La minería ilegal en Perú: la emergencia silenciosa que exige prioridades políticas

La minería ilegal en Perú dejó de ser un problema local hace años para convertirse en una amenaza nacional: económica, ambiental y sanitaria. Mientras millones de votos se disputan en campañas presidenciales y congresales, la extracción aurífera ilegal avanza sin freno en la Amazonía, contaminando ríos con mercurio, desplazando comunidades indígenas y generando un comercio clandestino que, según estimaciones recientes, rivaliza con el sector formal.

Un negocio que mueve miles de millones

Según proyecciones del Instituto Peruano de Economía, la minería ilegal generó más de $11.5 mil millones en 2025 y superó las 100 toneladas de exportaciones de oro, cifras que ubican a este fenómeno como uno de los principales motores de la economía informal del país (Instituto Peruano de Economía). Estas magnitudes no solo muestran la escala comercial, sino también el desafío de rastrear y controlar flujos financieros y materiales que atraviesan circuitos formales e informales.

Por qué la política lo ha ignorado —o lo ha integrado

El debate electoral de 2026 en Perú mostró un vacío preocupante: la mayoría de las plataformas partidarias no aborda de manera integral la minería ilegal. Análisis del Observatorio de Minería Ilegal del país indican que solo 12 de 36 partidos registrados presentan propuestas específicas sobre el tema; muchos ofrecen declaraciones vagas o lo omiten por completo.

Magaly Ávila, directora de gobernanza ambiental de Proética, resume el diagnóstico: “La minería ilegal y las economías ilícitas no están siendo prioridad en los planes de gobierno”. Ávila advierte sobre dos posibilidades: ignorancia del fenómeno por parte de los partidos o, en el peor de los casos, la existencia de complicidades con redes vinculadas al comercio ilícito.

Impactos ambientales y salud pública: el legado del mercurio

La extracción aurífera a pequeña escala en la Amazonía peruana depende frecuentemente del uso de mercurio para amalgamar el oro. Este metal pesó y se dispersó en ríos, sedimentos y peces, entrando así en la cadena alimentaria. Mariano Castro, ex viceministro de medio ambiente, explica: “En comunidades ribereñas amazónicas, entre 50% y 70% de la dieta es pescado; por eso la exposición se multiplica y el mercurio, que tiene efectos neurológicos severos, se convierte en un peligro sanitario”.

Estudios internacionales y nacionales han documentado niveles de mercurio por encima de los límites de seguridad en varias cuencas amazónicas. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han señalado que la exposición crónica al mercurio afecta especialmente al desarrollo cognitivo en niños y al sistema nervioso central en adultos.

La deforestación y la pérdida de biodiversidad

La minería informal no se limita a puntos de extracción: requiere caminos, campamentos y bancales que arrasan la cobertura forestal. Regiones como Madre de Dios fueron epicentros emblemáticos; sin embargo, la actividad se ha extendido hacia otras partes de la Amazonía peruana y zonas limítrofes, dinamizada por precios del oro históricamente altos (entre $4,500 y $5,000 por onza en momentos recientes).

La pérdida de bosque altera servicios ecosistémicos esenciales: regulación hídrica, captura de carbono y hábitats para especies endémicas. Además, la fragmentación facilita el acceso de redes criminales y aumenta la conflictividad territorial con comunidades indígenas que defienden sus territorios ancestrales.

Impunidad y vulnerabilidades institucionales

Uno de los factores que alimenta la expansión de la minería ilegal es la debilidad de los sistemas de control y la fragmentación de la información. Analistas señalan la ausencia de un sistema único de trazabilidad que permita seguir el oro desde su extracción hasta su comercialización.

Julia Urrunaga, directora para Perú de la Environmental Investigation Agency (EIA), afirma que “no existe una forma real de tracear la producción minera en el país”: las piezas de información están dispersas entre distintas entidades y, muchas veces, no se cruzan datos de fiscalización, aduanas y unidades de inteligencia financiera.

Además, modificaciones legislativas recientes han debilitado herramientas procesales: reducción de penas, limitaciones para calificar ciertas operaciones como crimen organizado y la prórroga reiterada de registros temporales que permiten a mineros informales operar mientras esperan formalizarse. Ese mecanismo, concebido en algunos casos para facilitar la regularización, ha sido aprovechado para blanquear actividades ilícitas.

Actores y dinámicas criminales

Aunque muchas explotaciones son de pequeña escala, los analistas coinciden en que detrás de la aparente informalidad operan actores con mayor poder económico y logístico. Protestas organizadas por mineros informales han presionado a los gobiernos para relajar regulaciones, y la organización de dichas movilizaciones sugiere financiamiento y coordinación desde niveles más altos.

Las consecuencias son claras: la minería ilegal no solo degrada el medio ambiente, sino que también genera redes de lavado y corrupción que socavan la gobernabilidad local y nacional.

Qué medidas sí funcionan: trazabilidad, control y enfoque territorial

Expertos proponen una batería de medidas que combinan fiscalización, tecnología y políticas públicas sensibles al contexto rural y amazónico:

• Sistemas de trazabilidad del oro: implementación de herramientas digitales que permitan seguir el metal desde su extracción hasta su ingreso a la cadena legal. Esto implica control de plantas de procesamiento, padrones de extracción y controles aduaneros más estrictos.
• Coordinación interinstitucional: articular a ministerios, unidades de inteligencia financiera, autoridades ambientales y fiscales para cruzar información y diseñar operativos focalizados.
• Fortalecimiento judicial: revisar normas que limiten la persecución del crimen organizado, aumentar capacidades de fiscales y jueces y asegurar sanciones disuasorias.
• Alternativas económicas: programas de desarrollo rural que ofrezcan fuentes de ingreso lícitas a comunidades vulnerables, evitando que la carencia económica las convierta en presa fácil para redes ilegales.
• Protección a defensores ambientales e indígenas: garantizar seguridad jurídica y física para los líderes que exponen actividades ilícitas y defienden territorios frente a invasores.

Retos políticos: voluntad frente a costos políticos

El principal obstáculo no es técnico, sino político. Cerrar circuitos de la minería ilegal implica confrontar intereses locales y redes que tienen capacidad de movilización y presión. En contextos electorales, muchos partidos optan por el silencio o por promesas de flexibilización para ganar respaldo en zonas mineras.

Magaly Ávila subraya que “alrededor del 64% de plataformas partidarias no toman medidas significativas sobre la minería ilegal, y apenas un 5% lo hace de forma clara y explícita”. Estas cifras reflejan la brecha entre la gravedad del problema y la atención que recibe en agendas públicas.

Qué puede esperar la sociedad y el próximo gobierno

Si el próximo gobierno no prioriza la minería ilegal con medidas integrales, la tendencia es clara: mayores niveles de contaminación por mercurio, profundización de la deforestación y consolidación de economías ilícitas que erosionan la gobernabilidad. En sentido contrario, una estrategia efectiva puede reducir riesgos sanitarios, recuperar espacios forestales y sacar al oro ilegal de la economía formal mediante controles y trazabilidad.

Como recuerda un activista indígena consultado para este análisis: “La minería ilegal no solo destruye bosques; destruye vidas y memoria comunitaria”. Esa sentencia resume la urgencia de colocar el tema en el centro de las prioridades nacionales.

Referencias y fuentes clave

• Proyecciones del Instituto Peruano de Economía sobre minería ilegal (2025): ipe.org.pe.
• Informes del Observatorio de Minería Ilegal de Perú (análisis de plataformas políticas): observatoriominera.org.
• Environmental Investigation Agency (EIA) — análisis y alertas sobre trazabilidad: eia-global.org.
• Organizaciones de salud pública (OMS/OPS) — impactos del mercurio en la salud: who.int, paho.org.

La minería ilegal en Perú ya no puede seguir siendo un tema relegado a informes técnicos o notas de prensa locales: es una crisis multidimensional que reclama respuestas políticas, técnicas y sociales urgentes. El desafío es enorme; la inacción, cada vez más costosa.