Perú en vilo: la lucha por el segundo puesto que definirá la segunda vuelta
Con el primer lugar asegurado para Keiko Fujimori, la verdadera tensión radica en un margen de apenas unos miles de votos entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga
El resultado de la primera vuelta presidencial en Perú dejó algo más que porcentajes: dejó incertidumbre. Aunque Keiko Fujimori aseguró con claridad el primer lugar entre 35 candidatos —obteniendo alrededor del 17% de los votos—, el verdadero suspense se instaló en el estrecho margen que separa al segundo y tercer puesto. Roberto Sánchez, congresista nacionalista y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima con un discurso ultraconservador, se disputan por apenas unas pocas miles de boletas la posibilidad de enfrentar a Fujimori en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.
Un escenario de alta polarización
La elección peruana llega en un contexto de volatilidad política extrema: en apenas diez años, Perú ha tenido una sucesión de gobiernos y presidentes interinos que han alimentado un desgaste institucional profundo. El país vive una crisis de representación donde la fragmentación partidaria y la rotación acelerada en el poder han convertido cada elección en una incógnita sobre la estabilidad futura.
Fujimori, hija del controvertido Alberto Fujimori, promueve un mensaje de seguridad y orden y ha sido criticada por haber defendido leyes que, según especialistas, dificultan la persecución penal de determinados delitos. Su ventaja en la primera vuelta la sitúa como favorita para pasar a la segunda vuelta, pero las proporciones de voto que alcanzó (muy lejos del 50% necesario para evitar un balotaje) garantizan que cualquier rival que la enfrente tendrá una oportunidad real en junio.
Dos proyectos de país en pocas décimas
En un extremo ideológico aparece Rafael López Aliaga, con un programa duro en materia de seguridad: propone la construcción de prisiones en la Amazonía, medidas para proteger la identidad de jueces y una política de expulsión para extranjeros en situación irregular. Sus propuestas han sido aplaudidas por sectores que demandan mano dura, pero al mismo tiempo generan alarma entre quienes temen retrocesos en derechos y garantías judiciales.
En el otro extremo, Roberto Sánchez apuesta por cambios económicos profundos: gasto público ampliado, una reforma tributaria sustantiva y la idea de una parcial nacionalización de recursos naturales. Sánchez, identificado con rasgos y símbolos rurales —como su sombrero de ala ancha que se ha vuelto distintivo—, canaliza las expectativas de quienes reclaman mayor intervención estatal para corregir desigualdades históricas.
Lo que está en juego: más que un puesto, una dirección
La diferencia entre Sánchez y López Aliaga fue, en los conteos oficiales con cerca del 93% de actas procesadas, apenas de unas pocas centésimas: 11.97% frente a 11.91%. Esa leve distancia, traducida en menos de 8.000 votos según el escrutinio parcial, puede variar por varias razones. Primero, existen alrededor de 1.600 actas pendientes de regiones remotas y del exterior; segundo, unas 5.000 actas han sido objetadas y entrarán en un procedimiento de revisión que podría durar semanas.
Álvaro Henzler, presidente de la organización Transparencia, explicó la complejidad del proceso de impugnaciones y reconteos: "En Perú, un porcentaje de actas siempre es 'impugnado' por errores matemáticos o inconsistencias; cuando esto ocurre, las planillas se envían a 60 juntas electorales especiales para su revisión". Esta aclaración ayuda a entender por qué, aun con resultados preliminares, el veredicto final puede demorarse tanto.
Precedentes y tiempos: ¿por qué puede tardar tanto?
No es la primera vez que en Perú se vive una espera prolongada para ratificar resultados electorales. En 2021, el tribunal electoral proclamó los resultados de la primera vuelta 37 días después de la votación del 11 de abril, aunque esa vez la distancia entre segundo y tercero fue abrumadora —más de 238.000 votos— y la prolongación obedeció a otros trámites procesales. En la actual contienda, la combinación de margen mínimo y miles de actas impugnadas hace prever una resolución más lenta y tensa.
Además, la dispersión del electorado entre 35 candidaturas añade volatilidad: con porcentajes tan fragmentados, pequeñas correcciones en el escrutinio pueden tener efectos desproporcionados en la definición de quién avanza.
Impacto en la gobernabilidad y en la región
El ganador de la segunda vuelta será el noveno presidente en una década. Esa cifra ilustra el nivel de inestabilidad institucional que ha padecido el país y plantea interrogantes sobre la capacidad del próximo mandatario para implementar un plan de gobierno coherente. Los desafíos son múltiples: reactivar la economía, enfrentar una inseguridad creciente, lidiar con la explotación de recursos naturales y reconstruir confianza en las instituciones públicas.
La comunidad internacional y los mercados observan con atención: propuestas que apunten a la nacionalización parcial de recursos o a cambios fiscales agresivos pueden generar reacciones en inversores y socios comerciales; del mismo modo, promesas de mano dura y modificaciones al sistema judicial suscitan preocupaciones sobre la protección de derechos y el control democrático.
Escenarios hacia la segunda vuelta
- Sánchez vs. Fujimori: un choque entre un programa orientado a mayor intervención estatal y un discurso conservador en seguridad. Podría movilizar a votantes de izquierdas que buscan cambios económicos profundos y a sectores moderados preocupados por la estabilidad económica.
- López Aliaga vs. Fujimori: una contienda dominada por la agenda de seguridad y orden público; aquí la definición pasaría por quién logra capitalizar el descontento con la inseguridad sin alienar a votantes moderados o empresariales.
Qué observar en las próximas semanas
- El avance del conteo de actas pendientes en zonas rurales y en el exterior; son las que pueden inclinar la balanza.
- El resultado del trámite de impugnaciones ante las juntas especiales: cada revisión puede confirmar o revertir pequeñas diferencias.
- La reacción de organizaciones de observación electoral y de la sociedad civil ante el proceso de escrutinio, que será clave para validar la percepción de legitimidad del resultado final.
Perú enfrenta, otra vez, una decisión que definirá su rumbo político. No se trata sólo de quién ocupará el Palacio de Gobierno: se trata de si el país opta por políticas económicas más estatistas, por un endurecimiento en materia de seguridad o por alguna combinación de ambas. Hasta que el último acta sea procesada y las impugnaciones resueltas, la posibilidad de sorpresas permanece abierta, y con ella la responsabilidad de actores políticos y ciudadanos para garantizar un proceso transparente y una transición pacífica.
Mientras tanto, en las calles y en los hogares peruanos crece la expectativa. La pregunta que define este momento es la misma que han tenido que responder varias naciones en tiempos de polarización: ¿buscarán los votantes un cambio drástico o priorizarán la continuidad y la seguridad? La respuesta se conocerá, con toda probabilidad, después de un escrutinio tan técnico como tenso.
