¿Un giro en la vigilancia genética? El debate sobre la recolección de ADN a inmigrantes en Georgia

El proyecto de ley en Georgia que propone tomar muestras de ADN a inmigrantes detenidos incluso por delitos menores ha encendido un debate que cruza lo jurídico, lo ético y lo político. Más allá de su impacto local, la propuesta se inscribe en una tendencia nacional: la expansión del uso de la genética forense por parte de agencias federales y estatales. ¿Qué implicaciones tiene esta medida para la privacidad, la igualdad ante la ley y la eficacia en la investigación criminal?

Contexto y alcance de la propuesta

La iniciativa en el Senado estatal de Georgia obligaría a que las fuerzas del orden recojan muestras de ADN de personas acusadas de cualquier delito —misdemeanors o felonías— siempre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) haya emitido una solicitud de detención (detainer) y no haya recogido al individuo en un plazo de 48 horas. En la práctica, eso podría significar que infracciones relativamente leves —como algunas sanciones de tráfico que en otros estados son civiles— deriven en la obtención de material genético, pero solo cuando el sospechoso esté sujeto a una presunción de condición migratoria irregular.

Los defensores del proyecto, como el senador estatal Tim Bearden, aseguran que la medida es una herramienta para resolver crímenes: “La tecnología está cambiando rápidamente y el ADN es una de esas cosas que nos ayudan enormemente a llevar justicia a las víctimas”, declaró Bearden durante una audiencia en marzo.

Un patrón nacional: expansión de perfiles genéticos

La recolección masiva de perfiles genéticos no es una ocurrencia nueva en Estados Unidos. El FBI lanzó en 1998 el National DNA Index System (NDIS) para compilar muestras aportadas por autoridades federales, estatales y locales. Hoy, ese índice contiene decenas de millones de perfiles. Según datos citados por expertos, la base de datos supera los 26 millones de perfiles (Center on Privacy & Technology, análisis del NDIS).

En 2006, una ley federal amplió la posibilidad de recolectar ADN de personas arrestadas, y en 2013 la Corte Suprema de EE. UU. validó la recolección de ADN de acusados —no condenados— en un caso de Maryland, siempre que existiera causa razonable y el perfil se eliminara si la persona no era condenada. Sin embargo, las particularidades del derecho migratorio y las detenciones por inmigración han abierto nuevos frentes legales y prácticos.

¿Por qué preocupa esta medida a los defensores de derechos civiles?

• Discriminación y sistema de dos niveles: Organizaciones y especialistas advierten que la ley crea un régimen distinto para inmigrantes —o para quienes se percibe como inmigrantes— frente a ciudadanos. Kyle Gomez-Leineweber, director de políticas de Common Cause Georgia, señaló que la norma “crea un sistema de dos niveles donde el ADN se recolecta en función de la percepción del estatus migratorio”.
• Presunción de inocencia y Cuarta Enmienda: Expertos legales cuestionan si las solicitudes de detención federales (detainers) cumplen el umbral de causa probable necesario para autorizar muestras genéticas sin orden judicial. Jorge Loweree, del American Immigration Council, afirmó: “No parece haber una justificación significativa para que los estados obliguen la recolección de material genético de no ciudadanos en custodia por simples acusaciones” (American Immigration Council).
• Vulnerabilidad de personas que luego resultan inocentes o legalmente residentes: Muchos sujetos a detainer pueden probar su estatus legal después; aun así, podrían haber sido sometidos a extracción de ADN. Esto plantea dudas sobre la retención, uso futuro y eliminación de esos datos.

Impacto real en la seguridad pública: ¿solución o exceso?

Quienes respaldan la medida sostienen que más perfiles equivalen a mayor capacidad para resolver delitos. Es cierto que comparaciones genéticas han sido críticas en innumerables investigaciones forenses: identificar sospechosos a partir de muestras biológicas en la escena del crimen es ahora procedimiento habitual. Pero el vínculo entre delitos menores (por ejemplo, una multa por un foco trasero roto) y la utilidad del ADN para resolver otros crímenes es, en muchos casos, tenue.

Mazie Lynn Guertin, de la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Georgia, observa que “la correlación entre una luz trasera rota y un crimen resoluble con ADN es, en la mayoría de los casos, bastante atenuada”. En otras palabras, la recolección indiscriminada puede ser una herramienta ineficiente para fines de seguridad pública y, a la vez, costosa y lesiva para derechos civiles.

Cuestiones técnicas y logísticas

Recolectar ADN de millones implica costos, infraestructura y protocolos estrictos para evitar errores de cadena de custodia, contaminación o uso indebido. Además, está la pregunta de quién controla el acceso a la base de datos y con qué fines secundarios podrían emplearse esos datos (por ejemplo, cruces con registros civiles, investigaciones administrativas, vigilancia poblacional).

En 2020 y años subsecuentes, cambios en políticas federales facilitaron que miles de perfiles de inmigrantes detenidos se añadieran a bases de datos nacionales: el Departamento de Seguridad Nacional incorporó más de 2.6 millones de perfiles de detenidos en un periodo reciente, según análisis del Center on Privacy & Technology (Center on Privacy & Technology, Georgetown University).

Marco legal y precedentes judiciales

La jurisprudencia ofrece puntos de apoyo y límites. La decisión de la Corte Suprema en 2013 (Maryland v. King) avaló la recolección de ADN tras un arresto por ciertos delitos graves, pero dejó abierto el debate sobre la proporcionalidad y las garantías procesales. La expansión hacia arrestos por delitos menores y, sobre todo, la focalización por estatus migratorio, es una zona gris que probablemente provoque litigios y apelaciones a tribunales estatales y federales.

Además, las normas estatales difieren: solo 10 estados recolectan ADN de ciertos arrestados por delitos menores; ninguno lo hace para todos los arrestos. Florida y Oklahoma han aprobado leyes con enfoques agresivos hacia la recolección genética de inmigrantes, y Georgia podría sumarse a esa lista.

Perspectiva ética y social

Más allá de la legalidad, está la legitimidad social. La recolección basada en la percepción de la condición migratoria alimenta desconfianza entre comunidades vulnerables, retrae la cooperación con la policía y puede disuadir a testigos o víctimas de denunciar delitos por temor a consecuencias migratorias. Asimismo, coloca a grupos específicos bajo mayor vigilancia genética, con consecuencias a largo plazo para su privacidad y libertad.

Stevie Glaberson, directora de investigación y defensa en el Center on Privacy and Technology, resumió el temor de muchos expertos: “Es un ejemplo de cómo actores gubernamentales en todos los niveles están aspirando ADN en todos los contextos disponibles” (Center on Privacy & Technology).

Alternativas y preguntas que merecen respuesta

1. ¿Se puede limitar la recolección a delitos graves con orden judicial, protegiendo así la proporcionalidad y la presunción de inocencia?
2. ¿Qué mecanismos de transparencia y supervisión existirán sobre quién accede a las bases de datos y con qué fines?
3. ¿Se garantizará la eliminación de perfiles cuando una persona sea absuelta o no procesada?
4. ¿Cómo se mitigarán los riesgos de uso discriminatorio o de ampliación de fines que no estén directamente vinculados a investigaciones criminales?

Reflexión final: balancear seguridad y derechos

La tensión entre innovación tecnológica y protección de derechos no es nueva, pero la genética forense plantea retos singulares: el ADN no es solo información para resolver crímenes; contiene rasgos hereditarios, parentescos y, potencialmente, pistas sobre la salud. Las políticas públicas deben ponderar la eficacia policial frente a riesgos duraderos para la privacidad y la equidad. Si la finalidad es mejorar la seguridad, ello requiere reglas claras, límites suficientes y supervisión independiente para evitar que la herramienta se convierta en un instrumento de discriminación.

Georgia está en la antesala de una decisión que puede marcar un precedente. La discusión no solo es jurídica, sino profundamente social: qué tipo de sociedad estamos dispuestos a construir en nombre de la seguridad.