La batalla por el programa HUB de Texas: cuando la administración y la ley estatal chocan por contratos estatales

El reciente fallo judicial en Austin devolvió por ahora la vigencia a las reglas del programa Historically Underutilized Business (HUB) de Texas, restableciendo la posibilidad de certificación para empresas dirigidas por mujeres y minorías. Pero la decisión sólo marca el comienzo de una pugna legal y política que examina los límites del poder ejecutivo estatal para reescribir programas creados por la Legislatura.

Qué decidió el juez y qué implica

El lunes, una jueza del condado de Travis ordenó la reinstauración temporal de las normas del programa HUB, después de que cuatro dueños de negocios y una asociación presentaran una demanda contra el estado y el contralor interino, Kelly Hancock. La orden obliga además a que las agencias estatales informen a las empresas que habían sido decertificadas desde diciembre sobre el fallo judicial y restaura la certificación de seis de las empresas demandantes.

La jueza Amy Meachum fijó además fecha de juicio: el 9 de noviembre. Mientras tanto, las empresas afectadas recuperan, al menos temporalmente, la elegibilidad para participar en procesos de contratación estatal en condiciones de HUB.

Origen y propósito del programa HUB

El programa Historically Underutilized Business se creó en los años noventa mediante legislación bipartidista con la intención de proporcionar un apoyo competitivo a negocios propiedad de mujeres y minorías frente a grandes contratistas en la obtención de contratos estatales. No impone cuotas rígidas; en su lugar establece metas que las agencias estatales procuran cumplir al contratar bienes y servicios.

Según datos citados por la Oficina del Contralor, en 2024 las empresas certificadas en el programa HUB obtuvieron 3,634 contratos por un monto superior a 4,000 millones de dólares. Ese volumen ilustra la importancia práctica del programa para muchas pymes y contratistas especializados.

Qué cambió en diciembre y por qué se demandó

En octubre pasado, el contralor Hancock anunció que no se emitirían nuevas certificaciones ni renovaciones mientras se revisaba el programa. En diciembre, su oficina invocó facultades de emergencia para reestructurar el programa: removió la categoría de empresas propiedad de mujeres y minorías y limitó la elegibilidad sólo a veteranos de servicio con discapacidad, lo que redujo la lista de participantes de más de 15,000 a menos de 500 inscritos.

La acción causó cancelaciones y la pérdida de oportunidades de contratación para numerosas empresas. Los demandantes —entre ellos Ipsum General Contractors (Houston), Houston Construction Services, Mpulse Healthcare & Technology (Sugar Land), Williams Professional Water Restoration Service (Burleson) y el capítulo del Gran Houston de la National Association of Minority Contractors— sostienen que el contralor no tiene autoridad para reescribir un programa que la Legislatura creó y reguló.

En palabras del abogado principal de los demandantes, Alphonso David, “El caso HUB subraya un principio fundamental: los miembros del poder ejecutivo no pueden reescribir leyes aprobadas por la Legislatura. No pueden negar a los ciudadanos sus derechos legales sin una orden judicial, aprobación legislativa o debido proceso.” (Declaración difundida por los demandantes).

Argumentos del contralor y de la administración

Hancock defendió las modificaciones invocando el marco constitucional y recientes precedentes. En su comunicado citó la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. de 2023 que puso fin a ciertos programas de acción afirmativa en admisiones universitarias, y también apuntó al memorándum del gobernador Greg Abbott de 2025 que prohibía políticas de diversidad, equidad e inclusión en las agencias estatales. Hancock sostuvo: “Cada negocio de Texas es igualmente elegible para competir por contratos estatales, independientemente de la raza o el sexo. Texas continuará ampliando oportunidades para pequeñas empresas de la manera correcta —basada en la equidad, el trato igualitario y la Constitución.”

La oficina del contralor además señaló que el sistema Centralized Master Bidders List sigue siendo el mecanismo principal para notificar a proveedores calificados sobre oportunidades de licitación, lo que, según su planteamiento, mantiene abierto el acceso a contratos para cualquier empresa calificada.

La respuesta de legisladores y líderes que impulsaron el HUB

El senador Royce West, demócrata de Dallas y coautor de la ley que en 1999 codificó el programa, ha sido contundente: “La Legislatura votó. La respuesta fue no. El Contralor no puede anular esa decisión porque no esté de acuerdo; ese no es su rol según la Constitución de Texas.” Con esa postura, West subraya la tensión de poderes entre la Legislatura, que crea la ley, y el ejecutivo estatal, cuya función no incluye reescribir estatutos vigentes sin respaldo legal claro.

Impacto económico y testimonios de empresas afectadas

Los testimonios incluyen casos concretos de pérdida de contratos. Ruben Mercado Jr., fundador de Ipsum General Contractors, relató que un contrato para el cual estaba preparando una oferta de un millón de dólares fue retirado luego de la reestructuración del programa en diciembre. Por su parte, Wendell Stamley, presidente de la National Association of Minority Contractors, señaló que miembros de la asociación han visto contratos cancelados y trabajos que esperaban fueron devueltos a licitación competitiva.

Los defensores del HUB advierten que la reducción abrupta del programa no sólo merma la estrategia comercial de empresas medianas y pequeñas, sino que también puede reducir la competencia y la diversidad de proveedores en contratos públicos, con efectos en costos y calidad de servicios a mediano plazo.

Contexto político: intentos legislativos y clima nacional

En 2025 varios legisladores republicanos introdujeron iniciativas para eliminar el programa, pero la legislación no prosperó en ambas cámaras. La reestructuración por parte del contralor —utilizando potestades de emergencia— se inscribe en un debate más amplio sobre políticas de diversidad e inclusión en el sector público, que ha escalado a nivel nacional y estatal durante los últimos años.

Especialistas en derecho administrativo señalan que el uso de reglas de emergencia para cambiar la aplicación de un programa establecido por la Legislatura plantea preguntas sobre el alcance del poder ejecutivo administrativo. Los tribunales suelen examinar si la agencia que actúa tiene mandato estatutario y si siguió procedimientos de notificación y debido proceso antes de afectar derechos adquiridos.

Qué está en juego y por qué importa

• Para las empresas: la certificación HUB puede ser decisiva para acceder a contratos estatales y para la planificación financiera y operativa.
• Para el Estado: limitar la diversidad de proveedores puede influir en precios, tiempos de entrega y la disponibilidad de competencias técnicas especializadas.
• Para el sistema constitucional estatal: el litigio puede definir hasta dónde pueden llegar los ejecutivos estatales al reinterpretar o suspender programas que la Legislatura estableció.

Este caso combina economía, derecho y política pública: además de la restitución temporal, el juicio de noviembre será la ocasión para que un juez analice más a fondo si las acciones del contralor excedieron su autoridad legal.

Datos y referencias relevantes

1. Contraloría de Texas: cifra citada de 3,634 contratos y más de 4,000 millones de dólares en 2024 — datos difundidos por la Oficina del Contralor de Texas en informes públicos sobre contratación estatal.
2. Historia legislativa: el programa fue codificado a fines de los años noventa y concretamente en 1999 — ver archivos de la Legislatura de Texas para texto y debates originales sobre la ley HUB.
3. Declaraciones públicas: citas de Kelly Hancock y Royce West reproducidas en notas informativas y comunicaciones oficiales durante las controversias públicas en 2024–2026.

Para quienes deseen profundizar: la cobertura del caso ha sido seguida por medios locales como The Texas Tribune, que informó sobre la demanda y el impacto en las empresas; la Oficina del Contralor de Texas mantiene reportes sobre adjudicaciones y resultados del programa HUB en su portal oficial.

Reflexión final

Más allá del veredicto final en noviembre, el litigio ofrece una lección sobre cómo políticas públicas destinadas a corregir desigualdades económicas pueden convertirse en campo de batalla político-jurídico. Las pequeñas y medianas empresas que dependen de programas como HUB reclaman certeza y justicia procesal; mientras tanto, los responsables públicos alegan principios de igualdad formal. El resultado de este pleito no sólo determinará quién obtiene contratos estatales en Texas: también trazaría límites para futuras reinterpretaciones administrativas de programas creados por la Legislatura.