El peaje del Estrecho de Ormuz: ley, geopolítica y economía en juego

El Estrecho de Ormuz es mucho más que una franja de mar entre Irán y Omán: es un nodo estratégico que conecta una parte sustancial de la producción energética mundial con los mercados globales. Cuando, tras el inicio del conflicto reciente, surgieron informaciones sobre una propuesta iraní para cobrar por el paso de buques a través del estrecho, se encendieron alarmas legales, económicas y diplomáticas. Este texto explora por qué esa idea choca con el derecho marítimo usual, qué consecuencias podría tener para la economía mundial y qué alternativas —y riesgos— existen si se materializa una práctica de peajes en aguas internacionales.

El valor estratégico del Estrecho de Ormuz

Por su localización y por la densidad de tráfico que lo atraviesa, el Estrecho de Ormuz es uno de los canales marinos más importantes del planeta. A modo de referencia rápida, se estima que por allí transita aproximadamente el 20% del petróleo comercializado mundialmente en determinadas épocas, según análisis de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). La reducción o interrupción del tráfico en el estrecho tiene efectos inmediatos sobre la oferta global, los precios del crudo y, en cadena, sobre combustibles y fertilizantes.

El planteamiento: cobrar por el paso

La propuesta que ha trascendido en ciertos círculos diplomáticos y en medios regionales plantea que Irán —junto con Omán en la versión que se difundió— podría exigir un pago por permitir el tránsito de embarcaciones mercantes y petroleros. Los promotores de la idea la justifican, según esas versiones, como una forma de reconstrucción y de ejercer influencia estratégica tras el conflicto. En los hechos, imponer un peaje estatal sobre el libre tránsito marítimo implica transformar el carácter público y abierto de una ruta estratégica en una fuente de ingresos y control político-militar.

Choque con el derecho marítimo internacional

La piedra angular del argumento legal contra la instauración de peajes es la doctrina de la libertad de navegación y, en particular, las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El artículo 17 de UNCLOS consagra el derecho de "paso inocente" de los buques a través de aguas territoriales, siempre que no desempeñen actividades perjudiciales para el Estado costero. La convención busca garantizar que las rutas internacionales permanezcan abiertas para el comercio pacífico.

Es importante citar textualmente una disposición clave de UNCLOS para entender el alcance: el artículo 17 señala que "el paso inocente de un buque a través del mar territorial será, por definición, el paso que no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño" (fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)).

Si un Estado exigiera pago por el simple paso, estaría introduciendo una restricción que no encaja con la lógica del "paso inocente" y podría sentar un precedente capaz de erosionar normas consolidadas sobre la libertad de navegación. Expertos en derecho marítimo han advertido que aceptar peajes en Ormuz abriría la puerta a demandas análogas en otras rutas críticas —el estrecho de Gibraltar, el de Malaca, el de Taiwán—, lo que podría fragmentar el marco jurídico marítimo y exacerbar tensiones internacionales.

Ratificación de tratados y costumbre internacional

Un punto que suele generar confusión: ni Irán ni Estados Unidos han ratificado formalmente UNCLOS, aunque ambos están sujetos a muchas normas consuetudinarias del derecho del mar. La costumbre internacional en materia de navegación libre es antigua y persistente; su fuerza radica tanto en los tratados multilaterales como en la práctica reiterada y la aceptación generalizada de su existencia. Por ello, la falta de ratificación no equivale a un espacio libre para imponer reglas nuevas que contradigan la práctica universalmente aceptada.

Impacto económico: ¿cuánto costaría realmente?

Desde una mirada estrictamente numérica y comercial, algunos analistas han señalado que el impacto directo de un peaje puntual podría parecer moderado si se traslada proporcionalmente al precio del petróleo. Por ejemplo, un peaje hipotético de 2 millones de dólares sobre un petrolero con 2 millones de barriles equivaldría a 1 dólar por barril. No obstante, esa lectura simplifica en exceso la realidad: la percepción de riesgo, la incertidumbre política y la posible reticencia de aseguradoras y operadores pueden provocar aumentos de costos mucho mayores que un simple cálculo de peaje/barril.

Además, el efecto económico no recaería de manera uniforme: mientras consumidores globales podrían percibir un incremento marginal, los países productores del Golfo sufren la pérdida por cortes de producción y la imposibilidad de exportar volúmenes esenciales. Informes del sector han señalado que la paralización de tráfico en Ormuz obligó a cerrar millones de barriles diarios de capacidad de producción, y que alternativas como oleoductos son insuficientes o requieren años para ampliarse.

Implicaciones geopolíticas y de seguridad

Permitir que se instalen peajes oficiales o semioficiales crearía un poderoso instrumento de influencia económica y militar. En el caso que ha circulado, la recaudación podría terminar, directa o indirectamente, fortaleciendo a actores militares o paramilitares que ya desempeñan un papel central en la política interna de la región. Esa dinámica preocupa a países del Golfo y a potencias extra-regionales porque transforma el estrecho en una palanca de presión política, y no solo en una ruta comercial.

Además, la percepción de que el control efectivo del estrecho ha cambiado puede motivar respuestas externas —desde sanciones y operaciones navales hasta alianzas militares— que incrementen el riesgo de escalada. El marco legal internacional sirve precisamente para reducir la tentación de respuestas unilaterales y para ofrecer vías de resolución diplomática; cuando se coloca en entredicho, la estabilidad disminuye.

Alternativas y escenarios

• Mantenimiento del statu quo legal: la comunidad internacional presiona para que no se establezcan peajes y se restablezca el tránsito sin condiciones, apoyándose en la costumbre y en acuerdos multilaterales informales que salvaguardan el comercio.
• Acuerdos multilaterales de supervisión: mecanismos internacionales de monitoreo y garantías de seguridad que permitan a los Estados ribereños ejercer control legítimo sin tipificar pagos por paso.
• Soluciones técnicas y logísticas: inversión en infraestructura alternativa (oleoductos, terminales) por parte de productores, aunque estas requieren tiempo y grandes inversiones, y no eliminan la vulnerabilidad estratégica del golfo.
• Escalada y fragmentación: si los peajes se normalizan, otros Estados podrían intentar replicar la práctica en estrechos distintos, con consecuencias de largo plazo para la interdependencia comercial.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

La respuesta eficaz pasa por una mezcla de diplomacia, presión legal y apoyo económico. A corto plazo, la comunidad dependiente del flujo de hidrocarburos tiene incentivos poderosos para garantizar la libre circulación: la reapertura plena de Ormuz beneficiaría a la economía global reduciendo la inflación energética y evitando que países terceros (por ejemplo, productores alternativos) obtengan ventajas de mercado temporales.

A nivel legal, es imprescindible que las potencias y organizaciones multilaterales refuercen el principio de paso inocente y ofrezcan canales de resolución que eviten que una disputa estratégica derive en la práctica de cobros unilaterales. Y en el plano práctico, las empresas navieras, aseguradoras y operadores logísticos deben evaluar riesgos y planificar rutas y coberturas que desincentiven la rendición a extorsiones de cualquier tipo.

El Estrecho de Ormuz permanecerá en el centro del debate internacional mientras no existan garantías creíbles de seguridad y libertad de tránsito. Cualquier intento por convertir una vía marítima de uso colectivo en una fuente de peaje estatal no es sólo una disputa regional: es un desafío al orden jurídico-marítimo que sostiene gran parte del comercio mundial. Por eso, más allá del cálculo monetario, la discusión sobre peajes en Ormuz es, en esencia, una discusión sobre cómo la comunidad internacional preserva bienes públicos globales en un mundo de crecientes rivalidades.