Ben Roberts‑Smith y el reto de juzgar presuntos crímenes de guerra: justicia, reputación y memoria nacional

El reciente otorgamiento de libertad bajo fianza a Ben Roberts‑Smith, diez días después de ser formalmente acusado de cinco supuestos asesinatos cometidos durante operaciones en Afganistán, marca el inicio público de un proceso que promete tensar las fibras jurídicas, políticas y sociales de Australia por años. Más allá de la figura personal del exmiembro del Special Air Service Regiment (SAS), el caso pone en agenda preguntas incómodas: ¿cómo juzga una sociedad a sus militares condecorados? ¿Qué límites legales y morales aplican cuando las acciones ocurrieron en un contexto de guerra? ¿Qué implicaciones tiene para la institución militar y la opinión pública?

Contexto: de la gloriificación a la sospecha

Ben Roberts‑Smith, de 47 años, es reconocido históricamente como uno de los veteranos más condecorados en vida de Australia: recibió la Victoria Cross y la Medal of Gallantry por acciones en Afganistán. Sin embargo, desde la publicación en 2020 del informe conocido como el “Brereton Report”, elaborado por la Inspector‑General of the Australian Defence Force (IGADF), surgieron graves alegaciones sobre la conducta de tropas de élite australianas. Ese informe concluyó que había evidencia creíble de que miembros del SAS y de otros regimientos pudieron haber participado en la ejecución de hasta 39 prisioneros y civiles afganos en la provincia de Uruzgan entre 2009 y 2013.

El informe Brereton (2020) fue un punto de inflexión: por primera vez, investigaciones internas y públicas obligaron al país a mirar no solo la valentía sino también los posibles excesos de su fuerza militar durante la campaña en Afganistán. El hallazgo desencadenó investigaciones penales que ahora han llevado a cargos formales contra Roberts‑Smith, entre otros.

Los cargos y la fianza: implicaciones legales

Roberts‑Smith fue detenido el 7 de abril y enfrenta cinco cargos de asesinato en contexto de conflicto —delitos que en la legislación australiana se identifican como “war crime murder”, definidos como la intencional eliminación de una persona que no participa activamente en hostilidades (civiles, prisioneros o heridos) en un conflicto armado—. En la audiencia de fianza, el juez Greg Grogin determinó que existían circunstancias excepcionales para la libertad bajo fianza, pese a la firme oposición de la fiscalía, que alegó riesgo de fuga e interferencia con testigos.

La fiscalía sostuvo que los cargos contra Roberts‑Smith están “entre los más graves conocidos por el derecho penal” y señaló indicios de que el acusado había considerado una relocalización al exterior cuando tuvo conocimiento de que se estaban ponderando cargos. Por su parte, la defensa sostuvo que el caso es “sin precedentes” en varios sentidos: se trata de un procesado altamente condecorado, las acciones imputadas fueron realizadas durante una guerra desplegada por el Estado australiano y, según la defensa, el proceso penal transita por territorio jurídico poco explorado.

Es importante recordar que, aunque en 2023 una corte civil encontró mayoritariamente creíbles las alegaciones sobre conductas indebidas —resolución que surgió en un juicio por difamación—, el estándar probatorio en un proceso penal es mucho más estricto: la culpabilidad debe probarse “más allá de toda duda razonable”. La diferencia entre la balanza de probabilidades (civil) y ese estándar penal es crucial y condiciona tanto estrategia de la fiscalía como de la defensa.

Más allá de la persona: el desafío institucional

El juicio a un exsoldado condecorado no es sólo un juicio personal: es un examen a la cultura, los controles y la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas. Los hallazgos del informe Brereton y la investigación criminal subsiguiente señalan fallos potenciales en supervisión, rendición de cuentas y mecanismos para prevenir y sancionar conductas ilícitas en teatros de guerra.

• Rendición de cuentas: ¿cómo se fortalecen las salvaguardas para evitar que operaciones de alto riesgo se conviertan en entornos donde se normalicen prácticas ilegales?
• Protección de denunciantes y testigos: la fiscalía ha advertido sobre el riesgo de interferencia. Garantizar la seguridad y la integridad de testimonios, especialmente en causas que involucran personal militar disperso internacionalmente, es un desafío logístico y jurídico.
• Transparencia versus seguridad operativa: equilibrar la necesidad de transparencia pública y el secreto operacional en materia de defensa es complejo; sin transparencia, la confianza pública se erosiona; sin protección de ciertos datos, se comprometen vidas y estrategias.

Implicaciones políticas y sociales

En el plano político, el caso obliga a gobiernos y partidos a posicionarse sin demérito a la seguridad nacional ni a los principios del debido proceso. Australia, como muchas democracias, enfrenta la tensión entre honrar a sus fuerzas armadas y exigir responsabilidad cuando hay alegaciones de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Socialmente, el caso reaviva debates sobre la memoria de la guerra en Afganistán: ¿cómo recordaremos una campaña en la que, según cifras difundidas y documentos oficiales, decenas de miles de soldados participaron durante dos décadas y donde, al menos, varias decenas perdieron la vida en servicio? La narrativa pública cambia cuando héroes se convierten en investigados por crímenes graves.

Precedentes e implicaciones internacionales

El procesamiento de presuntos crímenes de guerra por tribunales nacionales no es inédito; sin embargo, en Australia este proceso es altamente simbólico por la condecoración y la figura pública de Roberts‑Smith. A nivel internacional, los Estados tienen obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y pueden ser llamados a investigar y enjuiciar crímenes graves cometidos por sus tropas. El caso australiano puede convertirse en referencia para otros países que enfrentan acusaciones similares respecto a su conducta en teatros de conflicto.

¿Qué podemos esperar del proceso?

El camino hacia un juicio penal pleno será largo. La complejidad probatoria en casos que involucran operaciones militares en el exterior, testigos que pueden estar dispersos internacionalmente, y evidencias forenses y documentales sujetas a clasificación y preservación, auguran retrasos y desafíos logísticos. La defensa ya anticipó múltiples demoras, incluyendo la posibilidad de que otros exsoldados sean eventualmente formalmente investigados o imputados, lo que ampliaría el alcance del proceso.

Al mismo tiempo, la fiscalía buscará construir un caso que supere el alto umbral de certeza penal. Las decisiones sobre admisibilidad de pruebas, protección de testigos y cooperación internacional serán determinantes.

Reflexión final: memoria, justicia y el precio de la guerra

Lo que está en juego trasciende la suerte judicial de un exsoldado: se trata de cómo una democracia afronta las sombras de sus decisiones de política exterior y militar. La exigencia de justicia por graves violaciones del derecho internacional no es incompatible con reconocer el servicio y el sacrificio de quienes cumplen el deber; sin embargo, la legitimidad moral de las fuerzas armadas y la confianza ciudadana se fortalecen cuando existen mecanismos creíbles de responsabilidad y sanción.

En palabras de expertos en derecho internacional penal, “la rendición de cuentas es esencial para la prevención futura”: la impunidad, además de injusta para las víctimas, corroe la disciplina y los estándares de conducta en operaciones futuras. El proceso contra Ben Roberts‑Smith será, en consecuencia, un barómetro del compromiso australiano con esos principios.

Fuentes clave citadas:

• Informe de la Inspector‑General of the Australian Defence Force (conocido como Brereton Report), 2020 — investigación sobre conductas de tropas australianas en Afganistán: https://www.defence.gov.au/igadf
• Declaraciones judiciales y coberturas públicas de las audiencias preliminares (documentos de la Corte Federal de Australia, audiencia de fianza presidida por el juez Greg Grogin).