Burkina Faso en llamas: cuando el Estado mata más que los yihadistas

La imagen de Burkina Faso como epicentro de la crisis de seguridad en el Sahel no es nueva, pero el nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) arroja cifras y relatos que obligan a replantear responsabilidades: entre enero de 2023 y agosto de 2025 hubo 1.837 civiles asesinados en el país, y más de 1.200 de esas muertes se atribuyen a fuerzas gubernamentales. El estudio acusa a ambos bandos —tanto a las fuerzas del Estado como a grupos extremistas— de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Una cifra que estremece y lo que significa

Los números fríos pintan un cuadro devastador. Según HRW, de los 1.837 civiles muertos en el periodo analizado, más de un 65% corresponderían a ejecuciones, masacres y ataques perpetrados por unidades del propio gobierno. Estas estadísticas subrayan una realidad espinosa: en muchas áreas del país la respuesta estatal a la insurgencia se ha convertido en fuente primaria de violencia contra la población.

Contexto regional: Burkina Faso es uno de los países más afectados por la escalada de violencia en el Sahel, región donde, según el Global Terrorism Index, se concentran algunos de los niveles más altos de muertes por extremismo en el mundo. Desde 2016, según el grupo de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), al menos 10.600 civiles han muerto en incidentes relacionados con el conflicto en Burkina Faso.

Desplazamiento y crisis humanitaria: cifras que no perdonan

El conflicto no solo cobra vidas; arrasa hogares y economías locales. La ONU estima que más de 2 millones de personas han sido desplazadas dentro de Burkina Faso desde el inicio de la crisis. El informe de HRW señala que más de 60% del territorio estaría fuera del control efectivo del gobierno, mientras que cerca de 6.5 millones de personas requieren asistencia humanitaria para sobrevivir.

Estas cifras indican una catástrofe silenciosa: pueblos enteros abandonados, mercados y escuelas cerradas, sistemas de salud al borde del colapso y comunidades que sobreviven bajo el miedo permanente a la violencia y la retaliazón.

Acusaciones graves: limpieza étnica y responsabilización política

Una de las acusaciones más dolorosas del informe es la persecución sostenida contra la comunidad fulani (also conocida como peul). HRW sostiene que las fuerzas gubernamentales han aplicado políticas de represalia que, en la práctica, equivalen a una limpieza étnica de poblaciones sospechosas de colaborar con grupos armados.

El documento afirma que “estas atrocidades, incluida la limpieza étnica de civiles fulani, equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por los cuales altos líderes de todas las partes podrían ser responsables” (Human Rights Watch, 2025). Cuando se cita una afirmación así, es imprescindible recordar la fuente: el propio informe de HRW, disponible en https://www.hrw.org.

HRW documenta casos espantosos: por ejemplo, la ejecución presunta de 223 civiles, incluidos al menos 56 niños, en la provincia de Yatenga a comienzos de 2024, atribuida a fuerzas gubernamentales en operaciones de “purga” contra supuestos colaboradores de Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM). En otro episodio sangriento, JNIM habría asesinado al menos a 133 civiles en el centro del país, también en 2024.

Impunidad y silencio: el control de la narrativa

Las conclusiones del informe también subrayan la existencia de un sistema de censura de facto impuesto por la junta militar que gobierna desde 2022. Denunciantes, periodistas y activistas se enfrentan a riesgo de detención, secuestro o reclutamiento forzado.

«No es posible obtener una imagen precisa de la situación en el país porque el liderazgo militar ha instaurado un sistema de censura de facto», advierte HRW, que apunta además a la intimidación sistemática de quien intenta documentar los abusos. En este contexto, muchas víctimas no se atreven a denunciar, lo que convierte los conteos en estimaciones conservadoras.

El papel de las fuerzas irregulares

Si bien la mayor parte del informe cuestiona la actuación del Estado, HRW no exime a los grupos armados. Organizaciones como JNIM y otros grupos asociados al Estado Islámico han perpetrado asesinatos masivos, secuestros, saqueos y ataques indiscriminados. Estas organizaciones han aprovechado el vacío de autoridad en vastas zonas rurales para imponer su propio régimen de terror, destruir medios de subsistencia y quebrar el tejido social.

El conflicto, por tanto, tiene múltiples (y a veces entrelazadas) dimensiones: insurgencia jihadista, represión estatal, rivalidades locales y tensiones étnicas. Esa complejidad plantea desafíos enormes para cualquier salida política o estrategia de seguridad.

Consecuencias para la estabilidad del Sahel

Burkina Faso se ha convertido en un termómetro de la crisis del Sahel. La caída de la confianza en las instituciones, la proliferación de bandas armadas y el uso sistemático de violencia por parte del Estado deterioran la gobernabilidad y reducen las opciones de respuesta a la amenaza extremista.

Analistas señalan que la militarización como respuesta principal no ha generado la estabilidad prometida. Desde el golpe de Estado de 2022, la junta no ha logrado recuperar el control territorial ni frenar el ciclo de violencia; por el contrario, se acusa que su aproximación ha radicalizado a comunidades enteras y alimentado resentimientos que los grupos yihadistas explotan.

¿Qué opciones quedan? Políticas públicas y respuestas internacionales

Frente a este panorama, las salidas posibles requieren una combinación de medidas urgentes y de largo plazo:

• Rendición de cuentas: investigaciones independientes y protección de testigos para procesar crímenes cometidos por todas las partes.
• Protección de civiles: crear corredores humanitarios y reforzar mecanismos de protección en zonas de alto riesgo.
• Desmilitarización selectiva: reducir operaciones punitivas contra comunidades y fortalecer unidades de seguridad con formación en derechos humanos.
• Programas sociales: reinversión en educación, salud y desarrollo rural para menguar la vulnerabilidad que explotan los grupos armados.
• Mecanismos de reconciliación: promover iniciativas locales de diálogo interétnico y reparación simbólica y material para las comunidades afectadas.

Estas propuestas demandan voluntad política del gobierno de Burkina Faso, pero también respaldo internacional coherente: no basta con apoyo militar; la ayuda exterior debe priorizar la protección de civiles y la rendición de cuentas.

Historias detrás de los números

Detrás de las estadísticas hay relatos humanos que HRW y otras organizaciones han intentado documentar. Familias enteras desplazadas por miedo a represalias, aldeas incendiadas tras operaciones militares y sobrevivientes que viven en campamentos improvisados, sin acceso regular a agua potable ni servicios médicos. Estos testimonios deberían alimentar políticas con rostro humano, no solo estrategias bélicas.

Como recuerda un investigador de derechos humanos consultado en el terreno: «Cuando el Estado se convierte en perpetrador, el tejido social se desgarra de manera irreversible». Esa frase sintetiza la gravedad del problema: la legitimidad del poder se erosiona cuando sus fuerzas vulneran sistemáticamente a la población que deberían proteger.

Mirando hacia adelante

El informe de HRW es una llamada de atención. La comunidad internacional, las organizaciones humanitarias y los actores locales enfrentan un dilema moral y práctico: ¿cómo ayudar a un país donde una parte significativa de la violencia procede de sus propias fuerzas? La respuesta no es sencilla, pero el primer paso es ineludible: documentar, denunciar y exigir responsabilidades.

Mientras tanto, los civiles burkineses seguirán viviendo en una zona de sombra: desplazados, vulnerables y expuestos tanto a los ataques de grupos armados como a la represión de un Estado que, en nombre de la seguridad, ha recurrido a métodos cada vez más letales.

Fuentes consultadas:

• Human Rights Watch, informe 2025 sobre Burkina Faso. Disponible en: https://www.hrw.org
• Naciones Unidas — datos sobre desplazamiento interno en el Sahel. Ver ACNUR/UN OCHA.
• Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) — estimaciones de muertes desde 2016.