Crisis, geopolítica y la gran encrucijada energética de Colombia: ¿por qué acelerar la salida de los combustibles fósiles?

Colombia llega a la cumbre internacional sobre combustibles fósiles en Santa Marta con una apuesta clara: empujar la conversación global hacia la salida paulatina —y eventualmente la eliminación— del petróleo, el gas y el carbón. Pero esa pretensión convive con una realidad dura y compleja. La guerra que involucra a Irán y el consiguiente desorden en los mercados energéticos internacionales han reavivado el debate sobre seguridad de suministro, precios y, sobre todo, el ritmo viable para una transición justa.

Guerra, precios y la urgencia de la transición

La reciente escalada en el conflicto de Medio Oriente ha demostrado que la política internacional puede trastocar de forma inmediata los flujos energéticos. El Estrecho de Ormuz, por ejemplo, es una ruta estratégica por la que transita alrededor del 20% del petróleo mundial (fuente: U.S. Energy Information Administration), y cualquier interrupción en ese corredor se traduce en subidas de precio y temores sobre la seguridad energética.

Frente a ese escenario, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, sostuvo que la inestabilidad debería servir como argumento para acelerar la transición hacia energías limpias como la solar, eólica y geotérmica. “La guerra en Medio Oriente ha provocado una crisis global… en este caso, creo que el movimiento debe ser hacia la radicalización de la agenda verde y las transiciones”, ha dicho en entrevistas recientes (Fuente: entrevista pública, abril 2026).

La lógica de Vélez no es meramente ideológica: se apoya en la idea de que diversificar la matriz energética reduce la exposición de una economía a los vaivenes geopolíticos y al mismo tiempo contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Pero la teoría choca con la realidad económica y social de Colombia.

Dependencia económica y dilemas domésticos

Colombia es, desde hace décadas, uno de los productores relevantes de petróleo en América Latina. Las exportaciones de hidrocarburos aportan una parte significativa de los ingresos fiscales y de divisas que sostiene el gasto público y programas sociales. Abandonar o reducir rápidamente esa fuente de ingresos implica enfrentar decisiones difíciles: ¿cómo reemplazar la renta petrolera sin desestabilizar las finanzas públicas? ¿Cómo proteger empleos en regiones productoras? ¿Qué sucede con los servicios sociales financiados con esos recursos?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado un giro: detener nuevos contratos de exploración y promover fuentes renovables. Según cifras oficiales del propio Ejecutivo colombiano, la participación de energías renovables (excluyendo grandes hidroeléctricas) en la matriz eléctrica se habría elevado del 1% al 16% durante la actual administración (Fuente: comunicados del Ministerio de Ambiente y de Energía, 2025–2026). Si bien ese avance es notable en términos relativos, aún deja a Colombia con una fuerte dependencia de fuentes fósiles en múltiples sectores, especialmente en transporte y ciertos procesos industriales.

Transición energética: técnica, social y política

La transición no es solo cambiar turbinas o paneles; es un proceso multidimensional que toca infraestructura, empleo, inversión y gobernanza.

• Infraestructura: desplegar solar y eólica exige inversiones en redes eléctricas, almacenamiento y sistemas de transmisión. La intermitencia de algunas renovables obliga a pensar en baterías, hidrógeno verde o complementariedad con otras fuentes.
• Empleo y región: las zonas petroleras requieren estrategias de reconversión laboral y proyectos de inversión local para evitar que el cierre gradual de pozos derive en pobreza regional.
• Finanzas públicas: dado que gran parte de la recaudación proviene de hidrocarburos, el Estado debe diseñar alternativas fiscales para compensar pérdidas de ingresos.

Estas reformas exigen consensos políticos y tiempo. Pero la volatilidad internacional, acentuada por conflictos, genera presiones para respuestas rápidas que a menudo terminan favoreciendo soluciones de corto plazo: reactivar pozos, posponer cierres de minas, o incluso ampliar la producción para compensar precios altos. Es el dilema clásico entre seguridad inmediata y sustentabilidad a largo plazo.

La diplomacia climática y la cumbre de Santa Marta

La reunión que Colombia coorganiza con los Países Bajos en Santa Marta (24–29 de abril) pretende abrir un espacio político para debatir la salida de los combustibles fósiles, pero no busca forzar compromisos vinculantes. Esa decisión responde a una realidad: tras más de tres décadas de negociaciones en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), las resoluciones sobre producción de combustibles fósiles han sido escasas y muy disputadas.

Que la cumbre sea un foro político, más que un mecanismo de obligaciones, puede ser útil para generar propuestas técnicas y coaliciones de países dispuestos a experimentar vías concretas de desinversión en fósiles. Sin embargo, la ausencia de potencias productoras clave —por ejemplo, Arabia Saudita anunció que no asistirá— limita el alcance de cualquier mensaje global. Los grandes productores y consumidores deben formar alianzas prácticas si la transición va a ser ordenada y equitativa.

Oportunidades económicas y tecnológicas

La transición también abre oportunidades. La reducción gradual del papel de los combustibles fósiles puede catalizar inversión extranjera en proyectos renovables, generación de empleo verde y desarrollo industrial en tecnologías emergentes (baterías, celdas de hidrógeno, software de gestión energética). Para países como Colombia, con recursos solares y eólicos importantes en varias regiones, existe un potencial de valor agregado: fabricar componentes, ensamblar proyectos, y exportar energía limpia o hidrógeno en el mediano plazo.

Un punto clave es que la transición bien gestionada puede maximizar beneficios locales: empleo, inversión en zonas marginales y mejor calidad ambiental para comunidades afectadas por extracción, deforestación e ilegalidad. Pero para eso se requiere planificación y fondos: mecanismos de financiamiento internacional y transferencias tecnológicas que faciliten la reconversión.

Justicia climática y Amazonía

Colombia alberga cerca del 6% del bosque amazónico mundial, un activo crucial para la regulación climática global. La protección de ese ecosistema es parte de la narrativa por la cual Colombia demanda mayor ambición internacional. No obstante, la Amazonía colombiana enfrenta presiones por deforestación, minería ilegal y presencia de actores armados que complican la gobernanza ambiental.

La relación entre transición energética y conservación de bosques debe gestionarse con cuidado. Poner fin a nuevas exploraciones petroleras no garantiza por sí mismo la protección del bosque si no vienen acompañadas de políticas contra la deforestación y alternativas económicas para comunidades locales. La justicia ambiental exige políticas integradas que vinculen energía limpia, protección territorial y desarrollo rural sostenible.

Geopolítica: EEUU, productores y la agenda global

La dinámica entre gobiernos también condiciona el avance. Mientras Colombia impulsa una agenda de reducción de la producción fósil, países como Estados Unidos, bajo ciertas administraciones, podrían priorizar la expansión de la producción petrolera. Esa tensión se traduce en bloqueos y diferencias en foros internacionales, y puede debilitar acuerdos globales si no se crean incentivos económicos claros para la desinversión en hidrocarburos.

Además, la voluntad de grandes productores para aceptar límites sobre extracción dependerá de garantías sobre mercados, precios y compensaciones. Sin soluciones de transición justa y financiamiento adecuado, la reticencia de esos países persistirá.

¿Qué pasos concretos necesita Colombia (y el mundo) ahora?

1. Diseñar planes de reconversión regional y fiscal que protejan empleos y servicios públicos al reducir la producción fósil.
2. Movilizar financiamiento internacional para proyectos de energía renovable, redes y almacenamiento, con énfasis en transferencia tecnológica.
3. Fortalecer la gobernanza ambiental en la Amazonía y zonas afectadas por minería ilegal, integrando comunidades locales en soluciones sostenibles.
4. Construir alianzas diplomáticas para que la cumbre de Santa Marta genere hojas de ruta técnicas que alimenten futuras negociaciones en la UNFCCC y la COP31 en Turquía.
5. Impulsar mecanismos de estabilización de ingresos fiscales para amortiguar choques por la reducción de ingresos petroleros (fondos soberanos, impuestos de transición, etc.).

La decisión de acelerar o ralentizar la transición energética no es solo una cuestión técnica: es profundamente política y económica. La guerra en Medio Oriente y la volatilidad resultante muestran que depender de mercados concentrados y rutas vulnerables acarrea riesgos. Al mismo tiempo, el paso hacia energías limpias requiere planificación, recursos y compromiso multilateral para asegurar que la seguridad energética, la justicia social y la protección del clima avancen en paralelo.

Como sintetizó la ministra Vélez en su llamado: “la inestabilidad global debe ser un argumento para radicalizar la agenda verde y las transiciones”. Ese es el punto de partida. El desafío real será traducir esa consigna en políticas prácticas que mantengan la estabilidad económica y social mientras se transforma la matriz energética de Colombia.