Juicio en La Haya y la justicia universal: El caso de un presunto torturador sirio

La apertura del juicio en La Haya contra un hombre sirio acusado de crímenes contra la humanidad —identificado en la prensa como Rafiq al Q.— vuelve a situar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede la justicia internacional, aplicada por tribunales nacionales, ofrecer reparación y responsabilidad real por las atrocidades cometidas durante la guerra civil siria?

El acusado negó decenas de cargos por tortura y violencia sexual durante la sesión inaugural del juicio en el Tribunal Distrital de La Haya, afirmando a través de un intérprete que existe una conspiración en su contra y que él era un funcionario civil en la ciudad de Salamiyah. La fiscalía sostiene lo contrario: que formó parte de la Fuerza Nacional de Defensa —una milicia progubernamental— y que actuó como interrogador principal, desempeñando un papel central en prácticas sistemáticas de detención y tortura durante el conflicto.

Jurisdicción universal: qué es y por qué importa

El caso se sustenta sobre la llamada jurisdicción universal, un principio jurídico que permite a los Estados enjuiciar crímenes internacionales graves —como crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad— aunque esos delitos no se hayan cometido en su territorio y las víctimas o los acusados no sean nacionales del país que juzga. Países como los Países Bajos, Canadá y Alemania han utilizado esta herramienta para perseguir violaciones graves de derechos humanos cuando los tribunales internacionales o el propio país donde ocurrieron las atrocidades no pueden o no quieren actuar.

La jurisdicción universal es a la vez una respuesta pragmática y una declaración política: pragmática porque ofrece una vía procesal cuando las víctimas están en la diáspora y pueden presentar pruebas, y política porque supone una presión internacional sobre regímenes y actores armados que creen poder actuar con impunidad.

Contexto del conflicto sirio y las pruebas acumuladas

El conflicto en Siria comenzó en marzo de 2011 como parte de la ola de protestas conocida como la Primavera Árabe. Tras la brutal represión de manifestaciones pacíficas, el país se sumió en un conflicto armado complejo que involucró al gobierno, grupos rebeldes, milicias sectarias, actores extremistas y potencias extranjeras. Según múltiples estimaciones, el conflicto dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Organizaciones y tribunales internacionales han documentado patrones de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y violencia sexual en centros de detención controlados por el gobierno y por milicias afines.

En 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó al gobierno sirio tomar "todas las medidas dentro de sus poderes" para impedir la tortura, en respuesta a una demanda presentada por Países Bajos y Canadá que acusó a Damasco de una campaña sistemática de tortura (Corte Internacional de Justicia, 2023: https://www.icj-cij.org).

Además, los tribunales neerlandeses han avanzado casos contra sospechosos vinculados a crímenes cometidos en Siria. Por ejemplo, en 2024 un exmiembro de alto rango de una milicia progubernamental fue condenado por detención ilegal y complicidad en torturas, y en 2021 otro hombre fue condenado por crímenes de guerra por ejecución sumaria (archivos judiciales neerlandeses; ver sentencias públicas del Tribunal de Middelburg y La Haya).

Victimología, pruebas y desafíos probatorios

Los juicios fundados en jurisdicción universal suelen apoyarse en testimonios de víctimas y testigos que han buscado refugio en el país que lleva a cabo el proceso. El caso de Rafiq al Q. incluye nueve víctimas que han declarado contra el acusado. En la sala, el acusado llegó a afirmar que las víctimas, los testigos y la propia policía neerlandesa estaban mintiendo y que se trataba de una conspiración en su contra.

Probar delitos como la tortura y la violencia sexual reviste notables dificultades: las pruebas físicas pueden ser escasas años después, los testimonios pueden verse contaminados por el trauma o el tiempo, y existe el riesgo de represalias contra testigos y familiares. Sin embargo, los tribunales han desarrollado técnicas forenses, peritajes psicológicos y cadenas de custodia para preservar la credibilidad de la evidencia. Además, las organizaciones de la sociedad civil han creado bancos de datos, fotografías y documentación que sirven de base para procesos judiciales en el extranjero.

Implicaciones políticas y simbólicas

Más allá del veredicto individual, estos juicios tienen efectos políticos y simbólicos. En primer lugar, afirman el principio de que los crímenes internacionales no pueden quedar impunes, independientemente del tiempo o del territorio donde se cometieron. En segundo lugar, envían un mensaje a otras víctimas y a la diáspora: que es posible buscar justicia incluso cuando las autoridades del país de origen no actúan.

No obstante, existen críticas. Algunos señalan que la jurisdicción universal criminal es selectiva en su aplicación y que los recursos judiciales en países europeos pueden atender solo una fracción de los casos, dejando a muchas víctimas sin acceso efectivo a la justicia. Otros advierten que los procesos contribuyen poco a la reconstrucción política dentro de Siria si no van acompañados de mecanismos más amplios de verdad, reparación y reformas institucionales.

El papel de la diáspora y las organizaciones de derechos humanos

Los refugiados y migrantes sirios que viven en Europa han sido protagonistas en la construcción de casos judiciales. Sus testimonios, informes y cooperación con ONG y autoridades han permitido abrir investigaciones que de otro modo habrían quedado archivadas. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han llevado a cabo documentación extensiva que ha servido de apoyo probatorio y de presión internacional (Human Rights Watch, informes anuales sobre Siria: https://www.hrw.org).

Adicionalmente, la colaboración entre fiscales nacionales y redes de investigadores independientes ha permitido trasladar técnicas forenses y estilos de litigio transfronterizo que fortalecen la calidad de los juicios.

¿Qué puede esperar la sociedad internacional?

1. Más procesos individuales: Es probable que en la próxima década se multipliquen los juicios por crímenes cometidos en Siria en distintos países, conforme las víctimas y las pruebas sigan llegando a la diáspora.
2. Presión diplomática: Las sentencias y los fallos internacionales (como los de la CIJ) pueden aumentar el aislamiento político de actores responsables de violaciones masivas, aunque la efectividad en términos de cambio de comportamiento sigue siendo limitada.
3. Necesidad de políticas complementarias: La justicia penal, por sí sola, es insuficiente para la reconciliación. Se requieren estrategias de verdad, reparación, memoria y reformas institucionales para abordar las causas profundas del conflicto.

Reflexión final: memorias que no se borran

El juicio contra Rafiq al Q. es una pieza más en un mosaico complejo de esfuerzos por responsabilizar a los perpetradores del conflicto sirio. Estos procesos ofrecen alternativas legales a la impunidad y permiten que las historias de las víctimas sean escuchadas en un foro público y regulado por el derecho. Como dijo un activista sirio consultado por organizaciones de derechos humanos: "La justicia puede ser lenta, pero sin justicia no hay reparación" (testimonio recopilado por ONG). Si bien las sentencias no pueden devolver lo perdido, sí contribuyen a una memoria jurídica que, con el tiempo, puede construir estándares y precedentes para que tragedias similares no queden sin respuesta.

La comunidad internacional, los tribunales nacionales y las organizaciones civiles tienen la responsabilidad conjunta de sostener el impulso judicial y de trabajar en paralelo para garantizar que la búsqueda de responsabilidad contribuya a la reparación integral de las víctimas y a la prevención de futuros abusos.