Deportaciones a terceros países: la nueva frontera que deja en limbo a miles de solicitantes de asilo

Un golpe inesperado para quienes buscaban refugio

Historias como la del hombre afgano que huyó del Talibán hacia el estado de Nueva York, la mujer cubana arrestada tras un choque menor en Texas o la guatemalteca víctima de violencia sexual que aguardaba una decisión en un tribunal de inmigración ilustran un fenómeno creciente y desconcertante: ordenes de deportación a terceros países —naciones con las que muchos solicitantes no mantienen ningún vínculo cultural, lingüístico o familiar— emitidas mientras sus casos de asilo estaban aún en trámite.

¿Qué son las deportaciones a terceros países?

En la práctica, se trata de órdenes de expulsión en las que las autoridades migratorias de Estados Unidos buscan trasladar a solicitantes de asilo a otro país —no el país de origen ni el país que les dio entrada— bajo la premisa de que ese tercer país puede evaluar su solicitud y ofrecer protección si corresponde. Estos arreglos se conocen como Asylum Cooperative Agreements (ACAs) o acuerdos de cooperación en materia de asilo.

La magnitud del fenómeno

Organizaciones que rastrean estas prácticas han documentado un número alarmante de órdenes. Según Mobile Pathways, una organización con sede en San Francisco que promueve la transparencia en procedimientos migratorios, hay más de 13,000 órdenes de remoción que apuntan a terceros países para solicitantes de asilo cuyos casos fueron cancelados mediante procedimientos llamados pretermissions (Mobile Pathways). Más de la mitad de esas órdenes apuntan a tres países: Honduras, Ecuador y Uganda.

¿Qué es una “pretermisión” y por qué importa?

Las pretermissions son mociones presentadas por los fiscales de inmigración (attorneys de ICE) que buscan cerrar por completo un caso de asilo en la corte y autorizar la deportación del solicitante a un tercer país. No significan necesariamente que el solicitante carezca de motivos para pedir asilo; implican, según defensores legales, que el caso es expulsado del sistema judicial de inmigración.

Sarah Mehta, del American Civil Liberties Union (ACLU), ha explicado que estas mociones “no dicen que la persona no tenga un reclamo; simplemente dicen ‘vamos a sacar este caso del tribunal y vamos a enviar a esa persona a otro país’.” (Fuente: declaraciones públicas de ACLU sobre prácticas de pretermisión.)

Impactos humanos: miedo, pérdida de derechos y desconexión

Los efectos sobre las personas afectadas son inmediatos y profundos. Muchos perdieron el permiso para trabajar que tenían mientras su caso estaba en trámite, lo que supone dejar sin sustento a familias que ya habían puesto todo en juego para llegar a Estados Unidos. Algunos se encuentran detenidos; otros viven con la incertidumbre de no saber si serán encadenados y embarcados rumbo a una nación que desconocen.

Cassandra Charles, abogada sénior del National Immigration Law Center, resume la lógica política detrás de la medida: “Esta administración busca infundir miedo en las personas. Ese es el objetivo principal.” La razón, según defensores, es doble: reducir la presión migratoria y disuadir a futuros solicitantes al crear la percepción de que pedir asilo podría derivar en un destino totalmente ajeno.

Problemas legales y logísticos

Estas órdenes se han multiplicado desde una decisión del Board of Immigration Appeals (la instancia administrativa que marca precedentes en el sistema de inmigración) que facilitó la práctica de enviar solicitantes a países donde, según el Departamento de Estado, no enfrentarían persecución o tortura. A partir de esa base legal, la administración amplió el uso de las pretermissions y los acuerdos con terceros países.

Sin embargo, el proceso ha chocado con limitaciones muy reales:

• Los acuerdos diplomáticos suelen tener cuotas y restricciones: por ejemplo, aunque miles hayan sido ordenados a Honduras, un acuerdo bilateral permitió inicialmente solo 10 personas al mes por 24 meses, una discrepancia obvia entre órdenes emitidas y capacidad real de recepción.
• Los vuelos de deportación implican costos y logística: según declaraciones de funcionarios del gobierno de Uganda, las autoridades buscan evitar despachar vuelos con apenas unas pocas personas por razones de costo-efectividad.
• Desconexión cultural y lingüística: decenas de personas ordenadas a Honduras no hablaban español; otras destinadas a Uganda no tenían vínculo alguno con ese país, lo que complica su capacidad de solicitar asilo o integrarse.
• Retos legales: múltiples demandas y escrutinio judicial han frenado o entorpecido deportaciones masivas, y el acceso a información por parte de los afectados ha sido limitado.

¿Cuántos han sido realmente deportados?

Aunque más de 13,000 órdenes han sido emitidas, menos de 100 deportaciones efectivas a terceros países han sido confirmadas por rastreadores independientes como Third Country Deportation Watch, una iniciativa de Refugees International y Human Rights First (Refugees International, Human Rights First). Esa brecha entre órdenes y deportaciones hace pensar que los pronósticos gubernamentales sobre la facilidad y rapidez de las expulsiones eran excesivamente optimistas.

¿Qué significa esto para la política migratoria?

Por un lado, la emisión masiva de órdenes puede funcionar como un instrumento de presión: la mera amenaza de ser enviado a un país desconocido podría llevar a solicitantes a abandonar sus procesos o a aceptar deportarse voluntariamente al país de origen. Por otro lado, la incapacidad para ejecutar las deportaciones en la escala anunciada pone en evidencia que la política es más compleja de lo que se planteó en la retórica política.

En marzo, funcionarios legales de Immigration and Customs Enforcement (ICE) remitieron un correo a abogados de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenando detener la presentación de nuevas mociones de pretermisión asociadas a casos de asilo. El memo no se publicó públicamente y DHS no clarificó si la pausa sería permanente, lo que añadió otro nivel de incertidumbre para litigantes y solicitantes.

Consecuencias humanitarias y éticas

Enviar a solicitantes a países con sistemas de asilo débiles o sobrecargados plantea preguntas éticas y legales. Aunque la teoría del acuerdo es que el tercer país ofrecerá la oportunidad de solicitar protección, en la práctica muchos de esos países carecen de capacidad o de estructuras sólidas para adjudicar miles de solicitudes de asilo que podrían llegar de forma repentina.

Esto crea riesgos de seguridad para personas vulnerables —víctimas de violencia sexual, perseguidos por grupos armados o con temor fundado de persecución política— que quedarían atrapadas en sistemas que quizá no les brinden protección real.

Alternativas y recomendaciones de expertos

Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han propuesto varias líneas de acción:

• Transparencia plena: publicar los acuerdos y las cifras reales de deportaciones para permitir supervisión independiente.
• Evaluaciones de capacidad: antes de enviar personas, verificar que el país receptor tiene sistemas funcionales y cuórum humano para procesar solicitudes de asilo.
• Protección prioritaria para grupos vulnerables: garantizar que quienes alegan riesgos serios no sean enviados a países donde su integridad pueda verse comprometida.
• Recursos para reducir el atraso procesal de asilo en EE. UU., que hoy supera los 2 millones de casos pendientes y contribuye a la congestión del sistema.

La historia continúa

La estrategia de usar acuerdos con terceros países para reducir la presión migratoria no es nueva en la política migratoria global; sin embargo, su ejecución y consecuencias varían enormemente según la realidad diplomática, legal y logística. Mientras tanto, miles de personas permanecen en un limbo angustiante: con órdenes que dicen una cosa, posibilidades reales que dicen otra y vidas enteras suspendidas en el balance.

Si algo queda claro es que la discusión sobre migración y protección internacional necesita migrar de consignas y gráficos administrativos a debates sobre derechos, capacidad institucional y soluciones humanitarias sostenibles. Hasta entonces, las historias individuales —de miedo, resiliencia y confusión— seguirán siendo la medida más elocuente del costo humano de estas políticas.