Muertes y multas en Camp East Montana: cuando la construcción de centros de detención pone en riesgo a los trabajadores

El verano de 2025 dejó una cadena de hechos que expone un problema recurrente: la tensión entre la velocidad de proyectos gubernamentales, la falta de experiencia de contratistas y la seguridad de trabajadores y detenidos. El 21 de julio de 2025, Héctor González, de 38 años, murió aplastado por materiales que cayeron mientras trabajaba en la construcción de Camp East Montana, el nuevo centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Fort Bliss, El Paso, Texas. La investigación posterior de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA) encontró violaciones graves en la obra y citó a tres subcontratistas implicados en las labores.

Qué determinó OSHA y quiénes fueron citados

OSHA, que investiga rutinariamente las muertes laborales para determinar si se cumplieron las normas de seguridad, optó por no citar a la contratista principal Acquisition Logistics. Sin embargo, en enero de 2026 la agencia emitió citaciones contra tres empresas subcontratistas: Base International, JMJ Production Services y Fulfillment Personnel Services. Las infracciones se centraron en el uso seguro de carretillas elevadoras y en la exposición de trabajadores a riesgos de ser golpeados por cargas inestables.

Según los registros de cumplimiento de OSHA, Base International fue sancionada por exponer a empleados al peligro de “struck-by hazards” (ser golpeado por objetos) cuando una carga elevada de vigas compuestas, apiladas en una horquilla elevadora, resultó inestable durante el descargue de materiales. JMJ Production Services y Fulfillment Personnel Services fueron además citadas por no garantizar que los operadores de equipos industriales motorizados contaran con la certificación requerida.

Controversia política y conexiones financieras

La atención pública aumentó al conocerse que Base International pertenece al empresario de Florida Nathan Albers, identificado por organizaciones de vigilancia como donante de campañas del Partido Republicano y, según reportes, contribuyente de figuras cercanas al entorno del entonces presidente. Public Citizen, grupo que publicó el informe que puso en relieve las citaciones, señaló que Albers habría donado cantidades importantes a campañas en 2025 y que existe una relación social con personas vinculadas a la Casa Blanca.

La mezcla entre dinero de campaña, contratos federales y prácticas de contratación en proyectos urgentes no es un fenómeno nuevo. Históricamente, la emergencia de contratos sin experiencia previa en operaciones penitenciarias—por ejemplo, adjudicaciones rápidas durante picos migratorios—ha aumentado riesgos operativos y, en ocasiones, externas críticas por favoritismo o falta de transparencia.

El contexto mayor: un centro disputado desde su apertura

Camp East Montana abrió sus puertas rápidamente después de la adjudicación del contrato principal por parte del Ejército, que llegó a estimar el proyecto en hasta 1.300 millones de dólares. En semanas, el sitio se convirtió en el mayor centro de detención de ICE para personas en proceso de deportación, albergando en momentos más de 3.000 internos.

Pero la operación del complejo estuvo plagada de denuncias: condiciones inhumanas, brotes de enfermedades y, según reportes, la muerte de tres detenidos entre diciembre y enero siguientes a su apertura. En febrero, la Oficina de Supervisión de Detención de ICE encontró docenas de incumplimientos de normas nacionales, lo que culminó con la sustitución de Acquisition Logistics como contratista principal por Amentum Services mediante un contrato sin licitación.

La mirada de los defensores y el argumento de los contratistas

Public Citizen alertó sobre el uso de fondos públicos en contratos que, según su análisis, derivaron en la muerte de cuatro personas en un periodo de seis meses. “La administración está repartiendo miles de millones en contratos que han llevado a la muerte de cuatro personas en seis meses. Y es poco probable que las cosas mejoren”, expresó Douglas Pasternak, investigador de Public Citizen, en el informe publicado por la organización (Public Citizen, 2026).

Por su parte, representantes de las empresas citadas han ofrecido respuestas diversas: JMJ Production Services y Fulfillment Personnel Services aceptaron pagar multas reducidas de 15.000 dólares cada una como parte de acuerdos con OSHA. Base International decidió apelar su citación y la sanción propuesta por OSHA —11.585 dólares— argumentando, según su portavoz Tom McNicholas, que “no hubo conducta indebida por parte de la compañía”.

Riesgos laborales en obras de emergencia: estadísticas y lecciones

La construcción es uno de los sectores con mayor tasa de siniestralidad en Estados Unidos. Según datos del Bureau of Labor Statistics (BLS), durante la última década la construcción representó una proporción significativa de muertes laborales anuales, con la mayor parte de los fallecimientos atribuibles a caídas, golpes por objetos y accidentes con maquinaria (BLS, Workplace Injuries and Illnesses 2024). Estas cifras subrayan la importancia de la formación y certificación de operadores de equipos, así como la supervisión de cargas y procedimientos seguros de descargue.

Cuando los proyectos son urgentes—por ejemplo, ante la necesidad de aumentar capacidad de detención en la frontera—la presión por terminar rápido puede erosionar controles críticos: selección apresurada de subcontratistas, falta de formación adecuada, horarios extensos que elevan fatiga y supervisión insuficiente en turnos nocturnos. Varias investigaciones académicas han mostrado que la presión por plazos reduce el cumplimiento de normas de seguridad y aumenta la probabilidad de incidentes graves (Fang et al., Journal of Construction Engineering, 2018).

Transparencia, contratación y responsabilidad pública

Los contratos federales tienen procedimientos para evaluar experiencia, cumplimiento y solvencia de empresas. Sin embargo, en situaciones de emergencia o bajo contratos de no licitación, esos filtros se relajan. La sustitución de Acquisition Logistics por Amentum Services, por ejemplo, reabrió el debate sobre por qué una empresa sin experiencia previa operando centros de detención recibió originalmente la adjudicación y cómo se supervisó su desempeño operativo.

Expertos en políticas públicas recomiendan reforzar tres frentes para reducir riesgos y mejorar rendición de cuentas: 1) criterios estrictos de selección que ponderen historial en seguridad y experiencia operativa; 2) monitoreo externo e independiente de condiciones laborales y de reclusión; y 3) sanciones proporcionales y rápidas en caso de incumplimiento, además de transparencia sobre subcontrataciones y donaciones políticas que pudieran representar conflicto de interés.

Qué se puede exigir ahora

• Auditorías independientes: solicitar auditorías externas regulares sobre seguridad laboral en obras federales, especialmente cuando se trate de infraestructuras sensibles como centros de detención.
• Certificación y formación: imponer requisitos mínimos de certificación para operadores de equipos y programas de formación obligatoria antes de iniciar labores en obra.
• Registro público de subcontratistas: exigir que los contratos principales incluyan cláusulas que obliguen a listar subcontratistas y sus historiales de seguridad, con acceso público a los expedientes.
• Protección de denunciantes: establecer canales seguros y protegidos para que trabajadores informen sobre condiciones inseguras sin temor a represalias.

Reflexión final

La muerte de Héctor González no es un caso aislado; es una manifestación trágica de fallos que ocurren cuando la urgencia de un proyecto eclipsa la atención a protocolos básicos de seguridad. Además, la superposición entre intereses políticos, donaciones y adjudicaciones aumenta la percepción de opacidad y disminuye la confianza pública. Garantizar que los proyectos financiados con dinero público se ejecuten con estándares más altos de seguridad y supervisión es una demanda social razonable y una obligación ética y legal para cualquier administración.

Mientras los procesos legales y administrativos siguen su curso —las apelaciones de Base International y las investigaciones sobre condiciones internas del centro—, la pregunta que queda para autoridades, contratistas y ciudadanos es clara: ¿qué reformas concretas se implementarán para evitar que la búsqueda de velocidad y rentabilidad cueste vidas humanas?

Fuentes citadas:

• Public Citizen, "Reporte sobre contratistas y condiciones en Camp East Montana", 2026. (Cita de Douglas Pasternak en el informe).
• OSHA Enforcement Database, casuística de citaciones relacionadas con la construcción de Camp East Montana, registros públicos, 2026.
• Bureau of Labor Statistics (BLS), "Workplace Injuries and Illnesses", 2024.
• Fang, D., et al., "Safety under schedule pressure: Evidence from construction projects", Journal of Construction Engineering and Management, 2018.