólogo político Hilal Khashan, por ejemplo, ha subrayado en análisis previos cómo las tácticas de represión indiscriminada terminan profundizando el aislamiento internacional del régimen y, simultáneamente, endureciendo las resoluciones internas de quienes protestan.

La voz de las organizaciones internacionales

Amnistía Internacional ha pedido la suspensión inmediata de las ejecuciones y una investigación independiente sobre las denuncias de tortura y malos tratos. “Las autoridades han sometido sistemáticamente a los detenidos a desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación y tortura para extraer confesiones forzadas”, escribió la organización en una carta pública dirigida al poder judicial iraní.

Por su parte, la comunidad internacional observa con creciente alarma. Las condenas de muerte y la pérdida de vidas jóvenes bajo procesos opacos suelen invocar sanciones diplomáticas, resoluciones de organismos multilaterales y campañas de presión de ONG y parlamentos extranjeros. Pero la eficacia de estas medidas para frenar la represión es discutible, sobre todo cuando el régimen prioriza su estabilidad frente a la condena externa.

Escenarios futuros: ¿oleada de ejecuciones o freno temporal?

Expertos en derechos humanos y observadores regionales advierten dos riesgos principales: que las ejecuciones continúen en masa como herramienta disuasoria, o que el ciclo de violencia provoque una escalada que transforme la represión en conflicto más amplio. Iran Human Rights ha expresado su temor de que “muchas más ejecuciones de manifestantes y presos políticos podrían ser inminentes”, y ha pedido a la comunidad internacional mayor coordinación para presionar por la protección de detenidos y por juicios conformes al derecho internacional.

Qué pueden hacer las autoridades externas y la sociedad civil

1. Exigir transparencia judicial: pedir el acceso de observadores independientes a los juicios y la revisión de las pruebas en casos con posibles violaciones de derechos humanos.
2. Presión diplomática coordinada: sanciones dirigidas a individuos responsables de violaciones graves en lugar de medidas que afecten indiscriminadamente a la población civil.
3. Soporte a redes de documentación: financiar y proteger a periodistas, activistas y organizaciones que documentan abusos, a fin de preservar evidencia y ofrecer asistencia legal a las víctimas.
4. Campañas de concienciación internacional: mantener la atención pública sobre casos concretos para evitar que se normalice la impunidad.

La historia reciente de Irán demuestra que el manejo de las protestas y la respuesta del Estado no sólo definen el destino inmediato de quienes se movilizan, sino también la trayectoria política del país por años. La ejecución de jóvenes como Mohammadi no es un hecho aislado: es un eslabón más en una cadena que combina represión interna y dinámicas geopolíticas que complejizan las vías de resolución. Frente a ello, la pregunta sigue siendo si la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos podrán arrojar suficiente luz y presión para frenar una espiral que ya ha cobrado demasiadas vidas.