¿Investigación o persecución política? El interrogante tras la pesquisa del Departamento de Justicia sobre las obras de la Reserva Federal

En marzo de 2026 un juez federal dejó sin efecto unas citaciones (subpoenas) emitidas por la Fiscalía que abrían una investigación sobre las sobrecostes —y la posible conducta penal— en la renovación por 2.500 millones de dólares de los edificios de la Reserva Federal. Lo notable no fue sólo la decisión judicial, sino lo que se filtró del proceso cerrado: en una audiencia sellada un fiscal del Departamento de Justicia reconoció, bajo interrogatorio, que no existía evidencia concreta de un delito contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

El momento clave: una admisión en una sala cerrada

Según la transcripción de la audiencia del 3 de marzo, a la que el Washington Post tuvo acceso y citó en su cobertura del caso, el fiscal asistente Andrew Massucco fue interrogado por el juez James Boasberg sobre la base fáctica de la investigación. El juez preguntó directamente: “¿Qué declaraciones falsas hizo (Powell) ante el Congreso?”

La respuesta de Massucco fue directa: “Bueno, no lo sabemos es mi primera respuesta”. Cuando el magistrado insistió sobre la existencia de pruebas de fraude en relación con las renovaciones, el fiscal volvió a reconocer: “De nuevo, no lo sabemos en este momento. Sin embargo, hay 1.200 millones de razones para investigarlo”, en alusión a los sobrecostes estimados de la obra.

Cita (transcripción citada por The Washington Post): “So what false statements did (Powell) make before Congress?” — Judge James Boasberg. “Well, we don’t know is my first answer,” — Andrew Massucco. Fuente: The Washington Post.

La decisión judicial: ¿falta de evidencias o protección institucional?

Ocho días después de la audiencia, el 11 de marzo, el juez Boasberg anuló las citaciones dirigidas a la Reserva Federal. En su fallo criticó la fundamentación de la fiscalía, señalando que el gobierno había producido “prácticamente cero evidencia” que justificara sospechas de conducta criminal por parte del presidente de la Fed, y describió la justificación de los subpoenas como “delgada y no fundamentada”.

Además, el juez llamó la atención sobre un posible propósito impropio al emitir las citaciones: “El Tribunal se queda sin una razón creíble para pensar que el Gobierno está investigando hechos sospechosos en vez de dirigirse a un funcionario impopular”. Esta frase apunta a un riesgo mayor: el uso de mecanismos judiciales para ejercer presión política contra funcionarios que toman decisiones económicas sensibles.

Contexto político: por qué todo esto importa

La pesquisa llegó en un momento políticamente tenso. El presidente Powell es la figura central de la política monetaria de Estados Unidos; su independencia para fijar tasas de interés y dirigir la política de la Reserva Federal es una piedra angular del sistema macroeconómico. La investigación coincidió con una movida política: la Casa Blanca había propuesto a Kevin Warsh como reemplazo potencial de Powell cuando su mandato expirara en mayo, y la investigación había retrasado la consideración del nombramiento en el Senado.

Robert Hur, abogado que representó a la junta de gobernadores de la Fed en la audiencia, afirmó al tribunal que las citaciones formaban parte de una campaña de presión para que el presidente de la Fed apoyara tasas de interés más bajas o dimitiera. En otras palabras: existía la sospecha de que la herramienta investigativa podía estar siendo instrumentalizada con fines políticos.

Los números detrás del conflicto

• Presupuesto actual estimado de las renovaciones de la Fed: 2.500 millones de dólares.
• Estimación previa en 2022: 1.900 millones; variación aproximada: +600 millones en revisiones recientes.
• Monto aludido por el fiscal como razón para investigar: 1.200 millones (referido a sobrecostes acumulados en distintos rubros del proyecto).

Estos números son significativos en términos fiscales y de gestión pública: cualquier sobrecosto a gran escala merece explicación. No obstante, la cuestión central en este caso no es tanto la existencia de sobrecostes —un fenómeno no infrecuente en proyectos de infraestructura— sino si tales sobrecostes constituyen delito o sólo mala administración, negligencia o errores de planeación que corresponde depurar por vías administrativas y de auditoría, no necesariamente penal.

Independencia de la Reserva Federal: un principio con historia

La Reserva Federal fue creada en 1913 con el objetivo de proporcionar estabilidad monetaria, actuar como prestamista de última instancia y evitar la politización de la política monetaria. Desde entonces, la independencia de la Fed —especialmente en la fijación de tasas y en la conducción de la política monetaria— ha sido defendida por ambos partidos como una salvaguarda contra decisiones de corto plazo motivadas por intereses electorales.

Un dato histórico: la estructura de gobernanza de la Fed, con una Junta de Gobernadores y presidentes de bancos regionales, busca precisamente aislar la toma de decisiones técnicas de presiones políticas inmediatas. Fuente recomendada para lectura: Federal Reserve History.

¿Qué aprendemos sobre el uso del poder investigativo?

Este episodio deja varias lecciones relevantes para la opinión pública y los responsables políticos:

1. Herramientas investigativas sensibles, como las citaciones del gran jurado, deben usarse con base en indicios razonables de delito, no por razones políticas o de incomodidad con un funcionario.
2. La separación entre el escrutinio legítimo (auditorías, investigaciones administrativas, rendición de cuentas) y la persecución penal se vuelve esencial para preservar el debido proceso y evitar la instrumentalización del aparato judicial.
3. La transparencia institucional y la comunicación clara sobre presupuestos y cambios en proyectos de infraestructura pública ayudan a disipar dudas antes de que escalen a conflictos legales o políticos.

Reacciones y próximos pasos

La fiscal en jefe de la oficina implicada, Jeanine Pirro, reaccionó airadamente ante la anulación de las citaciones, calificando al juez como un “activista” y prometiendo apelar la decisión. Esa respuesta pública intensifica la polarización del asunto y contribuye a la percepción de que la investigación se inscribe en un contexto político más amplio.

Por su parte, la Reserva Federal ha declinado hacer comentarios públicos sobre el asunto, lo cual era previsible dado el deber institucional de neutralidad. En la práctica, la anulación de las subpoenas representa un freno a la pesquisa penal en lo inmediato, aunque la fiscalía aún podría intentar otras vías o apelar el fallo.

Una reflexión para la democracia y la gestión pública

El caso plantea una pregunta incómoda: ¿cómo protege una democracia las instituciones técnicas frente a la tentación de usar el poder penal con fines políticos? La experiencia comparada muestra que cuando los poderes ejecutivos presionan para investigar a responsables técnicos por decisiones controvertidas, los costos institucionales suelen ser altos: pérdida de confianza, mayor volatilidad política y un debilitamiento de las capacidades estatales para tomar decisiones complejas.

La situación sugiere la necesidad de mecanismos equilibrados: auditorías independientes, mayor transparencia en proyectos de gran escala, y límites claros sobre cuándo la investigación penal es apropiada. Sin esos frenos, la línea entre la busca legítima de rendición de cuentas y la persecución política puede volverse borrosa, con consecuencias duraderas para la gobernanza y la estabilidad económica.

Mientras tanto, el episodio servirá como caso de estudio sobre los límites del poder investigativo y sobre cuán frágil puede ser la independencia de instituciones clave cuando se cruzan intereses políticos y decisiones técnicas de alto impacto.