La crisis de la protección humanitaria: más de 1.000 trabajadores humanitarios muertos en tres años

La protección de trabajadores humanitarios está en caída libre. En apenas tres años, más de 1.000 personas dedicadas a tareas humanitarias han perdido la vida mientras intentaban llevar asistencia a poblaciones atrapadas en conflictos, según los datos presentados por la Secretaría de la ONU. Esa cifra casi triplica los muertos contabilizados en el trienio anterior y pone de manifiesto una erosión preocupante de las normas internacionales que protegen a quienes trabajan en nombre de la ayuda humanitaria.

Las cifras que alarman

De acuerdo con el balance oficial presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre 2023 y 2025 fueron asesinados más de 1.010 trabajadores humanitarios. Del total, más de 560 fallecieron en Gaza y Cisjordania; 130 en Sudán; 60 en Sudán del Sur; 25 en Ucrania y 25 en la República Democrática del Congo. Para comparar, en el periodo 2020–2022 se registraron 377 muertes.

El último año fue especialmente mortífero: al menos 326 trabajadores humanitarios fueron registrados como asesinados en 21 países, mientras que en 2024 se marcó un récord de 383 muertes en zonas calientes del planeta, muchas de ellas ocurridas mientras se distribuía comida, agua, refugio y medicinas.

La voz de la ONU: "colapso de la protección"

Tom Fletcher, subsecretario general para Asuntos Humanitarios de la ONU, fue contundente ante el Consejo de Seguridad al describir esta tendencia: "This is not an accidental escalation — it is the collapse of protection" ("Esto no es una escalada accidental: es el colapso de la protección"). Sus palabras, pronunciadas durante la sesión, reflejan la gravedad de la situación y la percepción de que la inmunidad y las salvaguardas que históricamente protegían al personal humanitario están perdiendo eficacia.

Fletcher planteó preguntas incómodas sobre las posibles razones: ¿se ha vuelto el derecho internacional "incómodo" para algunos beligerantes? ¿Se considera a veces a los trabajadores humanitarios como daños colaterales aceptables o, peor aún, como objetivos legítimos? Y, quizás la más escalofriante: si muchas de estas muertes hubieran sido prevenibles, ¿por qué no se previnieron? (Naciones Unidas, intervención ante el Consejo de Seguridad, 2025).

Patrones y causas: más allá de los números

Detrás de las estadísticas hay patrones recurrentes que ayudan a explicar por qué los riesgos para el personal humanitario se han intensificado:

• Conflictos de alta intensidad con ataques indiscriminados: en zonas donde la guerra es vertical y destructiva, los convoyes y campamentos pueden quedar expuestos a bombardeos, disparos o emboscadas.
• Estigmatización y criminalización de la ayuda: organizaciones y trabajadores son acusados de parcialidad, espionaje o colaboración con enemigos, lo que facilita que sean atacados o detenidos.
• Restricciones administrativas y de acceso: controles gubernamentales o de actores armados que limitan movimientos, horarios y áreas de operación, poniendo a los equipos en mayor riesgo cuando intentan llegar a las poblaciones necesitadas.
• Fragmentación del cumplimiento de la ley: impunidad, falta de investigaciones o procesos judiciales ineficaces que no sancionan los ataques contra el personal humanitario.

Casos emblemáticos que ilustran la degradación de la seguridad

El reporte de la ONU y las declaraciones públicas de Fletcher destacan varios ejemplos que sirven para ilustrar la dimensión del problema:

• Gaza y Cisjordania: más de 560 trabajadores humanitarios muertos entre 2023 y 2025, un escenario moldeado por un conflicto intenso tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamas en octubre de 2023 y las operaciones militares posteriores.
• Sudán: 130 muertes en un país donde las hostilidades internas, la fragmentación de fuerzas y la violencia étnica han convertido el acceso humanitario en una empresa extremadamente peligrosa.
• Yemen: el subsecretario de la ONU alertó sobre la detención arbitraria de 73 miembros del personal de Naciones Unidas y decenas de trabajadores de ONG por parte de los rebeldes hutíes, una práctica que paraliza operaciones y expone a los equipos a represalias.
• Afganistán: progresiva exclusión laboral de mujeres humanitarias, lo que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que impide que la asistencia alcance de manera efectiva a mujeres y niñas en contextos donde ellas son las más afectadas.
• Ucrania: ataques con drones y despliegues militares que han obligado a retirar a equipos de las líneas del frente, reduciendo la capacidad de respuesta en zonas de combate activo.

Impacto operativo: la ayuda se reduce cuando más se necesita

El efecto acumulado de estas amenazas es un círculo vicioso: menos seguridad genera menos acceso, lo que obliga a recortar operaciones, reducir la presencia en terreno o delegar tareas a actores locales con menos capacidades y protección. Al mismo tiempo, la caída en la financiación internacional —citada por Fletcher como parte del problema— limita la capacidad de las organizaciones para adaptar medidas de seguridad, contratar personal capacitado o mantener cadenas logísticas seguras.

Según datos de organismos internacionales, la necesidad humanitaria crece en paralelo: más desplazamientos, más hambre y mayor demanda de servicios básicos. Cuando las organizaciones humanitarias no pueden llegar, las consecuencias sobre las poblaciones civiles son inmediatas y severas.

La impunidad como motor del problema

Uno de los elementos que más preocupa a las agencias humanitarias es la impunidad. Los ataques contra personal de ayuda rara vez son investigados exhaustivamente o terminan en sanciones efectivas. Sin mecanismos de rendición de cuentas creíbles, los actores que atacan o restringen la asistencia no enfrentan costos suficientemente disuasorios.

Fletcher demandó a los 193 Estados miembros de la ONU que hagan cumplir la resolución de 2024 que condena los ataques a personal humanitario y exige la protección de estos profesionales conforme al derecho internacional. Exigir responsabilidades y asegurar investigaciones transparentes es parte central de la respuesta, según la Secretaría de la ONU (Naciones Unidas, 2024–2025).

Qué pueden hacer los Estados y las organizaciones

Frente a este panorama, hay medidas concretas que pueden y deben implementarse para mitigar riesgos y fortalecer la protección del personal humanitario:

1. Fortalecer investigaciones independientes: crear o apoyar mecanismos imparciales que investiguen ataques y detenciones, con capacidad para llevar a la justicia a los responsables.
2. Respetar y promover el acceso humanitario: los Estados y actores armados deben garantizar corredores seguros y respetar la neutralidad, imparcialidad e independencia de la ayuda.
3. Invertir en seguridad y capacitación: financiar medidas de protección, equipamiento y formación para personal en contextos de alto riesgo.
4. Proteger al personal local: garantizar que los trabajadores nacionales y locales, que suelen asumir los mayores riesgos, reciban la misma protección, compensación y reconocimiento que el personal internacional.
5. Combatir la deslegitimación: contrarrestar narrativas que estigmatizan a las organizaciones humanitarias mediante transparencia, comunicación clara y mecanismos de rendición de cuentas.

Reflexión final: la moralidad práctica de la protección humanitaria

El declive en la seguridad de los trabajadores humanitarios no es solo una cifra en un informe técnico: es el reflejo de una crisis ética y práctica sobre cómo la comunidad internacional valora la vida y el servicio de quienes arriesgan su integridad para aliviar el sufrimiento ajeno. Cuando la protección se colapsa, también lo hace la confianza de las poblaciones vulnerables en que la ayuda puede llegar a tiempo y de forma segura.

Proteger a quienes proveen asistencia no es una preocupación secundaria: es una inversión directa en la capacidad de responder a emergencias, en la prevención de catástrofes humanitarias mayores y en la defensa de normas que regulan la conducta en tiempos de guerra. Como dijo Fletcher ante el Consejo de Seguridad: debemos preguntarnos si estas muertes son aceptadas como "daños colaterales" o si recuperaremos la voluntad colectiva de defender la vida de quienes ayudan a salvarla (Naciones Unidas, intervención ante el Consejo de Seguridad, 2025).

Fuentes citadas: Naciones Unidas, intervención de Tom Fletcher ante el Consejo de Seguridad (2025). Estadísticas internas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), reportes 2023–2025.