Desterrados a terceros países: la polémica estrategia estadounidense y sus consecuencias humanitarias

En los últimos años la administración estadounidense ha recurrido con creciente frecuencia a acuerdos con países terceros para deportar a migrantes que no pueden ser devueltos con seguridad a sus países de origen. Esta práctica —conocida como tercera-posición o deportaciones a terceros países— ha generado un debate intenso entre juristas, organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales por sus implicaciones legales, éticas y humanitarias.

¿Qué son las deportaciones a terceros países y por qué se usan?

Las deportaciones a terceros países consisten en trasladar personas que buscan asilo o que están sujetas a procedimientos migratorios desde el país donde fueron detenidas hacia un tercer Estado que acepta temporalmente recibirlas, a menudo bajo acuerdos bilaterales que incluyen compensaciones logísticas o económicas.

La motivación oficial detrás de estas prácticas suele ser la necesidad de agilizar la remoción de migrantes cuando la repatriación directa resulta inviable: por ejemplo, cuando los Estados de origen se niegan a readmitir a sus nacionales, cuando existen riesgos para la seguridad o cuando los procedimientos de protección en el país de detención han concluido sin posibilidad de retorno inmediato.

Casos recientes y cifras relevantes

En 2026 se documentaron traslados de migrantes a la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, procedentes de vuelos que partieron de Estados Unidos y que incluían a personas originarias de países latinoamericanos. Autoridades y abogados señalaron que los deportados contaban con órdenes judiciales que evitaban su retorno a sus hogares, por lo que fueron reubicados temporalmente en ese tercer país.

Un informe del personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado indicó que la administración había gastado al menos 40 millones de dólares para deportar alrededor de 300 migrantes a países distintos de sus naciones de origen. (Informe del personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 2026).

Estos números —si bien no masivos frente al total global de migraciones— son significativos por su carácter sistemático y por la rapidez con la que a veces se ejecutan, lo que levanta preocupaciones sobre garantías procesales y protección internacional.

¿Qué pasa con las garantías legales y el principio de no devolución?

El corazón de la controversia reside en el principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en el derecho internacional de refugiados y en tratados de derechos humanos, que prohíbe expulsar a personas a un país donde podrían sufrir persecución, tortura u otros daños graves.

Los defensores de los derechos de los migrantes alertan que el traslado a un tercer país, incluso si se presenta como “voluntario” o “asistido”, puede equivaler en la práctica a una forma de devolución si la persona no cuenta con información completa, asesoría independiente o si las condiciones en el país receptor son precarias. La presencia de decisiones judiciales en favor de la protección frente al retorno al país de origen complica aún más la situación: ¿puede considerarse respetada la protección si la persona es enviada a un Estado que no es su país, y que posiblemente no tenga mecanismos adecuados para su protección?

Roles de agencias internacionales: ¿solución o parche?

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) participa en algunos de estos procesos ofreciendo “retornos asistidos” y apoyo logístico. En teoría, la implicación de la OIM busca garantizar que las reubicaciones se efectúen con salvaguardas mínimas: evaluación voluntaria, asistencia humanitaria, y seguimiento. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales argumentan que la participación técnica no sustituye la obligación de respetar los derechos humanos y las decisiones judiciales que protegen a las personas migrantes.

Un problema recurrente es la diferencia entre “asistencia” y “coerción”. Investigadores señalan que condiciones de detención, la falta de acceso a representación legal efectiva, y la presión administrativa para firmar formularios pueden convertir la supuesta voluntariedad en coacción implícita.

Impacto diplomático y selección de países receptores

Estados Unidos ha firmado acuerdos con al menos siete países africanos para recibir a migrantes. La selección de estos Estados no es neutra: muchos de los países aliados en estos acuerdos han sido señalados por organizaciones internacionales por deficiencias en derechos humanos. Esto ha provocado críticas de que la política de tercer país traslada la carga a naciones con menos capacidad institucional y, en algunos casos, menos respeto a las garantías individuales.

Los gobernantes de los países receptores a menudo defienden estas medidas como actos de solidaridad temporales o como oportunidades económicas (por ejemplo, cuando se cubren costos logísticos). Otros sectores, tanto nacionales como de la comunidad internacional, advierten sobre los riesgos reputacionales y sobre la necesidad de que todo acuerdo incluya supervisión independiente y mecanismos de protección robustos.

Cuestiones humanitarias: historias detrás de las cifras

Más allá de los números, las deportaciones a terceros países afectan vidas concretas. Existen testimonios de personas que pasaron meses o años en procedimientos migratorios, luchando por evitar la expulsión a su país de origen por razones de seguridad. Ser enviadas a un Estado tercero —donde no conocen la lengua, no tienen redes familiares y a veces enfrentan condiciones de vulnerabilidad— puede agravar traumas previos y generar nuevas situaciones de riesgo.

Abogadas y defensores han señalado casos en los que personas con órdenes judiciales de protección terminaron en hoteles o alojamientos provisionales en el país receptor, sometidas a evaluaciones aceleradas que no siempre garantizaban acceso a representación independiente ni a recursos eficaces para solicitar reasentamiento o protección complementaria.

Debate político en Estados Unidos y reacciones internacionales

En la arena política interna, la práctica ha sido tanto defendida como criticada. Quienes la apoyan argumentan que ofrece una herramienta pragmática para gestionar flujos migratorios y reducir la presión sobre los sistemas de detención. Sus críticos alegan que se trata de una externalización de responsabilidades que viola compromisos internacionales y pone en riesgo a personas vulnerables.

En el plano internacional, organismos de derechos humanos han pedido transparencia en los acuerdos, evaluación de riesgos antes de cualquier traslado, y la implementación de vías más seguras y legales para la migración y la protección internacional.

Alternativas y recomendaciones para políticas más justas

• Fortalecer mecanismos de evaluación individual: cada caso debe ser examinado con acceso a asesoría legal independiente antes de cualquier traslado.
• Garantías de no devolución: comprobar de manera verificable que el tercer país no coloca a la persona en riesgo de ser devuelta a su país de origen ni de ser sometida a tratos inhumanos.
• Transparencia en los acuerdos: publicación pública de los términos, salvaguardas y mecanismos de supervisión externa.
• Cooperación multilateral: promover soluciones compartidas entre regiones, con responsabilidad compartida y programas de reasentamiento humanitario respaldados por organismos internacionales.
• Vías legales y seguras: ampliar programas humanitarios, reasentamientos y permisos temporales que reduzcan la necesidad de detenciones prolongadas y deportaciones forzosas.

Reflexión final: qué está en juego

La estrategia de deportar personas a terceros países interpela principios fundamentales del derecho internacional y de la ética migratoria. Si bien las presiones administrativas y políticas sobre la gestión migratoria son reales, la respuesta debe equilibrar eficacia con respeto escrupuloso a los derechos humanos. Sin controles adecuados, la práctica corre el riesgo de convertirse en una forma de externalización de responsabilidades que traslada la carga a quienes menos capacidad tienen para proteger a quienes buscan seguridad.

En un mundo interconectado, las políticas migratorias que ignoran las obligaciones internacionales no sólo vulneran vidas individuales: erosionan la credibilidad de los sistemas de protección y abren la puerta a soluciones temporales que, a la larga, generan más inestabilidad y sufrimiento.

Fuentes citadas: Informe del personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (2026); publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones sobre retornos asistidos.