La devastación en el sur del Líbano: demolición sistemática, periodistas muertos y el reto de la posguerra
Entre bulldozers, mapas militares y familias desplazadas, ¿qué futuro espera a las comunidades fronterizas tras la frágil tregua?
Beirut — Desde colinas que miran la franja fronteriza hasta calles once veces desaparecidas por las huellas de excavadoras, el sur del Líbano atraviesa una fase crítica: no solo una guerra activa y una tregua frágil, sino una dinámica de ocupación y demoliciones que amenaza con convertir el desplazamiento temporal en desplazamiento permanente.
Un patrón de destrucción más allá de los daños de combate
En las últimas semanas, reportes y testimonios de residentes han documentado cómo vecindarios enteros en aldeas fronterizas como Beit Lif, Khiam, Bint Jbeil, Shamaa, Tair Harfa y Hanine han sido demolidos de manera sistemática. Desde la perspectiva de quienes observan desde las alturas, lo que comienza con ataques a objetivos militares se transformó en jornadas de bulldozers, perforadoras y tanques que avanzan demoliendo viviendas y calles.
Los militares israelíes han defendido esas operaciones arguyendo que se dirigen contra la infraestructura de Hezbolá y que actúan bajo la necesidad militar imperiosa. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo expresó públicamente al describir una línea defensiva avanzada que, según él, había sido “limpiada de terroristas y armamento” y que debía continuar siendo despejada de la “infraestructura terrorista”, lo que incluiría la destrucción de casas en esas localidades.
La guerra y la tregua: un alto al fuego que no detiene las demoliciones
El reciente cese al fuego de 10 días puso una pausa parcial a los combates directos tras semanas de confrontación que se reavivaron a principios de marzo, cuando Hezbolá comenzó a lanzar misiles hacia el norte de Israel en respuesta a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pese a la tregua, las demoliciones continuaron en varias zonas —un dato que complica la idea de que la tregua ya representa el punto de partida de la reconstrucción o del retorno de los desplazados.
Las fuerzas israelíes han difundido mapas que trazan una “línea de defensa avanzada” varios kilómetros tierra adentro en Líbano, abarcando decenas de aldeas que, por ahora, no han sido autorizadas a recibir a sus antiguos residentes. Las autoridades libanesas han anunciado que llevarán ese asunto a las conversaciones directas con delegados israelíes en Washington, en lo que constituyó la primera ronda de negociaciones bilaterales directas entre ambos países en décadas.
Voces desde el terreno: recuerdos de viviendas que desaparecen
Hassan Sweidan, desde la colina que domina Beit Lif, relató cómo día tras día observaban el avance de la demolición hasta que “no quedó más que la plaza principal”: una descripción cruda de la pérdida del paisaje familiar y del tejido comunitario. Testimonios así se multiplican y confluyen en una sensación: las demoliciones no son solo daños de guerra, son borraduras de espacios de vida y memoria.
Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU (UNIFIL) han confirmado que han observado demoliciones en varias áreas desde la entrada en vigor de la tregua. Sin embargo, por razones de seguridad y acceso restringido, no han podido realizar levantamientos detallados en todos los pueblos afectados, lo que dificulta cuantificar el alcance real de la destrucción y planificar la asistencia humanitaria adecuada.
Periodistas en la línea de fuego: la tragedia de Amal Khalil y el riesgo a la libertad de prensa
La víctima más reciente y emblemática de la escalada de violencia es Amal Khalil, periodista libanesa que cubría la zona desde 2006 y que fue asesinada mientras se refugiaba en una casa alcanzada por un ataque aéreo en la aldea de al-Tiri. Su muerte fue confirmada tras horas en que su cuerpo permaneció bajo los escombros, y desencadenó condenas de funcionarios y organizaciones de prensa.
El ministro de Información del Líbano, Paul Morcos, calificó la muerte de Khalil como “un crimen y una flagrante violación del derecho internacional humanitario”. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Committee to Protect Journalists solicitaron presiones internacionales para que el ejército israelí permitiera las operaciones de rescate y advirtieron que obstruir rescates o atacar equipos de prensa podría constituir crímenes de guerra.
La cobertura de guerra siempre conlleva riesgos; sin embargo, ataques que afectan a equipos periodísticos o impiden labores de rescate agravan la crisis informativa y humanitaria: sin relatos documentados y sin testigos en el terreno es más difícil exigir responsabilidades y diseñar respuestas justas.
Dimensiones humanitarias: muertos, desplazados y la ausencia de reconstrucción
Las cifras preliminares y reportes desde instituciones y fuentes locales han señalado que el conflicto ha causado miles de víctimas y un desplazamiento masivo. En los informes más difundidos se menciona que alrededor de 2.300 personas han perdido la vida a raíz de los combates en Líbano durante esta etapa del conflicto, con centenares de mujeres y niños entre las víctimas, y que más de un millón de personas han sido desplazadas en la región tras los ataques y la ocupación parcial de territorios fronterizos.
Es importante subrayar que gran parte de la franja fronteriza ya cargaba con secuelas de conflictos previos, en particular la guerra de 2024 entre Israel y Hezbolá. Tras aquel episodio hubo destrucción generalizada, reparaciones parciales y muy poca reconstrucción a gran escala. Las nuevas demoliciones se suman a esa deuda pendiente, complicando cualquier prospecto de retorno seguro y sostenible para los desplazados.
Implicaciones políticas y legales
El hecho de que un Estado demuela barrios enteros en zonas que declara haber “ocupado” plantea preguntas complejas desde la perspectiva del derecho internacional humanitario: la protección de civiles y bienes civiles en zonas ocupadas, la proporcionalidad y la necesidad militar son criterios que los observadores internacionales examinan con rigor. Las autoridades israelíes insisten en que sus acciones se ajustan al derecho internacional y que las demoliciones son necesarias contra infraestructuras de Hezbolá; desde Líbano y numerosas organizaciones internacionales, en cambio, se exige comprobación y transparencia.
En el plano regional, las demoliciones y la persistencia de hostilidades —incluso durante la tregua— dificultan la institucionalización de un proceso de paz. Las conversaciones directas entre delegaciones israelíes y libanesas en Washington buscan temas concretos: extensión del cese al fuego y un marco de conversaciones a largo plazo. Pero el hecho de que la situación en tierra continúe erosionando la posibilidad de regreso de civiles complica cualquier intento de normalización.
¿Qué se puede hacer ahora?
- Verificación independiente. Es imprescindible que UNIFIL y otras agencias humanitarias puedan realizar evaluaciones completas y sin trabas de las áreas demolidas para cuantificar daños y necesidades.
- Presión diplomática. Las conversaciones en Washington deben incluir garantías concretas sobre el cese de demoliciones y el acceso humanitario para permitir rescates, ayuda y, eventualmente, la reconstrucción.
- Protección de periodistas. Las autoridades militares deben garantizar rutas seguras para la labor informativa y permitir que las operaciones de rescate se desarrollen sin interferencias.
- Plan de reconstrucción regional. Más allá del alto el fuego, se necesita un plan de reconstrucción que incluya evaluación de daños, fondos internacionales y mecanismos de supervisión para asegurar que la ayuda llegue a las comunidades afectadas.
Miradas históricas que ayudan a entender el presente
La frontera entre Israel y Líbano ha sido, durante décadas, una línea de tensiones recurrentes. Desde la retirada israelí del sur del Líbano en el año 2000, pasando por enfrentamientos puntuales y conflictos mayores como las guerras de 2006 y 2024, la región ha visto ciclos de violencia seguidos por promesas de reconstrucción que muchas veces quedaron inconclusas. Esa historia explica por qué, cuando la guerra regresa, las aldeas fronterizas sufren de manera desproporcionada: la infraestructura era ya frágil, y la capacidad estatal para sostener una reconstrucción sostenida es limitada.
Si hoy sumamos demoliciones sistemáticas a la ecuación, el riesgo de borrado social y cultural de comunidades enteras se vuelve real: no solo se destruyen casas, sino también escuelas, centros comunitarios y la trama social que permite la resiliencia después de la guerra.
La comunidad internacional —desde organizaciones de derechos humanos hasta organismos multilaterales— tiene ante sí un desafío doble: documentar y condenar violaciones si las hay, y al mismo tiempo articular corredores humanitarios y planes de reconstrucción capaces de ofrecer perspectivas reales de retorno para quienes lo deseen.
Mientras tanto, las colinas que miran hacia Beit Lif y otras aldeas siguen siendo testigos silenciosos de un proceso que podría decidir el futuro de miles de familias. Los bulldozers no solo cambian el paisaje físico; también redefinen la pertenencia, la memoria colectiva y la posibilidad misma de reconstrucción tras la guerra.
En este escenario de destrucción y negociaciones frágiles, la atención internacional y la presión diplomática serán factores clave para evitar que la tregua sea únicamente un interludio entre olas repetidas de violencia y desarraigo.
