Trabajar sin cobrar: el ciclo que pone en riesgo la seguridad y la confianza en los aeropuertos de EE. UU.

Los nombres cambian: Aviation Funding Solvency Act, Keep America Flying Act, Keep Air Travel Safe Act, Aviation Funding Stability Act. El objetivo es siempre el mismo: asegurar que los empleados federales esenciales para la aviación —controladores de tráfico aéreo, agentes de la Transportation Security Administration (TSA) y personal clave de la Federal Aviation Administration (FAA)— sigan recibiendo su salario si el gobierno federal entra en un cierre (shutdown). Pese a que muchas de estas iniciativas han sido bipartidistas y recurrieron con cierta frecuencia en los últimos años, suelen quedar paralizadas en comités o perder impulso una vez que la crisis inmediata termina.

Un patrón repetido

Desde el cierre parcial que afectó la temporada navideña en 2019, los legisladores han redactado y vuelto a introducir diversas propuestas para proteger el pago de quienes deben seguir cumpliendo sus funciones aun cuando el Congreso no apruebe los presupuestos a tiempo. Sin embargo, la dinámica política y la memoria corta del público —según expertos— convierten estas soluciones en promesas superficiales más que en cambios institucionales duraderos.

El profesor Eric Chaffee, de Case Western Reserve, especializado en gestión de riesgos en aviación, resumió esta conducta: “Una vez que la crisis termina, la gente asume que los buenos tiempos han vuelto. Es fácil aprobar la próxima gran ley cuando estás en medio de la crisis financiera, pero una vez que el cierre se resuelve, la gente tiene una memoria relativamente corta sobre los problemas que creó” (AP).

Consecuencias reales: personal sin salario, vuelos reducidos, seguridad en tensión

Los cierres presupuestarios han tenido efectos palpables. El cierre de 35 días en la administración de 2019 provocó demoras importantes en aeropuertos del este y esperas prolongadas en los controles de seguridad, porque controladores y agentes seguían trabajando sin pagar. El récord reciente lo marcó el cierre de 43 días del otoño pasado, que llevó a la FAA a ordenar recortes en vuelos en 40 aeropuertos por ausencias no programadas e incremento de riesgos operativos.

Según comunicaciones internas y reportes públicos, durante ese episodio miles de empleados comenzaron a faltar a sus turnos diariamente conforme aumentaba el desgaste financiero. La FAA llegó a intervenir argumentando que la ausencia de personal ponía en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas.

Voces de la primera línea

El descontento y el estrés entre el personal son evidentes. Carlos Rodríguez, agente de la TSA y líder sindical en Nueva York, expresó: “Parte del sueño americano que me vendieron fue que trabajar para el gobierno era honorable y estable. Pero esto no es honorable ni estable” (AP). Por su parte, Johnny Jones, secretario-tesorero de la división de la TSA de la American Federation of Government Employees, describió la sensación de instrumentalización: “Nosotros estamos en el tablero de ajedrez” (AP).

Historias de empleados durmiendo en sus coches, vendiendo bienes para pagar la renta o acumulando deudas para llegar a fin de mes se convirtieron en la cara humana de una disputa legislativa que, en la práctica, utiliza a servidores públicos como peones en la lucha política por el control del presupuesto.

Propuestas sobre la mesa y por qué no avanzan

Hay varias iniciativas—algunas restrictivas y otras más amplias—que pretenden resolver el problema:

• Aviation Funding Stability Act: protegía el pago de controladores de tráfico aéreo en cierres (introducida en 2019, 2021 y 2025).
• Aviation Funding Solvency Act: otra versión bipartidista que buscaba asegurar la solvencia de financiamiento para la aviación tras un cierre.
• Keep Air Travel Safe Act: presentada en octubre, extiende la protección a agentes de la TSA.
• Keep America Flying Act: de octubre también, cubriría tanto a agentes de la TSA como a ciertos empleados de la FAA.
• Shutdown Fairness Act: una propuesta más amplia, buscaba asegurar el pago de trabajadores federales esenciales en todo el gobierno.

A pesar del respaldo bipartidista en algunos casos (por ejemplo, la Aviation Funding Act de 2019 tuvo 13 coautores en el Senado y una versión en la Cámara llegó a reunir más de 300 copatrocinadores), estas leyes suelen estancarse en comités o perder prioridad una vez que el cierre finaliza. Los motivos son varios: prioridades legislativas cambiantes, polarización política y la falta de presión continua del electorado cuando las filas en los aeropuertos vuelven a la normalidad.

La presión desde la industria y los sindicatos

Ante la repetición del problema, coaliciones de la industria y sindicatos han intensificado sus llamados. La Modern Skies Coalition, que agrupa a más de 60 organizaciones del sector, instó al Congreso a actuar “para acabar con esta disfunción de una vez por todas” y señaló las iniciativas mencionadas como vías posibles. Chris Sununu, presidente ejecutivo de Airlines for America (en un artículo de opinión), pidió a los legisladores que “se sienten en la mesa inmediatamente” y pasen una ley que evite escenas de pasajeros frustrados y terminales desbordadas (Washington Times, citado por AP).

Asimismo, la AFGE y más de 30 sindicatos urgieron al Congreso a aprobar el Shutdown Fairness Act, advirtiendo que los cortes de financiación dañan la moral, reclutamiento y retención del personal.

El argumento fiscal y el debate político

Los opositores a legislar pagos garantizados durante cierres suelen argumentar que la medida podría reducir la presión política para resolver disputas presupuestarias, al eliminar un costo político inmediato del cierre. En otras palabras, si los empleados esenciales siempre saben que cobrarán, los impasses presupuestarios tendrían menos consecuencias visibles y la urgencia para negociar disminuiría.

Los defensores contrarrestan que la seguridad y la estabilidad del transporte aéreo no deben usarse como moneda de cambio. La experiencia demuestra que cuando empleados esenciales trabajan sin salario aumentan los riesgos operativos y se deteriora la capacidad de respuesta del sistema ante emergencias.

Impacto en la seguridad operacional y en la economía

Más allá del coste humano, hay efectos operativos y económicos medibles. La decisión de la FAA, en el cierre que llevó a recortes de vuelos en 40 aeropuertos, implicó redistribución de recursos, reprogramación de vuelos y costos adicionales para aerolíneas y pasajeros. Los retrasos y cancelaciones elevan el gasto en combustible, alojamiento para tripulaciones, y generan compensaciones y pérdida de confianza de los viajeros. Según estadísticas anteriores de la Bureau of Transportation Statistics (BTS), los retrasos y cancelaciones masivas pueden costar a la economía miles de millones en productividad perdida y gastos directos —una cifra variable según el episodio, pero con impacto significativo en temporadas altas.

¿Qué solución es viable y cuáles son los obstáculos prácticos?

Las alternativas prácticas incluyen:

• Legislar pagos garantizados para grupos específicos (TSA, controladores de tráfico aéreo, personal esencial de FAA) mediante fondos de emergencia o mecanismos de financiamiento permanentemente autorizados.
• Crear un fondo de contingencia independiente que asegure liquidez para nóminas críticas durante los cierres, administrado por una autoridad con mandato operativo limitado.
• Incluir cláusulas en la legislación de presupuesto que automaticen la continuidad de pago para empleados esenciales hasta que se resuelva la financiación anual.

Cada opción tiene desafíos: resistencia política por preocupaciones sobre incentivos, cuestiones legales relativas a la jurisdicción constitucional sobre gastos y la necesidad de consenso para aprobar cambios normativos. Además, al ampliar la cobertura más allá de la aviación (como propone el Shutdown Fairness Act), aumenta la complejidad política y fiscal.

Romper el ciclo: de la indignación temporal a la solución permanente

La experiencia sugiere que las propuestas avanzan cuando hay presión sostenida del público y de actores afectados. En ese sentido, los sindicatos y la industria han intentado mantener la atención con cartas abiertas, anuncios y campañas públicas. Pero, como advirtió Chaffee, la política es de ciclos y la atención disminuye cuando las colas de seguridad se acortan y los vuelos vuelven a la normalidad.

Un enfoque estratégico para quienes buscan el cambio sería combinar medidas técnicas (fondos de emergencia, automatismos legales) con una narrativa pública constante sobre seguridad y coste económico, que haga políticamente costoso ignorar la cuestión. El apoyo bipartidista es posible; pruebas de ello son los numerosos copatrocinadores que han tenido proyectos anteriores. La pregunta es si ese apoyo puede transformarse en acción legislativa definitiva en un ambiente político altamente polarizado.

Reflexión final: la seguridad no debe depender de la política del momento

El transporte aéreo es una infraestructura crítica cuyo funcionamiento seguro depende de miles de trabajadores que, en muchos casos, no pueden elegir no presentarse sin poner en riesgo el sistema. Convertir su salario en un instrumento táctico de negociación presupuestaria no solo afecta a esos trabajadores y a sus familias, sino que erosiona la resiliencia del sistema y la confianza pública. Si la sociedad valora aeropuertos eficientes y seguros, la continuidad de pago durante crisis presupuestarias debería ser una prioridad legislativa sostenida, no una promesa que reaparece solo entre cierres y desaparece con ellos.

Fuentes citadas: artículos y testimonios recopilados por la agencia AP sobre cierres presupuestarios y propuestas legislativas (AP News); declaraciones públicas de la Modern Skies Coalition y Airlines for America (citadas en reportes periodísticos). Para datos históricos sobre cierres y su impacto operacional en aeropuertos, ver la colección de reportes de la Federal Aviation Administration y la Bureau of Transportation Statistics (BTS).