Crisis en el Departamento de Correcciones de Illinois: cuándo la mala gestión pone en riesgo dinero y vidas

La reciente auditoría del Departamento de Correcciones de Illinois (DOC) no es solo un expediente de errores administrativos: es un retrato alarmante de cómo la ineficiencia y el incumplimiento normativo pueden costarle millones a los contribuyentes y, sobre todo, poner en riesgo la seguridad pública y la integridad del sistema penitenciario.

Un informe que no deja lugar a dudas

La auditoría del ejercicio fiscal 2023-2024, revisada por la Legislative Audit Commission —una comisión bicameral de legisladores que supervisa a las agencias estatales— detectó 40 deficiencias significativas en el DOC. Entre los hallazgos más graves se encuentran prácticas persistentes de pago de horas extras, compras hechas por la vía de emergencia sin justificación clara, mantenimiento deficiente de registros sobre personas liberadas y errores en la clasificación de delitos que afectan derechos y supervisión.

Según el propio informe, el Departamento de Correcciones manejó un presupuesto de aproximadamente $2.1 mil millones en el año fiscal 2024, y la factura por horas extras ascendió a cerca de $150 millones. Esas cifras por sí solas exigen preguntas sobre controles internos, contratación y la administración de recursos humanos.

Horas extras: un problema que arrastra más de una década

Uno de los hallazgos más reveladores indica que el 80% de los empleados revisados registraron horas extras en los mismos días en que figuraban con licencia pagada. En la práctica, esto significa que personal que oficialmente estaba de permiso también acudía al trabajo y cobraba como horas extras, algo que auditores advierten lleva ocurriendo desde al menos 2014.

La diputada estatal Amy Elik (R-Godfrey) puso el punto en blanco durante las audiencias: “¿Alguien podría tomarse 37.5 horas o 40 horas de vacaciones, venir cuatro horas y que esas cuatro se paguen como horas extras aunque no haya estado en la oficina?” La directora LaToya Hughes, que asumió el cargo en 2023, reconoció la práctica y la vinculó en parte a cláusulas del contrato sindical del DOC.

Cuando una práctica costosa y reiterada persiste por años pese a compromisos previos de corregirla, la responsabilidad administrativa y la supervisión legislativa deben intensificarse. En analogía con informes de gestores públicos, la ausencia de modernización en controles de tiempo y asistencia suele traducirse en fugas presupuestarias continuas: un sistema manual de registro facilita manipulaciones y errores.

Compras de emergencia: ¿excepción o norma?

La auditoría también criticó el uso creciente del procedimiento de compras de emergencia, diseñado para situaciones excepcionales que requieren evitar los plazos del proceso de licitación estándar. Sin embargo, el DOC recurrió a esa vía para comprar, entre otras cosas, vehículos y hasta pan rebanado por montos millonarios.

Un caso sorprendente fue una compra declarada de emergencia por $692,640 en pan rebanado, un producto que normalmente produce la propia instalación penitenciaria en Illinois River Correctional Center. La explicación del administrador Jared Brunk fue un problema en la cadena de suministro que, según él, justificó la emergencia.

El uso reiterado de compras de emergencia sin documentación robusta o análisis de alternativas erosiona la competencia, reduce la transparencia y puede derivar en mayores costos por contratos negociados a la carrera. Auditar y exigir planes de contingencia para suministros críticos evitaría que interrupciones previsibles (p. ej., fallos en un proveedor local) se traduzcan en gastos extraordinarios.

Supervisión de liberados y riesgo a la seguridad pública

Más allá de lo fiscal, la auditoría revela fallos que afectan la seguridad ciudadana. El DOC no mantuvo una lista coherente de personas en libertad condicional o en supervisión obligatoria que se trasladaron a instalaciones estatales dirigidas por otros departamentos, como salud o servicios humanos. Con más de 15,000 personas bajo custodia en condiciones de liberación o supervisión, la obligación legal de notificar a las policías locales sobre la presencia de liberados en sus comunidades no puede cumplirse al azar.

Este descuido es especialmente grave respecto a la supervisión de ofensores sexuales en libertad obligatoria: la ley estatal exige seguimiento y notificación formal sobre su cumplimiento con condiciones de liberación. La falla en esos reportes debilita la protección de comunidades y la capacidad del Estado para responder a incumplimientos.

Además, la auditoría encontró casos en que personas estaban catalogadas erróneamente como ofensores sexuales violentos pese a no haber cometido tales delitos. La asistencia de la subdirectora Alyssa Williams apuntó a la falta de información clara proveniente de fiscales y tribunales para tomar decisiones de clasificación. Pero la ironía fue subrayada por el senador Chapin Rose: “Ustedes están custodiando a personas acusadas de violar la ley y al mismo tiempo ustedes mismos están violando la ley estatal”.

Digitalización y control de personal: una deuda pendiente

El DOC admitió que el proceso de registro de horas sigue siendo manual y que un intento previo de digitalización fracasó. En un entorno con tan altos gastos de horas extras, la ausencia de un sistema electrónico de control horario actualizado es inexplicable. Sistemas digitales con trazabilidad reducen errores, automatizan conciliaciones y permiten auditorías más eficaces.

Invertir en tecnología para la gestión de personal no es un lujo: es una medida de eficiencia que, bien diseñada, se paga sola al reducir pagos indebidos, mejorar la asignación de turnos y revelar prácticas contractuales que generan costos inflados.

Mail scanning y la tensión entre seguridad y derechos

Como respuesta a exposiciones a sustancias ilícitas que llegaron por correo, el DOC adoptó una norma para escanear y digitalizar la correspondencia entrante. La medida generó resistencias de familias y defensores por la erosión del contacto físico y la privacidad de las personas en custodia.

Los primeros datos presentados por el DOC tras la regla muestran una situación compleja: en los seis meses previos a la norma se registraron 392 descubrimientos de drogas y en los seis meses posteriores 414; los descubrimientos dentro de celdas y sobre personas aumentaron, mientras que los hallazgos vinculados al correo cayeron ligeramente (de 133 a 128). Para organizaciones como la John Howard Association, estos números refuerzan la tesis de que la entrada de drogas ocurre mayormente a través de personas —visitas y personal— más que por correo.

La cuestión es doble: la seguridad del personal y reclusos frente a sustancias que pueden hospitalizar, y el respeto al derecho humano de mantener correspondencia física. La evidencia inicial sugiere que escanear el correo por sí solo no resuelve el problema y que debe formar parte de un enfoque integral enfocado en control a visitantes, mayor supervisión del personal y mejoras operativas en los procedimientos de registro.

Responsabilidad pública y los próximos pasos

La Legislative Audit Commission no aceptó los hallazgos de forma definitiva en la sesión mencionada: el DOC deberá volver y rendir cuentas sobre avances concretos. Eso es apropiado y necesario. Para recobrar la confianza pública y garantizar la seguridad, las medidas mínimas deberían incluir:

• Implementación urgente de un sistema electrónico de control de tiempo y asistencia con auditoría externa.
• Revisión integral de cláusulas contractuales que permiten pagos de horas extras inconsistentes con la presencia física.
• Políticas estrictas y documentadas para el uso de compras de emergencia, con límites financieros y requerimiento de informes que justifiquen la excepcionalidad.
• Coordinación interinstitucional formalizada para el seguimiento de personas en libertad condicional y supervisión, con protocolos de notificación obligatorios.
• Una estrategia de seguridad multifactor que no dependa únicamente del escaneo de correo: controles a visitantes y personal, tecnología de detección en puntos de ingreso y servicios de inteligencia interna.
• Transparencia pública periódica sobre avances, con indicadores medibles y auditores independientes que certifiquen mejoras.

Si el sistema penitenciario es una de las pocas instituciones estatales que administra tanto recursos como vidas, entonces su correcto funcionamiento es una prioridad democrática. Como dijo el senador Rose durante las audiencias: “Estamos siendo saqueados —los contribuyentes— y se está poniendo en riesgo la vida de las personas”. Esa afirmación obliga a que la supervisión legislativa no sea meramente ritual, sino exigente y persistente.

Para quienes quieran profundizar en los detalles del informe y su cobertura local, la investigación original fue publicada por Capitol News Illinois, que ha seguido de cerca estas auditorías y las reacciones legislativas. Más información en Capitol News Illinois.

Nota: los montos y cifras mencionadas (presupuesto del DOC y costos por horas extras) proceden del informe de auditoría y de declaraciones públicas de los responsables del departamento en las audiencias legislativas.