Recortes de raciones y desesperación: cómo el nuevo sistema del PAM amenaza la supervivencia de los rohinyá en los campos de Bangladesh

El anuncio del Programa Mundial de Alimentos (PAM) sobre un nuevo sistema de distribución por tramos —que desde este miércoles introduce reducciones para millones de refugiados rohinyá en los hacinados campos de Cox’s Bazar, Bangladesh— ha encendido alarmas entre habitantes, organizaciones humanitarias y autoridades locales. Para muchos refugiados, la decisión se traduce en una realidad brutal: pasar de recibir 12 dólares mensuales por persona a, en el caso de aproximadamente el 17% de la población, apenas 7 dólares. Esa cifra no solo supone una menor capacidad de compra; implica una nueva escalada del hambre, la vulnerabilidad infantil y los riesgos de violencia y tráfico humano.

Un panorama que ya era frágil

Más de 1,2 millones de rohinyá viven en los campos de Bangladesh tras huir de actos de violencia masiva perpetrados por el ejército de Myanmar en 2017. La mayoría no tiene permiso legal para trabajar en Bangladesh y depende casi en exclusividad de la ayuda internacional. Las cifras recientes de la propia operación de respuesta reflejan un deterioro alarmante: en 2023 el PAM tuvo que reducir raciones a 8 dólares por persona debido a la disminución de donaciones, situación que llevó a que el 90% de los residentes no pudiera permitirse una dieta adecuada y que el 15% de los niños sufriera malnutrición aguda —la tasa más alta registrada en los campos—. Las raciones fueron restauradas a 12 dólares en 2024, pero hoy vuelven a abrirse interrogantes sobre la sostenibilidad del apoyo.

¿Qué cambia exactamente y por qué importa?

El nuevo esquema del PAM introduce un criterio por tramos según la gravedad de la inseguridad alimentaria de cada hogar: un tercio de la población clasificada como “extremadamente insegura” seguirá recibiendo 12 dólares mensuales; otros recibirán cantidades inferiores, y alrededor del 17% verá su montante reducido a 7 dólares. El PAM ha insistido en que esto no debe llamarse un “recorte de raciones” en el sentido técnico, pues la agencia asegura que el apoyo seguirá permitiendo alcanzar el umbral mínimo recomendado de 2.100 calorías diarias para emergencias. Empero, para los beneficiarios el impacto práctico es claro: menor dinero equivale a menor acceso a alimentos variados y nutrientes esenciales.

Mohammed Rahim, residente del campo y padre de tres hijos, lo expresó con crudeza: “Es muy difícil entender cómo vamos a sobrevivir ahora con solo 7 dólares. Nuestros niños sufrirán más. Tengo miedo de que algunas personas enfrenten hambre severa y que incluso ocurran muertes por falta de comida.” (Cita reproducida de declaraciones públicas recogidas por medios).

Impacto en la infancia, la educación y la protección

La relación entre déficit alimentario y vulneraciones a la protección infantil está bien documentada. En los últimos años, los recortes presupuestarios ya han contribuido al cierre de escuelas dentro de los campamentos, lo que, según informes de organizaciones humanitarias, se ha correlacionado con aumentos en el secuestro, el matrimonio infantil y el trabajo infantil. La pérdida de programas educativos y de protección reduce la resiliencia comunitaria y empuja a familias desesperadas a tomar decisiones extremas.

Datos clave: en 2023 el PAM documentó tasas históricas de malnutrición aguda entre niños en los campamentos, y los programas de apoyo estuvieron financiados solo en torno al 50% de sus necesidades ese año; para 2026 la financiación reportada cayó a apenas un 19% para algunos programas críticos. Estas cifras muestran un patrón de subfinanciamiento crónico que amplifica cualquier cambio en la política de distribución.

Las limitaciones para regresar y los riesgos de movilidad irregular

La alternativa que muchos vislumbran —volver a Myanmar o intentar migrar irregularmente— no es una solución viable ni segura. El golpe militar de 2021 en Myanmar consolidó el control de las fuerzas armadas, manteniendo condiciones que impiden el retorno seguro de la población rohinyá. Por ello, varias personas contemplan la travesía rumbo a países del sudeste asiático, como Malasia, en embarcaciones precarias. Cada año, cientos de refugiados perecen o desaparecen en esos viajes.

Las autoridades bangladesíes y responsables de la respuesta humanitaria advierten que los recortes empujan a las familias a tomar decisiones desesperadas: el comisionado de Alivio y Repatriación de Refugiados de Bangladesh declaró que la reducción de la ayuda probablemente incrementará la inseguridad y la inestabilidad en los campos, con consecuencias para el orden público.

¿Por qué se produce este nuevo esquema?

El PAM explica que la medida busca introducir mayor equidad y transparencia, priorizando a los hogares que están en situación extrema. No obstante, esta reorientación sucede en un contexto de caída significativa de la financiación internacional: tras recortes de donaciones por parte de grandes aportantes, el PAM perdió aproximadamente un tercio de sus fondos, lo que forzó recortes y reprogramaciones en múltiples operaciones humanitarias a nivel global.

El dilema es el siguiente: sin fondos adicionales, la agencia debe elegir entre mantener la asistencia uniforme y dejar fuera a decenas de miles de personas, o distribuir recursos limitados de forma diferenciada para proteger a los más vulnerables. Ambas opciones conllevan costos humanos elevados.

Perspectivas y medidas urgentes necesarias

Frente a este escenario, hay varias acciones urgentes que deben considerarse tanto por parte de la comunidad internacional como por organismos humanitarios y autoridades locales:

• Aumento inmediato de la financiación de emergencia: los estados donantes deben priorizar los aportes para evitar que se amplíe una crisis humanitaria que, de intensificarse, tendrá costos humanos y sociales mucho mayores.
• Mecanismos de protección social complementarios: desarrollar programas que permitan acceso a trabajo seguro y regulado, capacitación y apoyo psicosocial, siempre que las condiciones legales y de seguridad lo permitan.
• Refuerzos en protección infantil: reabrir y financiar programas educativos, refugios y servicios de protección para reducir la vulnerabilidad de niñas y niños.
• Trayectorias seguras y soluciones duraderas: diplomacia regional y presión internacional para buscar soluciones de reasentamiento, repatriación voluntaria segura y sostenida en condiciones de dignidad, y marcos de integración local cuando sea posible.

Contexto histórico y responsabilidades

Recordemos que la crisis rohinyá tiene raíces profundas: desde décadas de discriminación y negación de ciudadanía por parte del Estado birmano hasta campañas de violencia masiva en 2017 que, según varios parlamentos y organismos internacionales, incluyeron actos que algunos países han calificado como genocidio. La comunidad internacional comparte, en distintos grados, responsabilidad por mitigar las consecuencias humanitarias y por presionar por soluciones políticas y de justicia.

Como reflejo de la magnitud del problema, en 2017 y 2018 se registraron desplazamientos masivos que colocaron a Bangladesh como el principal receptor de refugiados rohinyá. Desde entonces, la respuesta humanitaria ha sido una prioridad, pero también una carrera contra el tiempo y la financiación. Si las donaciones no se recuperan, las nuevas medidas de distribución serán percibidas por los afectados como recortes que, en la práctica, podrían traducirse en sufrimiento y en rupturas sociales.

Voces desde el campo y la comunidad humanitaria

Las protestas en los campamentos —con carteles que proclaman “La comida es un derecho, no una elección”— muestran que la población no está dispuesta a aceptar reducciones sin cuestionarlas. Líderes comunitarios, ONG y agencias de derechos humanos exhortan a donantes y gobiernos a redoblar el apoyo. Como una activista humanitaria resumió en declaraciones públicas: “Está en juego la vida y el futuro de una generación.” (Cita basada en comunicaciones públicas de organizaciones de campo).

Por su parte, el PAM defiende que el nuevo esquema está diseñado para proteger a los más vulnerables y maximizar el impacto de recursos escasos, pero la credibilidad de esa defensa depende de la transparencia en la clasificación de beneficiarios y de la llegada inmediata de fondos complementarios.

En un mundo donde las crisis compiten por una atención y presupuesto limitados, la historia de los rohinyá recuerda que las decisiones técnicas de agencias y donantes tienen consecuencias humanas concretas: menos dinero en las monederos de familias significa menos comidas en platos de niños, más riesgos para mujeres y niñas, y mayor presión sobre comunidades ya al límite. La pregunta que queda es si la comunidad internacional asumirá la responsabilidad de evitar que la mera escasez de recursos se convierta en un desastre evitable.

La situación exige, con urgencia, coherencia política, financiamiento sostenido y medidas que preserven la dignidad y la vida de quienes han huido de la violencia y aún no encuentran un camino seguro hacia la estabilidad. Mientras tanto, en los caminos polvorientos de Cox’s Bazar, millones observan con temor cómo cada decisión externa reconfigura sus posibilidades de supervivencia.