Build America, Buy America: la paradoja que frena la construcción de vivienda asequible en EE. UU.

La ley Build America, Buy America (BABA) llegó con promesas atractivas: recuperar empleos manufactureros, fortalecer la cadena productiva nacional y asegurarse de que el dinero público compre productos hechos en Estados Unidos. El resultado, sin embargo, ha expuesto una tensión aguda entre política industrial y necesidad urgente de vivienda asequible. En muchas iniciativas financiadas con fondos federales, desde sistemas HVAC hasta ventiladores de techo, se exige el sello "Made in the USA"; cuando esos insumos no existen en el mercado nacional, los proyectos quedan paralizados mientras esperan exenciones o reformulan pedidos, con costos crecientes y demoras que afectan a las familias que esperan una vivienda digna.

¿Qué es exactamente BABA y por qué importa?

BABA fue promulgada como parte de la ley de inversión en infraestructuras de 2021 (Infrastructure Investment and Jobs Act) con el objetivo explícito de priorizar productos y materiales de origen estadounidense en proyectos financiados con fondos federales. La idea no es nueva: a lo largo de la historia estadounidense se han implementado políticas para proteger o promover la industria doméstica en momentos de crisis económica o reconstrucción industrial.

El principal efecto esperado de BABA es redirigir dólares públicos hacia fábricas y cadenas de suministro nacionales, creando empleos locales y reduciendo dependencia de importaciones. Pero las industrias tardan en ajustarse: no todos los productos (sobre todo los manufacturados con procesos intensivos de ensamblaje o mano de obra a bajo costo) disponen de proveedores competitivos dentro del país.

El cuello de botella en la vivienda asequible

En el terreno, el cumplimiento estricto de BABA implica que numerosos materiales y componentes usados cotidianamente en proyectos de vivienda asequible deben ser producidos en EE. UU. Para muchos desarrolladores sin alternativa nacional disponible, la vía es solicitar waivers o exenciones a la agencia responsable: el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

El problema es que el proceso de exenciones se ha vuelto lento y opaco. Desarrolladores y organizaciones sin fines de lucro reportan esperas de meses —en muchos casos superiores a medio año— para que HUD autorice excepciones o confirme el cumplimiento. Mientras tanto, pedidos quedan en suspenso, contratos se retrasan y los precios suben: el efecto acumulado reduce la cantidad de unidades terminadas y encarece la solución habitacional para familias de bajos ingresos.

Impactos humanos y ejemplos concretos

El retraso en aprobaciones no es un problema administrativo aislado: repercute en personas y comunidades. Personas mayores, familias con ingresos limitados y quienes buscan vivienda estable se enfrentan a listas de espera más largas. En proyectos comunitarios, directores ejecutivos de organizaciones dedicadas a la construcción de vivienda asequible han tenido que posponer compras de materiales —como madera o electrodomésticos— e incluso rediseñar especificaciones a la espera de respuestas formales de HUD.

Los costos no son menores: consultores despedazando catálogos y verificando el origen de cientos de productos, horas de personal dedicadas a trámites y cambios logísticos —todo ello incrementa el presupuesto. Algunas desarrolladoras han reportado gastos adicionales en consultoría superiores a los decenas de miles de dólares, y otras estiman impactos todavía más altos en proyectos concretos.

Restricciones y flexibilidad previstas por la ley

BABA prevé ciertos mecanismos de flexibilidad: las exenciones pueden concederse si cumplir con el requisito nacional aumentaría el costo total del proyecto en más de un 25% o si un insumo representa solo una fracción muy pequeña del costo total. No obstante, muchos desarrolladores aseguran que esos márgenes resultan insuficientes para cubrir el conjunto de artículos no disponibles en el mercado interno.

Además, la ley exige documentación probatoria para certificar el origen de materiales y justificar exenciones, y esa exigencia técnica se ha convertido en una carga pesada cuando la agencia encargada —según reportes del sector— no dispone de procedimientos ágiles o personal suficiente para procesar las solicitudes con rapidez.

¿Quiénes se benefician y quiénes pierden?

Grupos sindicales y defensores de la industria manufacturera han celebrado BABA, argumentando que el uso de fondos públicos para comprar materiales nacionales estimula empleos y fortalece capacidades productivas locales. Para estos actores, las demoras no deberían conducir a renuncias al objetivo de la política; en cambio, apuestan por un ajuste del sector para cubrir la demanda.

Por su parte, desarrolladores, agencias estatales de vivienda y organizaciones sin fines de lucro que construyen vivienda para poblaciones vulnerables se sienten atrapados: aceptar financiamiento federal conlleva condiciones que en la práctica pueden hacer inviable un proyecto o disminuir el número de unidades. Algunos han empezado a evitar fondos federales, buscar esquemas más pequeños fuera de los umbrales que desencadenan BABA o reducir la escala de sus iniciativas para esquivar requisitos, con lo cual se pierde capacidad constructiva a gran escala.

Lo que dicen los expertos y propuestas de solución

El diagnóstico recurrente entre expertos del sector es doble: la política en sí puede ser válida como estrategia industrial, pero su implementación en sectores sensibles —como la vivienda asequible— requiere mayor pragmatismo y velocidad administrativa. En particular, piden:

• Procesos de exención más ágiles y transparentes, con plazos máximos para la respuesta.
• Orientación técnica clara sobre documentación y criterios de elegibilidad, para reducir el trabajo duplicado y los costos de verificación.
• Evaluaciones de capacidad industrial previa a exigir cumplimiento estricto, identificando productos críticos que claramente no tienen abastecimiento nacional suficiente.
• Mecanismos temporales de flexibilidad para proyectos de vivienda asequible mientras la oferta manufacturera se ajusta a la demanda prevista.

Un enfoque intermedio insertaría incentivos para construir capacidad nacional en sectores puntuales (por ejemplo, electrodomésticos básicos o ciertos sistemas mecánicos) junto con reglas transitorias que eviten sacrificar la construcción de vivienda urgente por una implementación rígida de la política industrial.

Contexto histórico y cifras

La preocupación por la disponibilidad de vivienda asequible en EE. UU. no es nueva. Estimaciones del Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard han señalado durante años que millones de hogares —especialmente personas mayores y familias de bajos ingresos— enfrentan dificultades para costear una vivienda adecuada. Por ejemplo, los informes del centro han documentado déficits importantes en vivienda asequible y una presión creciente sobre los alquileres en las últimas décadas (fuente relacionada: Joint Center for Housing Studies, Harvard).

Por su parte, la Infrastructure Investment and Jobs Act de 2021 incluyó BABA como parte de una agenda mayor para reactivar inversión pública en infraestructuras y manufactura. La coordinación entre agencias federales para la implementación de BABA ha variado, y las experiencias de desarrolladores muestran que la ejecución práctica puede divergir significativamente de la intención legislativa.

¿Qué está en juego?

La disyuntiva es nítida: priorizar la compra de productos nacionales puede fortalecer empleos y la resiliencia industrial, pero si ese objetivo paraliza o encarece proyectos que dan techo a personas en situación de vulnerabilidad, la política pública se enfrenta a un costo social inmediato. El verdadero desafío reside en diseñar procesos que permitan ambos objetivos: una transición ordenada hacia mayor producción nacional sin sacrificar la construcción de viviendas necesarias hoy.

En el corto plazo, la recomendación más repetida por actores del sector es la mejora administrativa: más personal capacitado en las agencias, plazos de resolución de exenciones, guías técnicas claras y una ventana de flexibilidad para proyectos de vivienda asequible mientras la oferta manufacturera se adapta. En el mediano y largo plazo, es imprescindible coordinar incentivos industriales con metas de política social para que la fabricación nacional crezca de forma que pueda abastecer las necesidades reales de la infraestructura y la vivienda.

La historia de BABA en la práctica todavía se está escribiendo. Si no se ajusta con celeridad, las demoras y sobrecostos corren el riesgo de traducirse en menos casas construidas, más familias en listas de espera y un conflicto entre objetivos que, en apariencia, deberían complementarse: fortalecer la manufactura estadounidense y garantizar vivienda digna para quienes más la necesitan.