Mullin en Carolina del Norte: entre la urgencia de la reconstrucción y la política que complica la ayuda

CHIMNEY ROCK, Carolina del Norte. La visita del secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, a las zonas devastadas por el huracán Helene expone una tensión recurrente en la gestión de desastres en Estados Unidos: la urgencia humanitaria de reparar viviendas, infraestructuras y vidas frente a decisiones administrativas y políticas que pueden facilitar o entorpecer la recuperación.

El panorama en el terreno: daños aún visibles y necesidades pendientes

Helene fue un huracán de gran magnitud que barrió diversos estados del sureste en septiembre de 2024. En Carolina del Norte, las cifras oficiales y los testimonios locales coinciden en que el impacto fue extraordinario: centenares de muertes, daños masivos a viviendas e infraestructuras y una recuperación que avanza con lentitud. Autoridades estatales han informado que se han comprometido aproximadamente 1.6 mil millones de dólares en asistencia pública de FEMA y que cerca de 2,000 proyectos continúan en algún estadio de aprobación.

Los efectos siguen siendo visibles en el paisaje: vehículos desplazados por corrientes, puentes dañados, y comunidades donde muchos vecinos aún removían árboles caídos o enfrentaban primas de seguro elevadas que dificultan la reconstrucción. Como dijo una líder local que ayuda a familias afectadas, “muchas personas siguen en pleno proceso de recuperación cotidiana”, lo que subraya que el paso del huracán no fue solo un evento de unos días sino una crisis que se extiende por años.

Colapso administrativo y medidas inmediatas

La llegada de Mullin al Departamento de Seguridad Interior (DHS) —y su primera gira oficial a una región afectada— llega después de meses de críticas por la gestión previa. Una de las medidas más polémicas del periodo anterior fue una directiva que obligaba a la aprobación personal de gastos superiores a $100,000 por parte de la oficina del secretario, lo que, según críticos, creó cuellos de botella y retrasos en reembolsos y desembolsos de FEMA.

En sus declaraciones durante la visita, Mullin indicó que uno de sus objetivos prioritarios es “ponerse al día” con el trabajo atrasado y despejar el inventario de necesidades pendientes antes de la temporada de huracanes del Atlántico, que arranca el 1 de junio. Añadió que planeaba informar al presidente sobre decenas de solicitudes de declaración de desastre mayores aún pendientes por parte de estados y tribus, y que había dado pasos ejecutivos para eliminar el requisito de aprobación de gastos de $100,000.

La eliminación de esa traba administrativa ya fue recibida con alivio por representantes locales que atribuían a la medida anterior la lentitud en la respuesta. Sin embargo, la problemática no se limita a un solo procedimiento: existen también retrasos en la revisión de solicitudes, personal de FEMA en situaciones laborales inestables producto de un cierre parcial de gobierno y una presión política que complica la distribución imparcial de recursos.

Política y percepción: la confianza es un requisito para la recuperación

La desconfianza hacia la respuesta federal no es solo administrativa: se alimentó por episodios de desinformación y por retóricas políticas durante ciclos electorales. En algunos condados afectados por Helene, la relación entre rescatistas y residentes se vio tensa hasta el punto de registrar amenazas e incidentes que llevaron a la suspensión temporal de visitas puerta a puerta para evaluar daños. Eso demuestra que la gestión de desastres no es únicamente técnica; también requiere trabajo de comunicación y construcción de confianza.

En este contexto, la elección de Carolina del Norte como primer destino oficial del secretario Mullin no parece accidental: el estado tiene además importancia política nacional, con senadores y gobernadores que presionan por una respuesta eficaz y oportuna. La recuperación tardía no solo afecta a familias y negocios; puede convertirse en un tema electoral que catalice mayor atención y recursos.

Reformas y riesgos: ¿reformar o debilitar FEMA?

Una de las cuestiones más delicadas es el futuro institucional de FEMA dentro del entramado del DHS. Mientras el discurso de algunos funcionarios anteriores hablaba incluso de eliminar o “reimaginar” la agencia tal como existe, Mullin ha preferido hablar de “reformarla”.

La distinción semántica es importante: reformar puede entenderse como un proceso para hacer a FEMA más eficiente, ágil y con mejor capacidad logística; eliminarla o desmantelarla supondría transferir funciones críticas a otras agencias o reducir la capacidad federal para coordinar grandes respuestas multijurisdiccionales. Expertos en gestión de emergencias advierten que diluir la coordinación nacional puede fragmentar la respuesta, aumentar tiempos de ayuda y elevar costos a largo plazo.

Por otro lado, la acumulación de problemas operativos —personal en condiciones de furlough, fondos en el Disaster Relief Fund que requieren reposición vía legislación de asignaciones, procedimientos burocráticos en trámites de asistencia— demuestra que la agencia necesita cambios prácticos y presupuestarios, no solo retóricos.

Lo que piden las comunidades: rapidez, transparencia y equidad

Desde la perspectiva local, las prioridades son claras y concretas:

• Procesos más rápidos para aprobaciones y desembolsos que permitan a familias reparar hogares y a ayuntamientos restablecer servicios básicos.
• Transparencia en los criterios de elegibilidad y en el estado de cada proyecto para reducir la incertidumbre entre los damnificados.
• Atención a la salud mental y servicios sociales, porque la recuperación no es solo física: pérdidas familiares, desempleo y trauma requieren apoyo integral.

Estas demandas, aunque urgentes a nivel local, requieren coordinación federal-estatal-local acompañada de recursos estables y de una comunicación que restaure la confianza en las instituciones que asisten en la recuperación.

El factor político: elecciones y asignación de recursos

No se puede obviar que la asignación de asistencia y la visibilidad de la respuesta federal a desastres adquieren un componente político cuando ocurren cerca de ciclos electorales importantes. Carolina del Norte es un estado con peso en campañas y con escaños disputados; la rapidez y calidad de la respuesta pueden influir en la percepción pública y, por ende, en decisiones de voto.

Que el secretario Mullin haya relatado que el presidente deseaba que Carolina del Norte “ame” su gestión refleja cómo la política y la gestión de emergencias se entrelazan en la práctica: las comunidades demandan auxilio, pero los actores políticos también evalúan el impacto reputacional y electoral de esas acciones.

Propuestas concretas para mejorar la respuesta

Basado en la experiencia de desastres previos y en prácticas recomendadas por especialistas en gestión de emergencias, algunas medidas útiles serían:

1. Acelerar y simplificar trámites administrativos mediante delegación de facultades a niveles regionales cuando sea necesario para desembolsos urgentes.
2. Restablecer y blindar el financiamiento del Disaster Relief Fund para garantizar liquidez en la atención inmediata, evitando que la política presupuestaria paralice la ayuda.
3. Fortalecer la comunicación comunitaria con campañas locales que aclaren procesos, calendarios y recursos disponibles, reduciendo la desinformación.
4. Proteger al personal en terreno y mejorar la coordinación con autoridades locales para reanudar evaluaciones puerta a puerta sin riesgos para trabajadores y residentes.
5. Invertir en resiliencia a largo plazo: reconstrucción con criterios de mitigación ante futuros huracanes, lo que reduce costos y pérdidas futuras.

Implementar estas acciones exige voluntad política, recursos y, sobre todo, un enfoque centrado en las personas afectadas más que en la óptica de las disputas partidarias.

La visita de Mullin dejó una promesa pública de acelerar la ayuda y la remoción de un obstáculo administrativo que muchos responsabilizaban por demoras. Sin embargo, la recuperación de Carolina del Norte seguirá siendo un test —tanto para la reformada gestión de desastres como para la capacidad del gobierno federal de mantener una respuesta eficiente, equitativa y menos afectada por consideraciones políticas.