Cuando la niebla vuelve: el retroceso de la EPA y el futuro de la visibilidad en los parques nacionales

En las últimas tres décadas, una normativa federal conocida como el regional haze rule ayudó a despejar la bruma que durante años empañó los horizontes de muchos parques nacionales, reservas silvestres y áreas de conservación. Hoy, sin embargo, esa ganancia ambiental está en riesgo: un cambio de enfoque por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) está abriendo la puerta a que planes estatales menos exigentes sean aprobados, priorizando la seguridad del suministro eléctrico y los intereses de la industria energética por encima de controles tecnológicos más estrictos.

Una regla con resultados medibles

El regional haze rule exige que los estados presenten, cada diez años, planes para reducir emisiones que generan bruma —principalmente dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx)— y protejan la visibilidad en más de 150 parques, áreas silvestres, refugios de vida silvestre y reservas tribales repartidos en 36 estados. Desde su entrada en vigor en 1999, los avances han sido palpables: según el Environmental and Energy Law Program de la Facultad de Derecho de Harvard, más del 90% de estos espacios han registrado descensos en emisiones de cientos de miles de toneladas anuales y la visibilidad promedio en algunos parques occidentales aumentó de 90 a 120 millas (de 145 a 195 kilómetros).

Esos números representan no sólo una mejora estética, sino beneficios reales para la salud pública y los ecosistemas. La reducción de partículas finas y precursores de smog disminuye enfermedades respiratorias y la deposición ácida que perjudica suelos y cuerpos de agua.

El viraje político y técnico

Durante la administración anterior, muchos planes estatales fueron revisados con lupa por la EPA para exigir evaluaciones tecnológicas a las centrales que pudieran estar contribuyendo de manera significativa a la bruma. Sin embargo, en 2025 la EPA, bajo el liderazgo de la nueva administración, comenzó a adoptar una postura distinta: en lugar de exigir que todas las instalaciones sometieran evaluaciones sobre tecnologías de control, la agencia aprobó planes siempre que los estados demostraran que los niveles de visibilidad en los parques afectados mejoraban según proyecciones.

El caso de Virginia Occidental (West Virginia) ilustra bien este cambio. Las autoridades estatales inicialmente no solicitaron evaluaciones a una docena de plantas de carbón; sólo cinco fueron incluidas y sólo una cumplió con evaluaciones. La EPA, que había objetado el plan al inicio, terminó aprobándolo seis meses después con la nueva interpretación: si los indicadores de visibilidad muestran mejoras, eso basta para validar el plan (según documentos de la EPA, 2025).

Críticas de conservacionistas y litigios en curso

Organizaciones como la National Parks Conservation Association, la Sierra Club y el bufete ambiental Earthjustice han reaccionado con alarma y han interpuesto demandas. Argumentan que la nueva política permite que fuentes emisoras continúen operando sin instalar controles necesarios y que confiar únicamente en mediciones de visibilidad —que pueden mejorar por razones diversas como cierres de plantas o cambios temporales de combustible— es una manera de postergar obligaciones tecnológicas.

“Están bendiciendo planes estatales que no han hecho un trabajo adecuado y, al mismo tiempo, cambiando drásticamente el rumbo para estados como Virginia Occidental, California, Hawái y Colorado”, dijo Ulla Reeves, directora del programa de aire limpio de la National Parks Conservation Association (declaración pública, 2025). Joshua Smith, abogado de la Sierra Club, sintetizó la preocupación: “Permitir que la visibilidad cumpla con benchmarks gracias al cierre de plantas o cambios de combustible, pero sin exigir controles a las instalaciones que siguen emitiendo, es un atajo peligroso” (declaración del litigio, 2025).

Balance entre seguridad energética y calidad del aire

La EPA ha defendido su postura citando obligaciones legales y la necesidad de considerar la confiabilidad de la red eléctrica. En la documentación oficial, la agencia advierte que los estados deben evaluar cómo el cierre de plantas o la exigencia de ciertas tecnologías afectarían la seguridad del suministro. En el caso de Colorado, por ejemplo, la EPA rechazó un plan que proponía cerrar una planta de carbón en Pueblo principalmente porque el propietario —Colorado Springs Utilities— adujo que el cierre podría afectar la capacidad del servicio y que forzarlo podría contravenir normas legales.

La narrativa del gobierno actual sostiene que plantas térmicas tradicionales proporcionan potencia baseload esencial para demandas crecientes, industrias manufactureras e incluso para sostener la infraestructura vinculada al desarrollo de inteligencia artificial. Es un argumento que apela a la seguridad energética y a objetivos económicos más amplios, y que ha sido central en las decisiones recientes de revisión regulatoria.

¿Qué está en juego en los parques?

Más allá del debate técnico y político, la cuestión se traslada al paisaje: parques como Shenandoah, Great Smoky Mountains y Mammoth Cave ya figuran entre los más afectados por bruma histórica en algunas épocas del año. Jim Schaberl, ex gerente de calidad de aire y agua en Shenandoah, rememora que cuando empezó en 2008 la mirada hacia el este a menudo se perdía en una niebla amarillenta causada por emisiones de plantas en West Virginia. “Hoy los senderistas pueden ver claramente el Monumento a Washington a 75 millas (120 km). Intentar revivir el carbón es como abrir una tumba que ya habíamos cerrado”, dijo Schaberl en declaraciones públicas (2025).

Si la política actual prevalece, algunos expertos temen retrocesos locales y regionales: la mejora en visibilidad podría ser efímera si no se consolidan reducciones tecnológicas permanentes, o bien desigual si se opta por soluciones a corto plazo como el cambio temporal a combustibles menos contaminantes o cierres transitorios de plantas.

Datos y contexto histórico

• El regional haze rule entró en vigor en 1999 y desde entonces ha guiado planes decenales de reducción de emisiones en 36 estados.
• Según análisis del programa de Harvard Law School, algunos parques occidentales han visto aumentar su rango visual promedio de 90 a 120 millas (145 a 195 km) desde que la norma se aplicó (Environmental and Energy Law Program, Harvard Law School, informe 2023).
• Más del 90% de los parques y áreas estudiadas han registrado reducciones en emisiones de súlfuro y precursores de smog en las últimas dos décadas (mismo estudio).

Alternativas y recomendaciones técnicas

Los expertos en calidad del aire insisten en que combinar medidas es clave: tecnologías de control como desulfurizadores (FGD), quemado con bajas emisiones y controles de NOx, junto con estrategias de planificación energética que permitan transiciones ordenadas, pueden proteger la visibilidad sin poner en riesgo la confiabilidad de la red.

Las opciones incluyen:

1. Evaluaciones de impacto técnico-económico para cierres planificados, con plazos y medidas compensatorias para la red.
2. Programas de inversión en almacenamiento de energía y generación flexible que reduzcan la dependencia del carbón para potencia baseload.
3. Acuerdos regulatorios que permitan cierres escalonados y financiamiento para la adopción de tecnologías de control en plantas que deban seguir operando.

El tablero legal y las próximas batallas

Las demandas interpuestas por grupos conservacionistas contra la EPA buscan revertir la nueva interpretación y obligar a la agencia a exigir evaluaciones tecnológicas cuando corresponda. El resultado judicial podría sentar precedente sobre cómo se aplican los estándares ambientales frente a prioridades energéticas. Mientras tanto, estados y autoridades locales seguirán adaptando sus planes decenales y enfrentando la disyuntiva entre la protección ambiental y la estabilidad del suministro.

En definitiva, la discusión va más allá de cifras o titulares: se trata de cómo una sociedad decide preservar sus paisajes protegidos y la salud de sus ecosistemas sin renunciar a un suministro energético fiable. ¿Es posible lograr ambas cosas? La respuesta dependerá de decisiones regulatorias bien fundamentadas, inversiones tecnológicas y una visión a largo plazo que no contemple la salud ambiental como una variable negociable.