Pozo de Vargas y la memoria que no se rinde: la búsqueda de los desaparecidos en Tucumán

El descubrimiento y la lenta identificación de restos en el denominado Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán, es a la vez prueba y metáfora: prueba material de un plan sistemático de desaparición y muerte, y metáfora de la persistencia de familias, arqueólogos y antropólogos que, a fuerza de paciencia y técnicas forenses, devuelven nombres a los desaparecidos. A través de los años, el proceso ha mostrado la capacidad de la sociedad civil para incomodar al poder y poner en evidencia aquello que muchos gobiernos quisieron ocultar.

Un pozo que se convirtió en fosa y en símbolo

El Pozo de Vargas, junto a vías férreas de Tucumán, fue utilizado por la dictadura que gobernó Argentina tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Allí se detectaron restos humanos enterrados en capas, mezclados con escombros y sedimentos. La primera aparición de huesos data de 2004, pero las excavaciones formales y sostenidas comenzaron años después, en gran parte gracias al impulso de colectivos locales y equipos de arqueología y antropología forense.

Ruy Zurita, integrante del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, resume el valor simbólico del hallazgo: “El pozo dejó de ser un rumor para transformarse en evidencia material de lo que fue el terrorismo de Estado” (Colectivo AMIT, declaración pública, 2002-2010). La recuperación de 149 cuerpos convierte a Pozo de Vargas en una de las mayores fosas clandestinas de la última dictadura argentina.

Las cifras que aún duelen

Las cifras sobre la cantidad de desaparecidos durante la dictadura varían según las fuentes: organizaciones de derechos humanos han sostenido durante décadas la cifra de aproximadamente 30.000 desaparecidos; cifras oficiales y sumarios judiciales han documentado miles, con variaciones según procesos y registros locales. Lo cierto es que, desde la recuperación democrática, la búsqueda e identificación de restos ha sido un trabajo persistente: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) —fundado por el antropólogo estadounidense Clyde Snow y colegas argentinos— ha exhumado alrededor de 1.600 cuerpos desde el retorno de la democracia y ha identificado más de la mitad de ellos, según informes publicados por la organización (EAAF, reportes anuales).

En Pozo de Vargas, sólo se recuperaron fragmentos óseos —no esqueletos completos—: aproximadamente 38.000 fragmentos que han requerido una labor de laboratorio exigente y paciente para recomponer identidades. Hasta la actualidad, el EAAF ha logrado la identificación de 121 personas de ese sitio, y resta identificar otros restos.

Familias que esperaron décadas por un nombre

El caso de Eduardo Ramos y Alicia Cerrotta, cuyos restos fueron finalmente entregados a sus familiares y enterrados en marzo reciente, simboliza el cierre parcial de un duelo que muchas veces se extendió por generaciones. Eduardo, periodista y poeta de 21 años, y Alicia, psicóloga de 27, fueron secuestrados en los meses posteriores al golpe y estuvieron entre los “desaparecidos” durante décadas.

“Cuando vi las urnas, me di cuenta de que para nosotros esto significa un adiós definitivo”, dijo Ana Ramos, hermana de Eduardo, tras la entrega de las cenizas (declaración familiar, marzo 2026). Para muchas familias, la entrega de restos implica un doble alivio: tener dónde llorar y la posibilidad de enterrar una historia con nombre propio, algo que los desaparecidos nunca tuvieron.

La técnica forense: de fragmentos a identidad

Convertir fragmentos óseos en personas identificadas es un proceso multidisciplinario que combina arqueología, antropología forense, genética y trabajo con archivos y testimonios. El EAAF desarrolla perfiles antropológicos y realiza análisis de ADN para emparejar restos con familiares vivos cuando es posible. El uso de bases de datos de ADN y la colaboración internacional han acelerado algunas identificaciones, pero la ausencia de esqueletos completos y la degradación de material dificultan el trabajo.

El propio EAAF señala que reconstruir identidades a partir de fragmentos dispersos requiere tiempo, recursos y una constancia que no siempre encuentra respaldo estatal pleno: muchas excavaciones iniciales se hicieron con financiamiento limitado o con enorme esfuerzo voluntario local.

Obstáculos: negación, archivos cerrados y decisiones políticas

La búsqueda de verdad y justicia no ha sido sencilla. Gran parte de los avances provienen de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos que impulsaron juicios y exhumaciones. Sin embargo, los procesos se han visto entorpecidos por la renuencia de sectores de las fuerzas armadas a colaborar, por la fragmentación de archivos y, en ocasiones, por decisiones políticas que recortaron apoyos y equipos técnicos.

En los últimos años, recortes presupuestarios y cambios administrativos afectaron áreas estatales vinculadas a derechos humanos y archivos. Abogados y familiares han denunciado que la falta de acceso a archivos oficiales y la reducción de equipos técnicos complican la tarea de localización e identificación. Sol Hourcade, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo sintetiza: “Cincuenta años después del golpe, la pregunta ‘¿dónde están?’ sigue siendo tremendamente vigente” (CELS, comunicado público, 2026).

El valor público de la memoria

La memoria se sostiene como un deber público. Sitios como Pozo de Vargas trascienden el ámbito local y se convierten en centros de enseñanza: arqueología forense, relatos familiares y museos de la memoria ayudan a las nuevas generaciones a entender la magnitud del terrorismo de Estado y los mecanismos de represión.

En Argentina, la pedagogía de la memoria se ha institucionalizado en numerosas iniciativas: museos, programas escolares y actos públicos que buscan que el horror no se naturalice. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de 1984, conocido como el informe Nunca Más, fue un hito que documentó violaciones y sentó las bases para procesos judiciales posteriores. Aunque las cifras y los relatos siguen siendo objeto de disputa política, el archivo y la evidencia científica han sido fundamentales para las condenas y las reparaciones simbólicas.

Reparación y justicia: pasos todavía por dar

La devolución de restos, los juicios y las condenas a responsables son componentes esenciales de la reparación. No obstante, la reparación plena exige políticas públicas sostenidas: archivo abierto, fondos para exhumaciones, programas de salud mental para familias, educación y reconocimiento institucional. Sin estas políticas, la labor de los equipos forenses y de las organizaciones de derechos humanos corre el riesgo de quedar limitada a esfuerzos parciales.

El caso de Tucumán también muestra la necesidad de una política de Estado que proteja la investigación histórica y forense: sin presupuesto estable y sin acceso a archivos oficiales, los investigadores enfrentan un laberinto burocrático que obstaculiza la verdad.

Memoria activa: qué podemos aprender

• La persistencia de familiares y organizaciones es central: sin su impulso, muchos sitios jamás habrían sido descubiertos o excavados.
• La ciencia forense marca la diferencia: avances en genómica y en técnicas arqueológicas permiten identificar incluso fragmentos óseos.
• La memoria requiere políticas públicas: financiamiento, archivos abiertos y educación son necesarios para que el pasado no se repita.

Los restos entregados a las familias de Eduardo y Alicia cierran una herida personal, pero abren preguntas públicas: ¿qué más queda por identificar? ¿Cuántas familias siguen esperando? La respuesta obliga a mantener activas las instituciones que buscan verdad y justicia, y a reconocer que la memoria no es sólo un recuerdo sino una demanda democrática por derechos, reparación y prevención.

En palabras de quienes trabajaron en Pozo de Vargas, el sitio “no es sólo hueso: es persona, historia y obligación”. Mantener viva esa obligación es la mejor forma de honrar a los desaparecidos y de construir un futuro que no olvide.