La compra de cazas en Perú: dilema fiscal y político en plena transición electoral

Perú vive una encrucijada que combina seguridad nacional, decisiones de gasto público y la fragilidad institucional derivada de una sucesión de presidentes en poco más de una década. El anuncio del presidente interino José María Balcázar —dejar en manos de quien resulte electo en la segunda vuelta la decisión sobre la compra de 24 cazas valorados en 3.500 millones de dólares— expone no solo la magnitud del desembolso, sino también el debate sobre la legitimidad y la prudencia de comprometer recursos significativos cuando el poder político está en transición.

Un proyecto con historia y dimensiones

En 2024 el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte informó que Perú destinaría 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aviones de combate, con un financiamiento proyectado mediante deuda interna (2.000 millones en 2025 y 1.500 millones en 2026). Entre los fabricantes que ofertaron se encontraban Lockheed Martin (EE. UU.), Saab (Suecia) y Dassault Aviation (Francia). La opción más difundida mediáticamente fue la de los F-16 Block 70 de Lockheed Martin, una versión modernizada de un caza con larga trayectoria en fuerzas aéreas de todo el mundo.

La compra propuesta interroga dos cuestiones centrales: ¿es una prioridad estratégica para Perú en el corto y mediano plazo? y ¿es política y fiscalmente responsable que un gobierno transitorio concrete un gasto de esa magnitud?

Legitimidad y prudencia fiscal en periodos de transición

José María Balcázar justificó su postura argumentando que “sería una mala práctica” que un gobierno de transición comprometiera tal suma sin la legitimidad de un mandato pleno (entrevista a RPP). Su decisión de posponer la aprobación hasta conocer al nuevo gobierno surge de una lógica básica: delegar a quien tendrá el mandato y la legitimidad política la responsabilidad de una compra que condicionará las cuentas públicas y la política de defensa en los años venideros.

Esta cautela tiene una lectura prudente desde la gobernanza pública: comprometer 3.500 millones de dólares mediante endeudamiento puede limitar el margen fiscal del próximo gobierno para otras prioridades —salud, educación, infraestructura— y, sobre todo, si las partidas se financian con deuda interna, aumentan las obligaciones del Tesoro y reducen la flexibilidad presupuestaria.

¿Por qué un gasto tan grande en cazas?

Las razones esgrimidas por defensores del plan incluyen la renovación de una flota obsoleta, el fortalecimiento de la disuasión ante amenazas no convencionales y el posicionamiento estratégico en una región con crecientes preocupaciones sobre tráfico ilícito, pesca ilegal y soberanía aeroespacial.

No obstante, los críticos señalan que la compra de cazas de cuarta generación con funciones avanzadas conlleva costos recurrentes elevados: mantenimiento, repuestos, entrenamiento de tripulaciones y logística. Estudios comparativos en la región muestran que el costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) de aeronaves de combate puede superar varias veces el precio de adquisición durante su vida útil, dependiendo del uso operativo y la dependencia de repuestos importados.

Impacto en la política interna: elección y prioridades

El aplazamiento de Balcázar adquiere un matiz político adicional por su coincidencia con un proceso electoral polarizado. Las elecciones presidenciales dejaron sin un vencedor en la primera vuelta, forzando una segunda vuelta prevista para el 7 de junio y la asunción del nuevo presidente el 28 de julio. En ese contexto, dar luz verde a un contrato tan grande pudiera interpretarse como una decisión partidaria o como un legado impuesto por un gobierno de transición.

Para los candidatos, la decisión sobre la adquisición representa una oportunidad y un riesgo: pueden respaldarla como fortalecimiento de la defensa y modernización, pero también enfrentar críticas por priorizar gasto militar sobre necesidades sociales urgentes. En un país que ha experimentado una sucesión de presidentes —Perú tuvo ocho titulares del ejecutivo en la última década, en un escenario de alta inestabilidad institucional— las decisiones estratégicas suelen politizarse con rapidez.

Alternativas y consideraciones técnicas

Antes de firmar un contrato de gran envergadura, existen alternativas que vale la pena ponderar:

• Evaluar el coste total de ciclo de vida: considerar no solo el precio de compra, sino los costos de operación, repuestos, formación y modernizaciones. Países con flotas mixtas han encontrado que los gastos logísticos pueden representar entre 5 y 10 veces el precio inicial durante varias décadas de servicio.
• Explorar opciones de cooperación regional: acuerdos de inter-operabilidad, compra conjunta o contratos de mantenimiento compartido con países vecinos pueden reducir costos unitarios y mejorar la logística.
• Analizar capacidades de defensa alternativas: mejorar vigilancia aérea con sistemas no tripulados (drones), radares costeros y equipamiento de control marítimo puede ofrecer soluciones costo-efectivas para vigilancia y seguridad fronteriza.
• Negociar cláusulas favorables: garantías de transferencia de tecnología, formación local y acuerdos de repuestos que mitiguen la dependencia absoluta del proveedor extranjero.

Transparencia, procesos y percepciones públicas

Un elemento clave en toda decisión de alta inversión militar es la transparencia del proceso de adjudicación. Contratos con empresas de defensa suelen implicar confidencialidad por motivos de seguridad, pero esa opacidad puede alimentar sospechas en sociedades con alto nivel de desconfianza hacia sus instituciones. Garantizar concursos públicos claros, auditorías independientes y seguimiento legislativo puede ayudar a legitimar la inversión.

En Perú, donde la política ha estado marcada por denuncias de corrupción y destituciones presidenciales vinculadas a interpretaciones amplias de la “incapacidad moral permanente”, la prudencia y la transparencia son más necesarias que nunca para evitar que una compra de esta naturaleza se convierta en un escándalo político.

Contexto regional y geopolítico

Suramérica no experimenta hoy una carrera armamentista desbordada, pero varios países han modernizado sus fuerzas aéreas en la última década. La adquisición de cazas tiene una dimensión simbólica y práctica: simboliza la capacidad de disuasión y la modernización tecnológica, pero también representa vínculos estratégicos con proveedores (EE. UU., Europa) y potenciales dependencias geopolíticas.

Además, la elección de un proveedor puede ser interpretada como un alineamiento internacional. Optar por aeronaves estadounidenses (Lockheed Martin) puede estrechar vínculos con EE. UU., mientras que alternativas europeas (Saab, Dassault) podrían acercar relaciones con la UE. Estas elecciones no solo son técnicas sino también diplomáticas.

¿Qué puede esperar el nuevo gobierno?

La decisión aplazada le corresponde ahora al mandatario que asuma el 28 de julio. Ese gobierno tendrá que ponderar: urgencia operativa de renovar la flota, disponibilidad de fondos y prioridad política frente a necesidades sociales, y las condiciones contractuales propuestas por los oferentes. Asimismo, deberá gestionar la comunicación pública para explicar por qué se decide avanzar o no, y cómo se financiará cualquier adquisición.

Si el objetivo es construir confianza y sostenibilidad, será indispensable acompañar la decisión con estudios de impacto fiscal, escenarios de financiamiento, garantías de mantenimiento y cláusulas de transferencia tecnológica que beneficien a la industria local y reduzcan la dependencia externa.

Reflexión final

La elección de posponer una decisión de 3.500 millones de dólares por parte de un gobierno transitorio parece, en el corto plazo, una elección sensata desde la óptica de la legitimidad democrática y la prudencia fiscal. Pero trasciende lo inmediato: abre un debate necesario sobre cómo definir prioridades de seguridad en un país con necesidades sociales urgentes y una institucionalidad frágil. La cuestión no es solamente qué avión comprar, sino cómo asegurar que esa compra sirva a la nación de manera transparente, sostenible y en concordancia con una estrategia de defensa coherente y legítima.

Fuentes: entrevista con José María Balcázar (RPP), anuncio del gobierno peruano sobre la asignación presupuestaria de 2024 para adquisición de aeronaves, y reportes públicos de los oferentes Lockheed Martin, Saab y Dassault Aviation.