Reclasificar la marihuana y la deuda pendiente con los condenados: entre beneficios fiscales y justicia incompleta

La decisión del gobierno federal de reclasificar la marihuana con licencia médica desde la Lista I a la Lista III puede representar un alivio financiero y regulatorio para la industria legalizada, pero deja sin resolver una deuda histórica con miles de personas que cumplen sentencias —o cargan antecedentes— por delitos relacionados con el cannabis. En este artículo examino qué cambia realmente la reclasificación, a quién beneficia y por qué activistas, expertos en políticas públicas y familias de presos siguen pidiendo medidas legislativas y ejecutivas más amplias e inclusivas.

¿Qué significa cambiar a la marihuana de la Lista I a la Lista III?

En el régimen federal de Estados Unidos, las sustancias se organizan en «schedules» (listas) según su potencial de abuso y uso médico. La Lista I agrupa drogas consideradas sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso (ejemplo clásico: la heroína). La Lista III incluye sustancias con un potencial de abuso menor y usos médicos reconocidos.

Tras la orden ejecutiva que reclasifica la marihuana medicinal a la Lista III, los operadores con licencias estatales relevantes verán cambios prácticos: menor carga regulatoria federal, posibles deducciones fiscales más favorables para negocios y un acceso más sencillo a servicios financieros y seguros que antes estaban bloqueados por la condición de «Lista I».

No obstante, es crucial entender lo que la medida no hace: no legaliza el cannabis a nivel federal, no elimina todas las sanciones penales federales relacionadas con grandes operaciones de cultivo o tráfico, ni modifica de manera automática las leyes estatales. En otras palabras, los beneficios operativos pueden llegar primero a quienes ya participan del mercado legal, mientras que las personas con condenas antiguas quedan fuera de la ecuación.

Quién gana y quién queda atrás

Los grandes beneficiados inmediatos son las empresas y los investigadores: según abogados tributarios y reportes de la industria, la reclasificación podría permitir deducciones fiscales que hoy niegan impuestos federales (por ejemplo, la sección 280E del Código de Rentas Internas que limita deducciones para negocios que manejan sustancias de la Lista I). Para pequeñas empresas propiedad de personas racializadas, sin embargo, el cambio no cubre la problemática estructural previa: muchas licencias estatales y capital de riesgo ya favorecieron a solicitantes con mayor acceso a recursos.

Cat Packer, directora de mercados de drogas y regulación legal en Drug Policy Alliance, ha advertido que “las medidas fiscales y regulatorias tienden a favorecer a los propietarios de licencias, que actualmente son en su mayoría blancos”, lo que podría ensanchar la brecha económica en la industria del cannabis a menos que medidas de equidad sean incorporadas desde el diseño de políticas estatales y federales.

El problema humano: presos que no ven la luz

Millones de personas han sido afectadas por la prohibición del cannabis. Aunque hoy la mayor parte del encarcelamiento federal no se explica por simples posesiones, hay personas cumpliendo largas penas por delitos de gran escala relacionados con el cannabis, y muchas de ellas son de origen hispano o afroamericano.

La orden que reclasifica la marihuana deja intactas las condenas vigentes y no ofrece un mecanismo automático para revisar o conmutar sentencias. Familias como la de Héctor Rubén McGurk, condenado en 2007 a cadena perpetua sin posibilidad de liberación por tráfico y lavado de dinero relacionado con miles de libras de marihuana, ven la orden como una esperanza ambigua: “Su fecha de salida es la muerte”, dice su familia, que teme que ninguna medida administrativa cambie su situación si no hay acción legislativa o clemencia ejecutiva específica.

Desigualdad racial y legado de la guerra contra las drogas

La disparidad racial en la aplicación de leyes sobre marihuana es profunda. Un informe histórico de la American Civil Liberties Union (ACLU) demostró que las personas negras eran, en promedio, 3.73 veces más propensas a ser arrestadas por posesión de marihuana que las personas blancas, a pesar de tasas de consumo semejantes (The War on Marijuana in Black and White, 2013). Este tipo de datos explica por qué los defensores de la reforma insisten en que cualquier cambio regulatorio que no incluya alivio para condenados repetirá las injusticias del pasado.

Las administraciones recientes han abordado el tema con distintos alcances: el expresidente Barack Obama conmutó cerca de 1,900 sentencias federales relacionadas con drogas (una medida focalizada y limitada), y el presidente Joe Biden anunció indultos para miles de personas por posesión simple en terrenos federales o en el Distrito de Columbia. Aun así, las acciones ejecutivas han sido fragmentarias y no han resuelto la acumulación de sanciones civiles, de empleo y de vivienda que persisten tras una condena.

Qué soluciones proponen los defensores

Activistas y organizaciones como Last Prisoner Project concentran sus demandas en tres ejes prácticos:

• Expungement y resentencias automáticas: Leyes que permitan limpiar registros y revisar sentencias sin procedimientos largos y costosos.
• Programas de equidad en la industria: Licencias preferenciales, acceso al crédito y capacitación para comunidades afectadas por la prohibición.
• Cambios estructurales: Reformas fiscales y regulatorias que corrijan las ventajas acumuladas por actores ya establecidos en el mercado legal.

Jason Ortiz, director de iniciativas estratégicas del Last Prisoner Project, ha señalado que la reclasificación “es una victoria, pero la lucha está lejos de terminar”, subrayando la necesidad de conmutaciones y legislación amplia que remedie las injusticias pasadas.

Limitaciones de la acción ejecutiva y la necesidad del Congreso

Una orden ejecutiva tiene límites: puede cambiar la clasificación administrativa y orientar la actuación de agencias federales, pero no puede reescribir las leyes penales ni expungir automáticamente miles de condenas estatales. Por ello muchos expertos coinciden en que la solución definitiva debe venir del Congreso mediante una ley integral que:

1. Establezca procedimientos de expurgación y resentenciación automáticos para condenas federales y provea incentivos y fondos a estados para hacer lo mismo.
2. Incluya disposiciones de equidad económica para reinsertar a personas y comunidades afectadas en la nueva economía del cannabis.
3. Reforme el tratamiento fiscal y financiero para que pequeñas empresas de comunidades afectadas accedan al mercado.

Riesgos de una transición desigual

Si la reclasificación beneficia sobre todo a grandes empresas y a quienes ya ostentan licencias, el resultado podría ser una industria del cannabis más concentrada y excluyente. Esto no solo perpetuaría desigualdades económicas, sino que también socavaría la legitimidad política de la reforma entre comunidades que esperaban reparación.

Además, como advierten expertos en justicia penal, hay sanciones «marijuana-specific» en códigos estatales y federales que no dependen exclusivamente de la clasificación: mandatos mínimos, agravantes por cantidades y otras figuras siguen aplicándose, por lo que la reubicación en la Lista III no garantiza el fin de penas severas para quienes fueron condenados bajo marcos legales distintos.

Qué puede hacer la sociedad civil y el lector interesado

La reclasificación abre una ventana de movilización política. Algunas acciones concretas:

• Presionar a congresistas para que promuevan legislación integral de expungement y equidad de licencias.
• Apoyar a organizaciones que ofrecen asistencia legal gratuita para revisar condenas relacionadas con drogas.
• Exigir que las políticas estatales de regulación incluyan cuotas, financiamiento y programas de capacitación para emprendedores de comunidades impactadas por la prohibición.

La historia de la reforma del cannabis se está escribiendo ahora mismo: la reclasificación federal es un capítulo relevante, pero sólo si se acompaña de medidas que reparen el daño a quienes fueron criminalizados desproporcionadamente. De lo contrario, el resultado será una victoria técnica que dejará intactas las heridas que la guerra contra las drogas abrió en comunidades enteras.