Demanda en EE. UU. acusa a veteranos estadounidenses de mercenarismo en Yemen: el caso contra Spear Operations y el papel de los Emiratos

La reciente demanda presentada en un tribunal federal de San Diego por el parlamentario yemení Anssaf Ali Mayo ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno inquietante: la contratación de exmilitares de Estados Unidos por organizaciones privadas para ejecutar operaciones letales en zonas de conflicto. Según la querella, exejecutivos y empleados de la firma Spear Operations Group fueron contratados por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para formar parte de una campaña de asesinatos dirigida contra opositores políticos en Yemen, incluido el propio Mayo.

¿Qué alega la demanda?

La demanda, desvelada recientemente, acusa a la empresa Spear Operations y a varias personas vinculadas a ella —entre ellas Abraham Golan, fundador y director ejecutivo— de participar en un programa de contrataciones que incluyó intentos de asesinato, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El escrito sostiene que la firma fue pagada por los Emiratos con hasta 1,5 millones de dólares al mes, más incentivos por operaciones exitosas.

Entre los nombres señalados aparecen exmilitares estadounidenses destacados: Isaac Gilmore, ex Navy SEAL que habría llegado a ser director operativo de Spear, y Dale Comstock, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. Según la demanda y reportes previos, los acusados habrían admitido su papel en la campaña. Un extracto recogido por medios indica: “Había un programa de asesinatos dirigido en Yemen. Yo lo dirigía. Lo hicimos. Estaba sancionado por los EAU dentro de la coalición” —palabras atribuidas a Golan en una entrevista— (fuente: informe periodístico sobre declaraciones públicas).

Contexto: por qué Yemen y por qué los Emiratos

El conflicto en Yemen escaló notablemente a partir de 2015, cuando una coalición regional liderada por Arabia Saudí e integrada por los Emiratos intervino en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente frente a los rebeldes hutíes, quienes habían tomado Sanaa y partes amplias del norte. El país se ha convertido en la mayor crisis humanitaria del siglo XXI: según la ONU, millones de personas han sufrido inseguridad alimentaria y el sistema sanitario colapsó durante años de combates y bloqueo.

En ese marco, los Emiratos desarrollaron intereses estratégicos particulares en el sur de Yemen y consideraron a varios actores políticos, como el partido Al-Islah, como obstáculos a sus objetivos. Si bien los EAU han declarado que apoyaron operaciones contra grupos afiliados al terrorismo, han negado apuntar deliberadamente contra oponentes políticos.

El papel de exmilitares: del servicio legítimo al mercenarismo

La utilización de exmiembros de fuerzas armadas en operaciones privadas no es nueva, pero ha adquirido mayor visibilidad desde la proliferación de contratistas militares privados (PMCs) en conflictos recientes. La demanda alega que muchos de los empleados de Spear eran veteranos de unidades de élite, cuya pericia en tácticas y logística los convirtió en objetivos deseables para actores estatales que buscaban operaciones discretas y fuera de las reglas de compromiso convencionales.

Daniel McLaughlin, director legal del Center for Justice & Accountability, citado en la demanda, señaló que “nuestro gobierno tiene el deber de regular cómo los antiguos miembros de nuestras fuerzas armadas usan su entrenamiento y experiencia, y la responsabilidad de sancionarlos cuando cometen delitos”. Esta visión refleja una tensión persistente: ¿cómo evitar que capacitación estatal sea reutilizada para fines que vulneran derechos humanos?

Herramientas legales: la Ley de Agravios de Extranjería (Alien Tort Statute)

Mayo no reside en EE. UU., pero su demanda se apoya en el llamado Alien Tort Statute (ATS), una ley estadounidense centenaria que permite a extranjeros presentar demandas en tribunales federales por violaciones de derecho internacional —como tortura, crímenes de guerra o delitos contra la humanidad— cometidas fuera del territorio estadounidense. En el pasado, el ATS fue invocado en casos de violaciones internacionales, aunque su alcance ha sido restringido por fallos judiciales en las últimas décadas.

Usar el ATS en un caso que implica a exmilitares estadounidenses y clientes extranjeros plantea preguntas complejas sobre jurisdicción, responsabilidad individual y la posibilidad real de enjuiciar actos cometidos en escenarios extranjeros.

Hechos concretos señalados en la demanda

• El documento alega que en diciembre de 2015 se colocaron artefactos explosivos en el edificio de oficinas de Mayo en Adén; él escapó minutos antes de la detonación y luego viajó al exilio.
• Se asegura que la empresa fue pagada mensualmente para mantener operaciones constantes y que había bonificaciones por asesinatos exitosos.
• Varios de los acusados habrían mantenido reuniones en Estados Unidos para planificar operaciones en Yemen, lo que refuerza la conexión con jurisdicción estadounidense.

Implicaciones políticas y éticas

Si las acusaciones se confirman, el caso apuntaría a una problemática mayor: la facilidad con la que actores estatales o cuasi-estatales pueden subcontratar campañas de violencia a redes privadas, eludiendo la supervisión y la responsabilidad internacional directa. Además, revela un conflicto moral sobre el aprovechamiento del entrenamiento militar en manos de individuos que, ya fuera por incentivos económicos o por lealtades cambiantes, podrían participar en operaciones contrarias al derecho internacional.

Expertos en derecho y seguridad advierten que, sin marcos regulatorios más estrictos y mecanismos de control, el fenómeno puede agravarse. Naciones con recursos pueden externalizar tareas que antes habrían sido atribuidas públicamente a sus fuerzas, eludiendo la transparencia.

Reacciones y próximos pasos

Por ahora, la respuesta oficial de los Emiratos ha sido la negativa general ante acusaciones de ataques dirigidos a opositores, aunque han defendido su participación en campañas contra grupos catalogados por ellos como terroristas. Algunos de los acusados no han respondido a solicitudes de comentario, según consta en el expediente público del caso.

En tribunales, la demanda activará fases procesales que incluirán posibles mociones sobre jurisdicción y la admisibilidad de pruebas; también abrirá la puerta a investigaciones sobre la conducta de exmiembros estadounidenses y de la propia Spear Operations. El resultado legal, más allá de su impacto en los acusados, podría sentar precedentes sobre la capacidad de litigación en EE. UU. contra redes de mercenarismo vinculadas a gobiernos extranjeros.

¿Qué nos enseña este caso?

En primer lugar, subraya que la guerra moderna no siempre se libra únicamente entre ejércitos estatales; actores privados pueden desempeñar papeles decisivos y, a veces, opacos. En segundo lugar, plantea la necesidad de debate público y político sobre regulación y responsabilidades: ¿Debería Estados Unidos restringir más severamente la salida a la esfera privada del conocimiento militar? ¿Cómo garantizar que exmilitares que cometen delitos en el extranjero respondan ante la justicia?

Finalmente, resalta la dimensión humana: figuras como Anssaf Ali Mayo, que afirman haber sobrevivido a intentos de asesinato, pagan un precio personal enorme —exilio, separación familiar y amenaza continua— mientras el mosaico geopolítico sigue moviéndose alrededor de sus vidas.

Lecturas y fuentes

• Documento de la demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de California (expediente público).
• Información y declaraciones del Center for Justice & Accountability, organización que patrocina la representación legal.
• Reportes periodísticos que investigaron la supuesta campaña, incluyendo indagaciones de medios internacionales sobre la participación de exmilitares estadounidenses.
• Datos de la ONU sobre la crisis humanitaria en Yemen: por ejemplo, informes del OCHA que describen la escala del desplazamiento y la inseguridad alimentaria en el país.

El proceso judicial que acaba de abrirse en San Diego será seguido con atención por juristas, organismos de derechos humanos y observadores internacionales. Más allá de la determinación de culpabilidad o inocencia de los acusados, el caso puede contribuir a definir límites y responsabilidades en un terreno donde el contraste entre legalidad, seguridad y conveniencia política resulta cada vez más difuso.