El saqueo del patrimonio ucraniano: cómo la digitalización, la justicia y la memoria se enfrentan al expolio

El descubrimiento de salas vacías en el Museo de Arte de Kherson tras la retirada de las fuerzas rusas en 2022 no fue solo la constatación de pérdidas materiales: fue el testimonio de una herida colectiva. «Entré y vi salas de almacenamiento vacías, estantes vacíos. Se me doblaron las piernas y me senté junto a la pared, como una niña», recuerda Alina Dotsenko, directora del museo, sobre el momento en que comprobó que miles de obras habían desaparecido (entrevista en Kiev, 2026).

Qué ocurrió y por qué importa

Antes de la invasión a gran escala de 2022, el museo de Kherson custodiaba más de 14.000 piezas, con colecciones que iban «de América a Japón». Cuando las fuerzas que ocuparon la ciudad se retiraron, gran parte de esa colección fue cargada en camiones y, según testigos y grabaciones, trasladada hacia la Crimea anexionada. El paradero de cerca de 10.000 obras sigue sin conocerse.

La pérdida supera lo económico: se trata de memoria, identidad y patrimonio colectivo. Cada cuadro, cada escultura, cada objeto museístico lleva consigo historias locales, trayectorias de artistas y vínculos comunitarios que no se reemplazan con una réplica.

Digitalizar para conservar: un caso ejemplar

Lo que distingue al caso de Kherson es que había un registro meticuloso: años antes del conflicto, Dotsenko comenzó a fotografiar cada una de las piezas del museo y guardó esa base de datos en discos duros que ocultó durante la ocupación. Tras la liberación recuperó esos archivos, que hoy constituyen un inventario detallado que facilita la trazabilidad de las obras y permite a las autoridades colaborar con organismos internacionales para intentar localizarlas.

Ese ejemplo demuestra el valor de la digitalización preventiva: un archivo bien mantenido puede convertir una pérdida aparentemente irreversible en una causa viable ante la justicia.

La realidad en el resto de Ucrania

Sin embargo, Kherson es la excepción. En buena parte del territorio ucraniano la documentación no existe: inventarios destruidos, libros de registro retirados o simplemente no creados. Cuando los registros desaparecen, la persecución judicial de los robos se complica. La Oficina del Fiscal General de Ucrania informó que su unidad de crímenes de guerra lleva 23 procesos penales relacionados con delitos contra el patrimonio cultural, abarcando 174 episodios de saqueo, daño y destrucción (Oficina del Fiscal General de Ucrania, 2026).

Los fiscales apelan entonces a la inteligencia de código abierto: fotografías, subastas en línea, anuncios, registros aduaneros, y cualquier rastro digital que permita seguir la pista de un objeto. Es un trabajo minucioso y lento, pero esencial: los crímenes contra el patrimonio están contemplados en el derecho internacional y, de hecho, no prescriben.

Historias de evacuación y fragmentación de archivos

El drama se repite en diferentes tonos. Halyna Chumak, exdirectora del Museo Regional de Donetsk, huyó en 2014 de la región bajo control prorruso llevando consigo lo que pudo: catálogos que documentaban apenas una fracción de las cerca de 15.000 obras del museo. Tras un año cruzando puntos de control y evitando llamar la atención, logró salvar registros que cubren poco más de 1.000 piezas. A día de hoy, emprendedores y voluntarios trabajan en la digitalización de esos catálogos para ofrecer a las autoridades ucranianas una base —aunque parcial— para reclamar la propiedad de objetos perdidos.

Escala del expolio y acciones legislativas

Las cifras oficiales del Ministerio de Cultura de Ucrania son alarmantes: hasta marzo de 2026, se reportaron 1.707 sitios de patrimonio cultural destruidos o dañados y 2.503 infraestructuras culturales afectadas —entre teatros, salas de exposiciones y centros culturales—, incluida la conocida tragedia del Teatro Dramático de Mariúpol. El ministerio estima que más de 2,1 millones de objetos museísticos se encuentran hoy en territorios ocupados; de las áreas recuperadas desde 2022, más de 35.000 ítems han sido confirmados como saqueados (Ministerio de Cultura de Ucrania, informe, marzo 2026).

Por su parte, la legislación impulsada por el Estado que controla los territorios ocupados ha avanzado en la formalización de colecciones: en 2023 se incorporaron 77 museos ucranianos de las regiones ocupadas al catálogo nacional de la potencia ocupante, un movimiento que, según críticos, pretende legalizar la apropiación y dificultar el retorno de las obras.

La vía judicial y los primeros pasos de rendición de cuentas

Un caso reciente en Europa ha mostrado que la justicia internacional puede abrir brechas: en marzo de 2026, un tribunal polaco autorizó la posible extradición a Ucrania de Oleksandr Butiahin, un ciudadano ruso acusado de excavar ilegalmente en Crimea y extraer artefactos que Ucrania considera parte de su patrimonio. Butiahin fue detenido en Polonia a petición de las autoridades ucranianas; la decisión judicial aún puede ser apelada (Tribunal polaco, marzo 2026).

Según Anna Sosonska, subdirectora de la unidad de crímenes de guerra en la Oficina del Fiscal General de Ucrania, este expediente es significativo porque representa la primera vez que un ciudadano ruso podría ser procesado en relación con delitos contra el patrimonio cultural vinculados a territorios ocupados (Oficina del Fiscal General de Ucrania, 2026).

Obstáculos prácticos y legales

Además de la dificultad de probar pieza por pieza, existen obstáculos diplomáticos y de mercado. El tráfico de bienes culturales recurriría a rutas de lavado y cuadros intermedios: intermediarios, subastas o inserción en colecciones públicas bajo marcos legales creados por la potencia ocupante. La detección en mercados internacionales depende en muchos casos de la cooperación entre agentes aduaneros, casas de subastas y autoridades culturales, así como de la voluntad política de países donde aparezcan las obras.

Asimismo, la modificación de registros y la incorporación de objetos saqueados a inventarios nacionales del ocupante crean una tensión jurídica compleja: ¿cómo reclamar legalmente el retorno de objetos que, sobre el papel, aparecen inscritos en otra jurisdicción? Aquí la presión diplomática y la evidencia documental previa a la ocupación se vuelven determinantes.

Por qué la prevención es la mejor arma

• Inventarios digitales con respaldo exterior: la experiencia de Kherson demuestra que fotografías y copias de seguridad almacenadas fuera del territorio en riesgo permiten documentar pérdidas y acelerar la recuperación.
• Formación y protocolos de emergencia: museos y colecciones necesitan planes de contingencia para la evacuación cuidadosa de objetos prioritarios y para proteger los registros cuando mover las piezas no es viable.
• Cooperación internacional: la trazabilidad exige intercambio de información entre países, cooperación judicial y normas claras sobre la circulación de bienes culturales en contextos de conflicto.

Voces de quienes resistieron

Para muchos profesionales del patrimonio, como Dotsenko, la pérdida es íntima. En una exposición en Kiev que presenta reproducciones de las pinturas sustraídas, la directora afirmó: «Mientras estas obras sigan en cautiverio, todos esperamos que la situación se resuelva a favor del Museo de Arte de Kherson. No dediqué 50 años de mi vida a este museo para nada» (entrevista en Kiev, 2026).

Estas palabras no sólo remueven por el apego personal, sino porque resumen la apuesta cultural: recuperar las obras es reparar, en parte, la continuidad histórica y la dignidad de comunidades a las que se les ha intentado arrebatar su memoria.

Qué puede esperar la comunidad internacional

Las perspectivas no son sencillas, pero hay señales de que la rendición de cuentas puede avanzar. La combinación de pruebas digitales, procedimientos judiciales transnacionales y la presión diplomática en foros culturales y judiciales elevan las probabilidades de recuperar, al menos, algunas piezas y de sancionar a responsables.

Sin embargo, la solución más sostenible exige políticas públicas: inversión en la digitalización de colecciones del Estado y privadas, capacitación de personal de museos y mecanismos internacionales más ágiles para congelar y repatriar bienes sospechosos de haber sido extraídos en contextos de ocupación.

El saqueo del patrimonio ucraniano es, en definitiva, una batalla en varios frentes: archivos, tribunales, mercados y, por encima de todo, la memoria colectiva. La historia de Kherson muestra que la previsión puede marcar la diferencia; la de Donetsk recuerda que la fragmentación de registros complica la reparación. El desafío es ahora convertir esos aprendizajes en políticas y prácticas que impidan que la guerra sea también sinónimo de pérdida irreparable de patrimonio cultural.