¿Deberían los carteros ser también empadronadores? El debate sobre la prueba del censo 2026

En 2026 la Oficina del Censo de Estados Unidos pondrá en marcha una prueba limitada que incluirá a carteros —trabajadores del Servicio Postal— realizando encuestas presenciales a hogares que no respondan en línea. La propuesta ha encendido el debate entre responsables gubernamentales, sindicatos, expertos en privacidad y defensores de la calidad estadística. ¿Ahorro, mayor eficacia o riesgo para la confidencialidad y la fiabilidad del conteo? En este análisis desgranamos antecedentes, argumentos y consecuencias posibles.

¿Qué plantea exactamente la prueba del censo?

Según los detalles oficiales, la prueba de 2026 incluirá a decenas de carteros en dos ciudades: Spartanburg (Carolina del Sur) y Huntsville (Alabama). A partir de junio, esos empleados postales abordarán a hogares que no hayan respondido al cuestionario de prueba online —cuyas invitaciones se envían a partir del 1 de mayo— y les harán preguntas sobre raza, etnia y relaciones entre los miembros del hogar, entre otros ítems usados para medir la cobertura poblacional.

En Spartanburg, 25 carteros participarán durante su jornada, identificándose como empleados del Servicio Postal y recibiendo su salario habitual. En Huntsville, la participación será voluntaria y fuera del horario regular de reparto; los voluntarios se identificarán como empleados del Censo y cobrarán la tarifa estándar que recibe otro personal temporal dedicado al censo.

Argumentos a favor: confianza, conocimiento local y eficiencia potencial

Quienes apoyan la iniciativa esgrimen tres ideas principales:

• Relación de confianza: los carteros recorren las mismas rutas cada día y, en muchas comunidades, son figuras conocidas. Brian Renfroe, presidente de la Asociación Nacional de Carteros, resumió esa ventaja señalando que “los carteros conocen a su gente” y que eso genera confianza, lo que podría traducirse en mayores tasas de respuesta en persona.
• Acceso cotidiano: al estar presente diariamente en los hogares, un cartero no necesitaría múltiples visitas de un empadronador temporal para localizar a alguien, lo que, en teoría, podría reducir costos logísticos y el trabajo duplicado.
• Uso de una fuerza ya entrenada: en la práctica, los carteros recibirían formación específica sobre el cuestionario, confidencialidad y juramento de protección de datos, con lo cual el Censo espera mantener estándares de calidad.

Argumentos en contra: costo oculto, confidencialidad y eficacia incierta

Las críticas provienen de varios frentes y no deben subestimarse:

• Diferencia salarial y costo-efectividad: un reporte anterior de la Government Accountability Office (GAO) determinó que, en 2011, emplear carteros para labores de empadronamiento no resultaba costo-efectivo porque reciben salarios y beneficios significativamente mayores que los trabajadores temporales del censo. Esa conclusión plantea la pregunta de si la supuesta reducción de visitas compensa el mayor costo por hora de los carteros. Fuente: GAO, 2011 (https://www.gao.gov).
• Riesgos sobre la confidencialidad: el Censo protege la información personal con fuertes garantías legales; sin embargo, las normas del Servicio Postal permiten la divulgación de cierta información bajo criterios que no necesariamente coinciden con las restricciones del Censo. Un intento similar planeado para 2018 se canceló por conflictos entre las reglas de confidencialidad del Censo y las del Servicio Postal, algo que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de brechas o malentendidos en la protección de datos.
• Impacto en la carga laboral y la seguridad laboral: añadir preguntas del censo implicaría que los carteros integren tareas adicionales en rutas ya sobrecargadas por paquetes y correspondencia, afectando tiempos de reparto y condiciones de trabajo. Además, existe preocupación sobre si la gente reaccionará negativamente a que su cartero le haga preguntas personales, lo que podría incluso dañar la relación de confianza que se pretende aprovechar.
• Calidad estadística: no está probado que un cartero, aunque sea conocido, obtenga mejores respuestas sobre temas sensibles (raza, etnicidad, situación migratoria u otros), en comparación con empadronadores especializados y neutralmente identificados por la Oficina del Censo. Sin una evaluación rigurosa, la iniciativa podría introducir sesgos no deseados en los datos.

Contexto histórico y lecciones de pruebas anteriores

La idea de aprovechar la infraestructura postal no es nueva. Desde hace décadas hay defensores que ven en el Servicio Postal una red territorial ideal para aumentar la cobertura del censo. No obstante, la experiencia muestra obstáculos reales:

• La GAO ya evaluó en 2011 que la alternativa no parecía costo-efectiva en ese momento.
• Un piloto planeado antes del censo de 2020 fue cancelado debido a discrepancias legales sobre qué información podía compartir la Postal Service y cómo protegerla bajo el marco de confidencialidad del Censo.

Estas experiencias subrayan que los desafíos no son solo operativos, sino también jurídicos y de confianza pública, elementos cruciales al diseñar un conteo que determina representación política y la asignación de fondos federales.

Datos económicos y laborales que conviene considerar

Al ponderar el análisis costo-beneficio, algunos datos ayudan a contextualizar las cifras: el salario horario promedio de un cartero en 2024 fue de aproximadamente $28.79, según el Bureau of Labor Statistics (https://www.bls.gov). En contraste, los empadronadores temporales contratados para tareas del censo suelen recibir una tarifa mucho menor (las cifras varían por test y ubicación; ejemplos recientes mostraban pagos de entre $17.75 y $19.75 por hora en pruebas locales), lo que explica la preocupación del GAO sobre el incremento de costos laborales si se sustituyen empleados temporales por carteros regulares.

Implicaciones políticas y legales

Más allá de la técnica, el cambio tiene un componente político: cualquier percepción de que el censo pueda estar incorporando prácticas no convencionales de forma apresurada puede erosionar la confianza pública en un proceso que debe ser neutral. Además, 21 fiscales generales estatales han cuestionado la medida por falta de evidencia robusta de ahorro o mejora en la eficiencia, y organizaciones defensoras de la privacidad han expresado inquietudes sobre la coherencia legal entre las reglas del Censo y las del Servicio Postal.

¿Qué se debería exigir antes de una implementación a gran escala?

Si el objetivo es mejorar la tasa de respuesta y ahorrar recursos, una implementación responsable debería considerar al menos los siguientes pasos:

1. Evaluaciones piloto públicas y transparentes: publicar protocolos, objetivos y métricas de éxito antes de iniciar el test, de modo que terceros (universidades, ONGs, auditores independientes) puedan evaluar imparcialmente los resultados.
2. Análisis costo-beneficio detallado: incluir todos los costos directos e indirectos (salarios, benefic ios, tiempo adicional, impacto en el servicio postal, capacitación y supervisión).
3. Garantías legales y de confidencialidad: aclarar con precisión y por escrito cómo se manejará la información, qué límites existen a la divulgación y qué sanciones aplicarán frente a vulneraciones.
4. Consulta sindical y comunitaria: involucrar a sindicatos del Servicio Postal y organizaciones comunitarias locales para medir aceptación y diseñar protocolos que respeten la relación cartero-comunidad.
5. Medición de calidad estadística: comparar tasas de respuesta, porcentaje de entrevistas completas y posibles sesgos demográficos entre métodos tradicionales y el uso de carteros.

Reflexión final: una idea con potencial, pero que exige evidencias

Incorporar a carteros como empadronadores podría ofrecer beneficios reales si se demuestra objetivamente que eleva la respuesta, respeta la confidencialidad y resulta costo-efectivo. Sin embargo, la historia y los análisis previos muestran que no es una panacea automática: los riesgos legales, los costos laborales y la posibilidad de sesgos son consideraciones serias.

La prueba de 2026 tiene la virtud de ofrecer datos empíricos para dirimir la discusión. Lo responsable, para el interés público, es que esos datos se publiquen íntegros, se sometan a revisión externa y que cualquier decisión de ampliar la práctica se base en evidencia sólida y en salvaguardas claras para proteger la privacidad y la calidad del censo, elementos que no sólo definen la asignación de recursos y la representación política, sino también la confianza ciudadana en las instituciones que realizan el conteo de la nación.