Hardy Dam y la encrucijada de la seguridad, el dinero y las comunidades: qué está en juego en Michigan

La solicitud de Consumers Energy para posponer hasta 2028 un proyecto llave en mano de reemplazo del vertedero en la presa Hardy, en el río Muskegon, reavivó un debate que combina seguridad pública, economía regulada y el valor social de embalses centenarios que sostienen comunidades enteras. El plan aparece en el contexto de una propuesta más amplia: transferir 13 presas a una firma privada —Confluence Hydro, filial de Hull Street Energy— mediante un acuerdo que comprometería a la empresa y a los usuarios a un contrato de compra de energía por 30 años a precios significativamente superiores al mercado.

Un repaso de los hechos

Consumers Energy presentó ante la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC) una petición para retrasar el inicio del reemplazo del vertedero de Hardy, un proyecto presupuestado en aproximadamente 350 millones de dólares. La compañía argumenta que no es “factible ni prudente” comenzar las obras mientras se decide la posible venta de la presa y otras doce instalaciones a Confluence Hydro, y mientras espera aprobaciones regulatorias necesarias.

Hardy, cuya licencia actual caduca en 2035, es una de las presas más grandes del estado: tiene una cota de 120 pies y su embalse abarca cerca de 4,000 acres. El proyecto de modernización busca que la infraestructura cumpla con los estándares federales de control de inundaciones, incluyendo la capacidad de manejar el denominado probable maximum flood (PMF), una estimación de la mayor crecida posible en la zona tras recientes revisiones de FERC.

Riesgo vs. costos: una ecuación difícil

Los defensores del aplazamiento y de la venta destacan que las presas generan una producción eléctrica anual valorada en cerca de 12.9 millones de dólares, pero también enfrentan decenas y en algunos casos cientos de millones en costos de mantenimiento y modernización. Consumers sostiene que no puede acometer la inversión sin la seguridad de recuperar los costos a través de las tarifas, lo que ha encontrado resistencia por parte de reguladores estatales y grupos de consumidores.

En el otro extremo, ecologistas y defensores de la seguridad hidráulica advierten que retrasar obras críticas aumenta el riesgo hacia las comunidades río abajo. Bob Stuber, director ejecutivo de Michigan Hydro Relicensing Coalition, declaró: “No creo que sea algo en lo que Consumers deba jugarse la suerte” (Bridge Michigan).

El precedente histórico y la magnitud del potencial daño

Hardy es una presa con casi un siglo de existencia —el texto original la califica de 95 años— y la región ha vivido episodios de crecidas significativas. En septiembre de 1986, una tormenta masiva dejó a Hardy y a Croton “al borde” según reportes de la época, lo que retrotrajo el recuerdo de lo que un fallo estructural puede ocasionar: un flujo de agua de decenas de pies que pondría en riesgo a miles de residentes y causaría daños potencialmente millonarios en bienes, infraestructuras y ecosistemas ribereños.

FERC exige que las presas catalogadas de “alto peligro” sean capaces de gestionar el PMF. Tras la actualización de sus estimaciones de crecida, Hardy ya no cumple completamente ese estándar, razón por la que el vertedero requiere actualización. En el documento de Consumers se afirma que el proyecto de vertedero es “crítico” para mantener la licencia de operación (Bridge Michigan).

La propuesta de venta: ¿salvar las presas o privatizar riesgos?

La propuesta que presentó Consumers contempla transferir la titularidad y la operación a Confluence Hydro. A cambio, Consumers firmaría un contrato de compra de energía de 30 años que pagaría alrededor de 160 dólares por megavatio-hora, con un ajuste anual del 2.5%. Ese precio es aproximadamente el doble de muchas tarifas mayoristas actuales y, según críticos, transferiría a los consumidores la factura por la readecuación de las presas.

Confluence ha dicho que asumirá los proyectos de modernización —declarándose competente en la gestión de obras hidráulicas— y que el costo de construcción estimado para Hardy sería inferior al que plantea Consumers: 216.5 millones de dólares, con cláusulas que permitirían recargos moderados por sobrecostes. Sin embargo, las cifras exactas y el impacto final en las tarifas permanecen envueltas en confidencialidad comercial, lo que alimenta la desconfianza pública.

Impacto en las comunidades locales

Para muchos residentes y negocios ribereños, las presas han ido más allá de su función energética: son el eje de una vida recreativa y económica. Morgan Heinzman, supervisor del municipio de Croton, explicó que sin Hardy y sus embalses muchas propiedades, marinas y comercios “probablemente no sobrevivirían” (Bridge Michigan). Esa realidad hace que la opción de desmantelar o transferir las presas tenga implicaciones sociales profundas: decenas de negocios turísticos, campings y residencias dependen del embalse mantenido por la presa.

Por eso, parte de la población upstream ve con alivio la posibilidad de que una empresa privada mantenga los niveles de agua y las amenidades que sostienen la economía local, aunque otros preocupados por la seguridad y el control regulatorio pongan en duda la conveniencia de privatizar activos estratégicos.

Medidas temporales y desacuerdos sobre su suficiencia

Mientras se dirime el futuro de Hardy, Consumers ha implementado una serie de medidas paliativas: entre ellas, reducir el nivel del embalse en 12 pies desde noviembre hasta finales de mayo para aumentar la capacidad de retención ante eventos extremos. La compañía afirma que estas acciones y otras mejoras reducen el riesgo de fallo inmediato; según Brian Wheeler, portavoz de Consumers, las posteriores mejoras permitirían a Hardy resistir una inundación similar a la de 1986 sin activar el vertedero auxiliar (Bridge Michigan).

No obstante, grupos como la Hydro Relicensing Coalition consideran insuficientes estas medidas y han pedido a FERC que ordene un drawdown anual más prolongado o medidas adicionales hasta que el vertedero sea reparado. “La seguridad humana es prioritaria”, ha señalado la coalición, aun reconociendo que medidas como un drawdown permanente afectarían la recreación y la economía local.

¿Quién debería pagar? El dilema regulatorio

En el centro del conflicto está la pregunta clásica en servicios públicos: ¿corresponden a los usuarios actuales pagar por modernizaciones que benefician en parte a comunidades específicas o debería asumirlo la compañía (y sus accionistas) si la infraestructura deja de considerarse esencial para el portafolio energético general? Reguladores estatales han mostrado reticencia a permitir que Consumers cargue a sus clientes costos que perciben como no plenamente justificables.

Por su parte, la fiscal general del estado, Dana Nessel, ha pedido a la Comisión de Servicios Públicos de Michigan que no autorice aumentos vinculados a sobrecostos e instó a acelerar el proyecto con transparencia sobre quién asume los gastos. Su oficina planteó que permitir a Confluence aumentar el precio por sobrecostos equivaldría a otorgar “un cheque en blanco” a expensas de los clientes (puente informativo: Bridge Michigan).

Perspectivas y preguntas abiertas

La situación plantea varias preguntas que pronto deberán resolverse ante instancias regulatorias y políticas: ¿Puede confiarse el mantenimiento de infraestructura crítica a una empresa privada con menos escrutinio público? ¿Es razonable que consumidores asuman facturas por obras principalmente motivadas por estándares federales actualizados? ¿Son las medidas temporales suficientes para garantizar la seguridad mientras se tramita una venta?

FERC, como regulador técnico, establece criterios claros para la clasificación de peligro y la capacidad de sortear el PMF; su reciente actualización de estimaciones es parte de una tendencia nacional a revisar riesgos hidrológicos frente a nuevos datos climáticos y de modelado. En paralelo, la decisión sobre la venta implicará evaluaciones económicas y sociales que exceden la ingeniería: tocan territorio político, legal y comunitario.

Lo que pueden esperar los residentes

• Audiencias regulatorias y oportunidades públicas de comentario: los procesos federales y estatales suelen incluir plazos para que municipios, grupos de consumidores y organizaciones ambientales presenten opiniones.
• Posibles medidas temporales adicionales: desde drawdowns más largos hasta restricciones en uso recreativo en caso de orden de seguridad.
• Negociaciones sobre tarifas: si se aprueba la venta y el contrato de compra de energía, es muy probable que se discutan mecanismos para mitigar el impacto tarifario en consumidores vulnerables.

En última instancia, el caso Hardy resume un conflicto cada vez más común en Estados Unidos: la interacción entre infraestructura centenaria, nuevas exigencias regulatorias por seguridad y clima, y una economía energética donde la privatización y la gestión por terceros compiten con la protección del interés público. La respuesta que den las autoridades y los reguladores en Michigan podría servir de antecedente para situaciones similares en otras cuencas del país.

Fuentes consultadas: reportes y entrevistas publicados por Bridge Michigan sobre la propuesta de Consumers Energy y declaraciones de grupos comunitarios y reguladores estatales. Para referencias sobre los estándares de FERC en presas de alto peligro y manejo del probable maximum flood, ver la normativa y publicaciones técnicas de la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC): https://www.ferc.gov/.