Amenazas, derecho internacional y consecuencias: cuando atacar infraestructuras civiles deja de ser retórica
El debate sobre la legalidad y el impacto humano de atacar plantas eléctricas, puentes y servicios esenciales en conflictos modernos
En el contexto de una escalada diplomática y militar, las declaraciones presidenciales que prometen destruir la infraestructura crítica de un Estado adversario plantean preguntas urgentes sobre el derecho de la guerra, la proporcionalidad y las consecuencias humanitarias. Más allá de la retórica bélica, existe un marco jurídico —y una lógica política— que limitan los objetivos legítimos y exigen que se minimice el daño a la población civil.
La distinción entre objetivo militar y blanco civil
En derecho internacional humanitario (DIH), la piedra angular de cualquier ataque es la distinción: las partes en conflicto deben distinguir siempre entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Según la doctrina, una planta eléctrica, una desalinizadora o un puente pueden tener roles duales —sirviendo a funciones civiles y militares— y, por tanto, su titularidad o uso militar puede convertirlos en objetivos legítimos en circunstancias específicas. Sin embargo, esa legitimidad no es absoluta.
El principio de proporcionalidad complementa la distinción: incluso si una instalación cumple una función militar, un ataque no está permitido si sus efectos colaterales sobre civiles son «excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista». Como advierte Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de Naciones Unidas: “Aun si una infraestructura civil específica llegara a calificarse como objetivo militar, un ataque estaría prohibido si comporta un riesgo de daño incidental civil excesivo” (Fuente: Naciones Unidas).
Qué significa «daño incidental excesivo»
La valoración de la proporcionalidad exige evaluar no solo los objetivos inmediatos —por ejemplo, dejar fuera de servicio una base o instalación militar— sino también los efectos indirectos sobre servicios esenciales: hospitales que dejan de recibir electricidad, plantas de tratamiento de agua que cesan su funcionamiento o redes de comunicación que colapsan. Rachel VanLandingham, profesora de derecho y ex juez abogacía en la Fuerza Aérea de EE. UU., señala que cortar la electricidad puede causar muertes indirectas al impedir la atención médica y el acceso a agua potable (Fuente: entrevista profesional pública).
El DIH considera daño grave —más allá de la mera incomodidad— a la «sufrimiento mental severo, lesión física o enfermedad» de la población civil. Estridentes amenazas que anuncian la destrucción total de la capacidad eléctrica de un país ponen sobre la mesa riesgos de ese tipo, especialmente si se ignoran medidas para limitar víctimas.
La práctica militar: alternativas y selectividad
Especialistas en operaciones militares y derecho de la guerra recuerdan que la destrucción masiva de infraestructuras rara vez es la única opción. Michael Schmitt, profesor emérito especializado en derecho de conflictos armados, subraya la obligación de los comandantes de valorar alternativas: atacar una subestación que alimenta exclusivamente una base militar, o interrumpir líneas de transmisión específicas, puede ser mucho más conforme al DIH que destruir una planta completa que sirve a millones de civiles (Fuente: declaraciones académicas públicas).
En operaciones reales, la elección táctica debe reflejar esta lógica: cuando la ventaja militar es marginal respecto al daño humano probable, la operación no debe ejecutarse. Schmitt resume con claridad práctica: “Si dudas en ‘apretar el gatillo’ por miedo al daño colateral, no lo hagas.”
Retórica presidencial y responsabilidad legal
La fuerza del lenguaje preelectoral o en momentos de crisis puede buscar desalentar o presionar al adversario. No obstante, los pronunciamientos públicos que anuncian acciones indiscriminadas —“todas sus plantas eléctricas arderán” o “todos los puentes serán destruidos”— crean problemas legales y políticos.
Desde una perspectiva jurídica, la determinación de si una conducta constituye un crimen de guerra recaerá en tribunales competentes con jurisdicción, lo que puede ser un proceso complejo y politizado. Aun así, la comunidad internacional, organizaciones como Naciones Unidas y juristas especializados han señalado que amenazas generalizadas contra bienes civiles podrían encuadrarse como infracciones graves del DIH si se materializan.
Dimensión política: propaganda, legitimidad y efecto boomerang
Aun cuando una operación fuera técnicamente «justificable» bajo criterios militares, su impacto político puede ser explosivo. Ejecutar ataques que dañen masivamente a la población civil facilita la narrativa del adversario, que puede usar las imágenes del sufrimiento para fortalecer consensos internos y reclutar apoyo. Rachel VanLandingham advierte que “lo lícito puede ser aún atroz”, y que destruciones masivas no solo causan sufrimiento humano, sino que pueden prolongar conflictos y erosionar objetivos estratégicos.
Experiencias históricas muestran los límites de la fuerza indiscriminada: la campaña aérea en Vietnam, los efectos colaterales en Irak y las secuelas en Afganistán ilustran cómo operaciones militares que causaron daño civil no siempre tradujeron en soluciones políticas duraderas. El costo reputacional y los daños colaterales en poblaciones neutrales o aliadas suelen revertirse políticamente contra quien emplea la fuerza.
Responsabilidad interna: Congreso, tribunales y controles
En sistemas democráticos con separación de poderes, la rendición de cuentas interna es otro elemento. Algunos analistas sostienen que la supervisión legislativa (por ejemplo, el Congreso) puede ser el mecanismo más efectivo para controlar decisiones ejecutivas que sobrepasen límites legales. Sin embargo, esa vía depende de mayorías políticas dispuestas a actuar y superar posibles vetos.
Desde el plano penal, existe también la cuestión de la inmunidad de altos oficiales: en la práctica, los controles internacionales enfrentan obstáculos si un Estado no coopera con mecanismos judiciales internacionales. Por eso, la disuasión jurídica internacional tiene límites reales cuando las potencias no aceptan jurisdicción foránea.
El factor energético y económico: el estrecho de Ormuz
El contexto geoestratégico puede agravar la discusión. El Estrecho de Ormuz, por ejemplo, es un punto de estrangulamiento del comercio petrolero mundial: por él transita alrededor del 20% del flujo petrolero global en circunstancias normales. Interrupciones en esa región han demostrado aumentar precios del crudo, afectar mercados financieros y generar tensiones globales.
Por ello, cualquier acción dirigida a infraestructuras energéticas no solo tiene consecuencias humanitarias sino también económicas de escala global. La seguridad de rutas marítimas, refinerías, terminales y plataformas se considera crítica para la estabilidad mundial.
Consideraciones finales para tomadores de decisión
Para los líderes que ponderan opciones coercitivas, las lecciones son claras: 1) evaluar si el blanco es realmente un objetivo militar legítimo; 2) ponderar la proporcionalidad entre ventaja militar y daño civil probable; 3) explorar alternativas menos lesivas para conseguir el mismo efecto militar; 4) anticipar las consecuencias políticas y estratégicas a medio y largo plazo; y 5) contemplar los mecanismos de rendición de cuentas internos e internacionales.
En la práctica, la capacidad de un Estado para preservar su seguridad debe equilibrarse con la obligación de respetar la vida y el bienestar de civiles. Ignorar esa responsabilidad puede generar daños irreparables y socavar la legitimidad de quien actúa, tanto en los tribunales del derecho como en la arena de la opinión pública mundial.
Lecturas y referencias
- Declaración del portavoz del Secretario General de Naciones Unidas sobre ataques a infraestructuras civiles (Fuente: Naciones Unidas).
- Principios del derecho internacional humanitario sobre distinción y proporcionalidad (Convenios de Ginebra y práctica doctrinal contemporánea).
- Aportes académicos de Michael Schmitt sobre principios operacionales y legales en ataques a infraestructura dual (Fuente: publicaciones académicas en derecho de la guerra).
El debate entre seguridad, legalidad y ética continúa siendo uno de los grandes desafíos del siglo XXI: cómo ejercer el poder sin rendirse a la lógica del daño indiscriminado y cómo preservar la humanidad en tiempos de conflicto.
