El regreso enmascarado de la junta: Min Aung Hlaing asume la presidencia de Myanmar entre dudas y conflicto

Min Aung Hlaing, el general que lideró el golpe de Estado de 2021 y dirigió Myanmar con mano de hierro durante los últimos años, fue investido como presidente tras ser elegido por un parlamento controlado casi en su totalidad por diputados afines a la cúpula castrense. La ceremonia, celebrada en Naypyitaw, marca una nueva etapa formal: el régimen militar intenta ahora revestir su gobierno de una apariencia institucional que, para numerosos observadores y organizaciones internacionales, no legitima el poder detrás del uniforme.

Una elección con apariencia de democracia

El proceso que culminó con la elección de Min Aung Hlaing ha sido calificado por expertos de la ONU y por organizaciones de derechos humanos como ni libre ni justa. Partidos clave —entre ellos la popular Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi— boicotearon las votaciones tras la imposición de nuevas reglas electorales y restricciones que favorecieron a la Unión Solidarity and Development Party (USDP), vinculada a los militares.

Informes independientes indicaron que las urnas solo pudieron instalarse en alrededor del 42% del territorio del país debido al conflicto armado en curso y a las limitaciones impuestas por la junta. La Asian Network for Free Elections (ANFE) señaló que “cada aspecto de las elecciones fue diseñado para asegurar un resultado predeterminado, desde el organismo electoral hasta la selección de partidos”, lo que resta credibilidad al proceso.

Un gabinete con trazas militares

La composición del nuevo gabinete refuerza la percepción de continuidad militar: 28 de los 30 ministros juraron el cargo con antecedentes como generales, miembros del USDP o vinculaciones directas con la anterior administración militar. Así, aunque la jefatura del Estado aparezca como civil por requisito constitucional, el poder real queda, de facto, en manos de la élite castrense.

Min Aung Hlaing declaró tras su juramento que “Myanmar está de regreso en el camino hacia la democracia y caminando hacia un futuro mejor”, y prometió esfuerzos para alcanzar la paz con grupos étnicos rebeldes y normalizar relaciones con la ASEAN. No obstante, estas declaraciones chocan con la realidad cotidiana en muchas regiones del país, donde la guerra ha generado desplazamientos, destrucción y una profunda desconfianza hacia la junta.

El fantasma de la violencia y denuncias internacionales

El ascenso de Min Aung Hlaing no puede separarse de su historial: durante 2017 supervisó la campaña militar que llevó a la expulsión masiva de la minoría rohingya hacia Bangladesh, un episodio ampliamente condenado por la comunidad internacional y que motivó acusaciones de crímenes graves contra comandantes y unidades del ejército.

Desde el golpe de 2021, el conflicto interno ha cobrado un costo humano enorme. Según la Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), cerca de 8.000 civiles han sido asesinados y más de 22.208 detenidos políticos permanecen encarcelados. Estas cifras, recopiladas por la propia asociación de seguimiento de víctimas y presos políticos, subrayan la gravedad de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país (AAPP).

La guerra civil: principal obstáculo para la legitimidad

El conflicto se disparó tras el derrocamiento de Aung San Suu Kyi, cuando movimientos de resistencia armada se organizaron en respuesta a la usurpación del poder. Combatientes étnicos y nuevas fuerzas populares han protagonizado combates en numerosas regiones, lo que impidió —como se dijo— la celebración de votaciones en amplias zonas y generó una fragmentación política y territorial profunda.

Para que una transición tenga significado, es necesario que el Gobierno y las fuerzas armadas emprendan un proceso real de negociación con actores étnicos y con las voces civiles. Sin embargo, la presencia mayoritaria de militares en el Ejecutivo y el Parlamento dificulta cualquier avance genuino: muchas de las causas estructurales del conflicto, como la centralización del poder y la marginación de minorías, siguen sin abordarse.

La disyuntiva internacional: sanciones, diálogo y reconocimiento

La comunidad internacional encara una decisión compleja. Por un lado, sanciones y presión diplomática buscan aislar y castigar a los responsables del golpe y de violaciones a los derechos humanos. Por otro, existen incentivos para mantener canales de diálogo que mitiguen la violencia y minimicen la crisis humanitaria.

La ASEAN ha mostrado preocupación por la inestabilidad política de Myanmar y ha intentado promover un plan de cinco puntos tras el golpe; sin embargo, la capacidad del bloque para imponer cambios reales ha sido limitada. Estados y organismos multilaterales tendrán que equilibrar medidas punitivas con estrategias que favorezcan procesos de paz inclusivos, siempre enfatizando la protección de civiles y la rendición de cuentas por abusos.

Retos para cualquier hoja de ruta hacia la paz

• Construcción de confianza: La profunda desconfianza entre la ciudadanía y las fuerzas armadas exige pasos tangibles: liberación de presos políticos, alto al uso indiscriminado de la fuerza y garantías de seguridad para negociadores civiles.
• Participación de actores étnicos: Cualquier acuerdo que no incluya representatividad real de los gobiernos étnicos locales está condenado a fracasar. Las demandas por autonomía, control local y acceso equitativo a recursos deben incorporarse a la mesa.
• Reformas institucionales: La constitución actual reserva amplios poderes al ejército. Reformar el marco legal y constitucional es una condición necesaria para garantizar que el poder militar no se repliegue bajo nuevas formas de dominación.
• Justicia transicional: Para abordar crímenes pasados y presentes, se requerirán mecanismos de verdad, reparación y, en casos pertinentes, procesos judiciales que cumplan estándares internacionales.

¿Es posible una salida que evite más violencia?

La experiencia histórica de Myanmar muestra que soluciones impuestas desde arriba, o transacciones entre élites militares sin legitimidad social, rara vez estabilizan el país a largo plazo. El modelo que hoy se observa —una «transición» nominal donde el liderazgo militar se recicla en figuras civiles o en parlamentos subordinados— reproduce patrones del pasado y alimenta la resistencia.

Una salida sostenible requiere una combinación de presión internacional coherente, incentivos claros para los actores locales y, sobre todo, una estrategia que coloque a la sociedad civil y a las comunidades étnicas en el centro del proceso. Sin estos elementos, la presidencia de Min Aung Hlaing podría convertirse en otro capítulo de una larga historia de gobiernos militares que intentan legitimarse sin transformar las estructuras de poder.

Mientras tanto, millones de birmanos enfrentan la incertidumbre: desplazamientos, restricciones económicas y la represión cotidiana continúan minando la vida pública. El desafío, pues, no es meramente institucional o diplomático; es humano: cómo reconstruir la confianza social en un país dividido por décadas de autoritarismo y conflicto.

Como recordó un analista independiente consultado por observadores regionales, “la legitimidad no se proclama; se construye con justicia, participación y resultados concretos que mejoren la vida de la gente”. Myanmar, con una presidencia que muchos consideran una continuidad del golpe, apenas comienza esa ardua tarea.