Los juicios masivos contra pandillas en El Salvador: seguridad, legalidad y derechos en tensión
Entre la reducción de homicidios y las críticas por violaciones al debido proceso, la estrategia de Bukele enfrenta dilemas legales y humanitarios
El Salvador se encuentra desde hace años en el epicentro de un experimento de seguridad que combina mano dura, estados de excepción y procesos judiciales colectivos de gran escala. El reciente inicio de un juicio consolidado contra 486 acusados de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) —acusados de ordenar más de 47.000 delitos entre 2012 y 2022, según el gobierno— pone de nuevo sobre la mesa un debate complejo: ¿hasta qué punto puede justificar un Estado la restricción de derechos fundamentales en nombre de la seguridad pública?
Un proceso sin precedentes y sus críticas
El juicio colectivo que se abrió en San Salvador ha sido descrito por autoridades como una respuesta necesaria a una estructura criminal que, afirman, “operó sistemáticamente, causando miedo y luto entre las familias salvadoreñas”. El fiscal general Rodolfo Delgado justificó la macrocausa como una forma de procesar la amplia escala de violencia y delitos atribuidos a MS-13.
No obstante, voces de organismos internacionales y de derechos humanos han alertado sobre los riesgos de agrupar a cientos de acusados en un mismo procedimiento. Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, declaró que “estos juicios masivos carecen de las garantías básicas del debido proceso y aumentan el riesgo de condenar a personas inocentes que no tienen relación con las pandillas” (Human Rights Watch).
También expertos de Naciones Unidas han señalado que los procesos colectivos “menosprecian el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia”, lo que convierte a estas prácticas en una cuestión no solo penal sino de cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).
El marco legal: reformas y estado de excepción
Estos juicios se realizan en un contexto legislativo y constitucional atípico. Desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un “estado de excepción” que ha suspendido derechos como el de ser informado de las razones de la detención y el acceso inmediato a asistencia legal. Además, reformas al Código Penal y a procedimientos han permitido la celebración de audiencias colectivas en tribunales especializados en crimen organizado.
Entre las facultades extraordinarias consignadas por el gobierno está la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial y extender la detención sin audiencia preliminar de 72 horas a 15 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la “preocupación seria por el impacto en derechos humanos” que supone la prolongación de dicha medida y pidió su finalización (CIDH / OEA).
Resultados de la política de seguridad y sus costes
El Salvador llegó a registrar una de las tasas de homicidio más altas del mundo: en 2015 el país llegó a 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que lo situaba en crisis de seguridad nacional. Desde la asunción del presidente Nayib Bukele en 2019, las estadísticas oficiales muestran una caída drástica de homicidios, y las autoridades atribuyen ese descenso a la política de mano dura, incluyendo arrestos masivos.
Las cifras oficiales del gobierno señalan que desde el inicio del estado de excepción se han detenido a alrededor de 91.300 personas vinculadas o relacionadas con pandillas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6.000 denuncias por detenciones arbitrarias, y estiman que miles de personas han sido aprehendidas sin pruebas suficientes. Además, informes señalan que al menos 500 personas han fallecido bajo custodia estatal desde el inicio de estas medidas.
Incluso el propio Bukele reconoció públicamente que alrededor de 8.000 detenidos resultaron ser inocentes y fueron liberados; reconocimiento que plantea la pregunta: ¿cuál es el margen de error aceptable cuando la seguridad se prioriza por encima de garantías procesales?
La cárcel emblemática y la virtualidad procesal
Una de las piezas simbólicas de la estrategia ha sido la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que congrega a la mayoría de los procesados por delitos vinculados a pandillas. En el juicio reciente, 413 de los 486 acusados estaban recluidos en CECOT y siguieron las vistas de forma virtual, mientras 73 eran juzgados en ausencia, figura permitida por las reformas.
El uso de sesiones virtuales y la concentración de audiencias multiplican dudas: ¿cómo garantizar el contacto efectivo entre acusado y defensa cuando la comunicación es mediada por plataformas tecnológicas en contextos de reclusión? ¿Se respeta la confidencialidad y la preparación de la defensa cuando el acusado ve la audiencia desde una celda?
Precedentes judiciales y penas extremas
Los juicios masivos no son un hecho nuevo en el periodo reciente: en marzo de 2025, una macrocausa contra 52 miembros de la pandilla Barrio 18 culminó con sentencias de hasta 245 años. En noviembre de 2025, otros 45 miembros de una facción rival fueron condenados y a un líder se le impuso una pena de 397 años. Además, en 2024 y 2025 se aprobaron reformas que permiten penas de prisión perpetua y, en casos controversiales, aplicar penas severas incluso a menores en determinadas circunstancias.
Estas decisiones han sido celebradas por sectores de la población que buscan seguridad y castigo severo para grupos responsables de extorsiones, asesinatos y desapariciones. Pero también han tensionado los límites de lo que la justicia penal puede y debe ser: proporcional, individualizada y con garantías.
Impacto social y político
La política de seguridad de Bukele ha generado un amplio respaldo popular dentro del país. Encuestas nacionales han mostrado altos niveles de aprobación asociada a la sensación de reducción de violencia en las calles. No obstante, el respaldo social no exime al Estado de sus obligaciones internacionales ni a la necesidad de un control judicial independiente y robusto.
El auge de la popularidad del presidente, sustentado en discursos de “mano dura”, plantea un dilema para las democracias modernas: ¿puede la eficacia en la reducción del crimen justificar prácticas que erosionan el debido proceso y las libertades civiles? Históricamente, episodios similares en otros países han demostrado que medidas extraordinarias tienden a permanecer y que revertirlas resulta complejo.
Preguntas pendientes y alternativas
- ¿Cómo equilibrar seguridad efectiva con respeto irrestricto a derechos fundamentales?
- ¿Qué mecanismos independientes de supervisión pueden implementarse para revisar las detenciones masivas?
- ¿Existen estrategias de prevención del crimen y rehabilitación que reduzcan la reincidencia sin sacrificar garantías judiciales?
La comunidad internacional y organizaciones civiles han propuesto varios pasos para mitigar riesgos: fortalecer la independencia del poder judicial; permitir acceso más temprano y efectivo a defensa legal; transparentar las pruebas y procedimientos; y diseñar políticas de reinserción social que actúen junto a respuestas penales.
Reflexión final
El caso de El Salvador es una lección contemporánea sobre los límites entre seguridad y derechos. La reducción de homicidios es indiscutible según las cifras oficiales, pero la sombra de detenciones arbitrarias, testimonios de malos tratos y procesos masivos empaña cualquier triunfo numérico. Si una democracia pretende derrotar al crimen sin minar los cimientos del Estado de derecho, deberá buscar soluciones que combinen eficacia policial con justicia procesal y reparación para las víctimas.
Porque, a la larga, la legitimidad de cualquier política de seguridad se mide no solo por la caída de estadísticas delictivas, sino por la capacidad del Estado de cumplir sus promesas sin abandonar los principios constitucionales y las obligaciones internacionales que protegen a todas las personas, acusadas o víctimas, por igual.
