Centros de fusión en California: fiscalización, privacidad y el debate sobre seguridad interna

Los centros de fusión —instalaciones donde agencias federales, estatales y locales comparten información— vuelven a estar bajo escrutinio en California. Esta semana, el Comité Conjunto de Auditoría Legislativa aprobó por mayoría una auditoría para investigar el funcionamiento de tres de esos centros: San Francisco, Sacramento y Los Ángeles (también se revisarán Santa Ana y San Diego en el contexto estatal). La decisión reaviva un debate que lleva más de dos décadas: ¿son estas entidades eficaces para prevenir amenazas y terrorismo o se han convertido en infraestructuras de vigilancia que vulneran derechos civiles?

Origen y propósito de los centros de fusión

Los centros de fusión surgieron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 como respuesta a la necesidad de mejorar la colaboración entre distintas agencias. Financiados inicialmente con fondos federales y con personal mixto —federal, estatal y local— su objetivo declarado fue consolidar información para detectar y prevenir amenazas a la seguridad nacional y pública.

Sin embargo, investigaciones y auditorías a nivel nacional han planteado dudas sobre su eficacia. Un informe del Congreso de 2012 concluyó que el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional a estos centros “ha resultado en pocos beneficios para la inteligencia antiterrorista federal y ha planteado riesgos para las libertades civiles y la privacidad” (House Committee report, 2012). Más recientemente, estudios de centros de pensamiento como el Brennan Center for Justice han señalado que la contribución de estos centros a la lucha antiterrorista ha sido limitada y en ocasiones han etiquetado movimientos civiles legítimos como potenciales amenazas.

¿Por qué ahora California pide una auditoría?

La petición formal para revisar los centros de fusión en California fue presentada por la senadora Sabrina Cervantes. Según Cervantes, existen indicios de que estos centros han facilitado prácticas que contravienen leyes estatales, especialmente en materia de cooperación con agencias federales de inmigración. En su petición cita reportes como el de la Surveillance Technology Oversight Project (2024), que documentaron casos en los que los centros compartieron información con agencias como ICE.

En la audiencia reciente, defensores de la privacidad —entre ellos la ACLU, la Electronic Frontier Foundation y Oakland Privacy— argumentaron que la auditoría es necesaria para comprobar si los centros siguen su mandato original o si se han transformado en “infraestructuras de vigilancia” sin la supervisión adecuada. “No estoy buscando prohibir los centros de fusión. Busco transparencia”, dijo Cervantes durante la sesión. “40 millones de californianos merecen saber si estos centros están cumpliendo su propósito o si son operaciones de inteligencia sin rendición de cuentas”.

Casos concretos y preocupaciones

• Compartición de bases de datos: investigaciones de CalMatters revelaron episodios donde datos de matrículas (license plate readers) fueron compartidos con ICE o la Patrulla Fronteriza, una práctica que puede violar la ley estatal que limita la cooperación en materia migratoria.
• Facial recognition y tecnología invasiva: se han documentado incidentes en los que fuerzas locales solicitaron apoyo a un centro de fusión para acceder a tecnologías que, de otra forma, estarían restringidas a su uso por parte de esas fuerzas.
• Clasificación de activistas: reportes del Brennan Center y otras entidades han mostrado tendencias a catalogar a activistas de justicia racial, ambientales o pro-derechos reproductivos como potenciales ‘extremistas’, lo que plantea riesgos por criminalizar la disidencia.

Contrapesos y argumentos a favor

Los defensores de los centros de fusión sostienen que en un mundo con amenazas transnacionales y emergentes —terrorismo, ciberdelitos, crimen organizado— la colaboración y el intercambio de información son esenciales. Carl DeMaio, legislador republicano en la comisión, calificó la auditoría como una “caza de brujas política” y subrayó que ahora, con el escenario internacional tenso (por ejemplo el conflicto en Medio Oriente), es imprudente debilitar herramientas de seguridad local.

Además, autoridades locales y federales enfatizan que los centros permiten respuestas más rápidas y coordinación entre agencias durante incidentes críticos, desde atentados hasta emergencias naturales. En apoyo de esta posición se citan ejemplos donde la colaboración facilitó investigaciones sobre crimen organizado u operaciones transregionales.

Evaluaciones académicas y prácticas: ¿funcionan?

La literatura académica es amplia y a menudo crítica. Un estudio de 2022 coescrito por el exagente del FBI Mike German para el Brennan Center concluyó que la evidencia de que los centros hayan contribuido materialmente a prevenir terrorismo es escasa. El estudio subraya, además, el riesgo de que recursos y atención se desvíen de prioridades reales hacia vigilancia de movimientos civiles.

Un dato relevante: según el propio Departamento de Seguridad Nacional y evaluaciones públicas, muchas unidades locales reportaron que la información producida por centros de fusión rara vez derivaba en investigaciones federales significativas. Esta brecha entre expectativas y resultados ha alimentado la desconfianza pública.

Transparencia, rendición de cuentas y soluciones técnicas

Si el objetivo de la auditoría es buscar equilibrio entre seguridad y libertades civiles, hay varias reformas que suelen proponerse en debates técnicos y legislativos:

1. Políticas claras de uso de datos: limitar y documentar qué información se comparte y bajo qué criterios, con registros de acceso auditables.
2. Supervisión independiente: auditorías periódicas por entes estatales o civiles para evaluar cumplimiento legal y eficacia, como busca la petición actual.
3. Protecciones contra abusos: sanciones por uso indebido de datos, y procedimientos para el borrado o contención cuando se determine que la información fue recopilada indebidamente.
4. Transparencia pública razonable: informes desclasificados que permitan a la ciudadanía conocer el alcance y resultados de la actividad sin comprometer investigaciones activas.
5. Capacitación y límites en tecnologías de vigilancia: restricciones en el uso de reconocimiento facial y otros sistemas cuando su eficacia y riesgo para derechos no estén claramente justificados.

¿Qué buscará la auditoría de California?

El alcance anunciado incluye, entre otros puntos: violaciones de autoridad legal y de políticas en la última década; qué personal estatal y local está asignado a los centros; qué empresas privadas colaboran con ellos; y qué oficiales supervisan las actividades para garantizar cumplimiento con las leyes estatales. Es una revisión de gobernanza, prácticas operativas y relaciones público-privadas que intentará arrojar luz sobre procedimientos poco transparentes.

Implicaciones para el resto del país

California es el estado más poblado de EE. UU. y suele marcar tendencias en políticas públicas. Un auditoría detallada que concluya en fallas sistémicas puede impulsar reformas en otros estados o a nivel federal. Por el contrario, si la revisión confirma que los centros actúan bajo controles adecuados, podría reforzar el argumento de mantener y posiblemente expandir este tipo de colaboración interagencial.

Como resumen reflexivo: la auditoría responde a una tensión legítima y duradera. La pregunta no es si merece existir cooperación entre agencias —esa respuesta es sí— sino cómo asegurar que esa cooperación no erosione derechos fundamentales. La decisión del comité legislativo de avanzar con la auditoría coloca en primer plano la necesidad de transparencia, supervisión y reglas claras en un área donde la opacidad ha sido la norma.

La discusión en California será, sin duda, seguida de cerca por defensores de la privacidad, autoridades de seguridad y legisladores de otros estados. En tiempos de amenazas complejas y tecnologías cada vez más potentes, el desafío es diseñar instituciones que protejan a la vez la seguridad y las libertades civiles; la auditoría podría ser un paso necesario para encontrar ese equilibrio.