Geofences y la Cuarta Enmienda: ¿Protege la Constitución la ubicación de nuestros teléfonos?

Geofence —esa valla virtual creada en torno a un lugar y a un intervalo de tiempo— se ha convertido en una herramienta poderosa para la investigación policial. Pero también ha encendido un debate jurídico y ético: ¿violan las órdenes de geofence la protección contra registros e incautaciones irrazonables consagrada en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos?

Qué es una orden de geofence y cómo funciona

Una orden de geofence obliga a empresas tecnológicas —por ejemplo, proveedores de servicios de localización o plataformas que almacenan datos de ubicación— a entregar registros de dispositivos móviles que estuvieron dentro de una zona geográfica y en un intervalo temporal determinado. En la práctica, la fiscalía define un perímetro alrededor del lugar de un crimen y solicita a la compañía la lista de dispositivos con historial de ubicación que coincidan con ese perímetro y ese lapso.

Los agentes usan esos datos para identificar personas que podrían haber estado en la escena y, a partir de allí, obtienen órdenes de registro u otras pruebas más tradicionales. Esa inversión del proceso investigativo —ir “del lugar a la persona”, y no al revés— ha permitido resolver casos fríos y delitos sin video ni testigos, pero también ha volumenizado búsquedas sobre habitantes inocentes cuyo único “delito” fue estar en el sitio equivocado en el momento equivocado.

El caso que llegó a la Corte Suprema

El tribunal supremo enfrentará, entre otros, el caso de un robo a un banco en Virginia, donde la investigación dependió de una orden de geofence que identificó el teléfono de Okello Chatrie. Según las autoridades, los datos llevaron a una orden de registro en su domicilio y al hallazgo de buena parte del dinero sustraído. Chatrie se declaró culpable y fue sentenciado a casi 12 años de prisión, aunque su apelación cuestionó que la orden de geofence constituyera una búsqueda inconstitucional.

Los tribunales inferieron distintas respuestas: una corte federal consideró que la búsqueda violó derechos, pero permitió la evidencia por la doctrina de la expectativa razonable de conducta por parte del oficial; otra corte en Nueva Orleans llegó a la conclusión contraria, sosteniendo que las órdenes de geofence son análogas a órdenes generales prohibidas por la Cuarta Enmienda.

El precedente relevante: Carpenter v. United States (2018)

La discusión no surge de la nada. En 2018, la Corte Suprema decidió en Carpenter v. United States que la obtención por parte del Estado de registros históricos de localización de torres celulares —datos que permiten reconstruir movimientos de una persona durante meses— requería una orden judicial conforme a la Cuarta Enmienda. El Tribunal, en la opinión mayoritaria escrita por el Chief Justice John Roberts, reconoció “cambios sísmicos en la tecnología digital” y advirtió que los dispositivos móviles producen un registro exhaustivo de la vida de las personas.

Carpenter estableció que el mero hecho de que la información se comparta con un tercero (un proveedor de servicios) no implica automáticamente pérdida de expectativa razonable de privacidad. Ese fallo es la referencia obligada cuando se evalúan intrusiones masivas o prolongadas en la privacidad de ubicación.

Fuente para la cita: Carpenter v. United States, 585 U.S. ___ (2018).

¿Por qué los defensores de la privacidad se oponen?

Los grupos por las libertades civiles alertan que las órdenes de geofence implican búsquedas masivas indiscriminadas: en una misma solicitud se solicita el historial de cientos o miles de dispositivos, muchos de ellos pertenecientes a personas que no tienen relación alguna con el delito investigado. Denuncian que se trata de “técnicas de pesca” (fishing expeditions) que convierten metadatos privados en instrumento de vigilancia generalizada.

Legalmente, la objeción central es que una orden de geofence no identifica a un sospechoso concreto ni ofrece indicios específicos de culpabilidad sobre una persona determinada antes de autorizar la búsqueda. Eso choca con el objetivo clásico de la orden judicial: limitar la intrusión del Estado a una persona o lugar determinada con base en causa probable.

Argumentos de fiscales y fuerzas del orden

Los fiscales sostienen que las geofences son indispensable para resolver delitos complejos o sin testigos, como ataques anónimos, bombardeos o disturbios masivos. Señalan que en investigaciones como la del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, las órdenes de geofence ayudaron a identificar participantes y probar conductas delictivas. Asimismo, argumentan que las órdenes tienen controles judiciales y que no equivalen a búsquedas sin supervisión.

Además, muchos fiscales subrayan que los usuarios “optaron” por activar la historia de ubicaciones en plataformas como Google, lo que —afirman— reduce la expectativa de privacidad sobre esos datos. Es un punto que las cortes deberán sopesar: ¿es la aceptación de términos de servicio una renuncia válida a la protección constitucional frente al Estado?

¿Qué dicen los expertos y académicos?

• Un grupo académico llamado Policing Project del NYU School of Law ha pedido un enfoque equilibrado: evitar un “todo o nada” que impida usos legítimos por parte de la policía, pero exigir garantías procesales estrictas.
• Profesores de derecho especializados en vigilancia digital han advertido que una autorización amplia podría “desatar una ola” de búsquedas inversas semejantes, con impacto sobre libertad de asociación y movimientos pacíficos.

La tensión entre eficacia y garantía de derechos es el nudo gordiano: ¿cómo permitir a la policía utilizar herramientas modernas sin sacrificar las protecciones que el sistema jurídico consagra frente al Estado?

Dimensiones técnicas y reales del problema

Es útil recordar que los datos de ubicación no son perfectos. Pueden derivarse de GPS (alta precisión), torres celulares (menos preciso) o señales Wi-Fi y Bluetooth (variable). Un dispositivo puede aparecer dentro del perímetro por motivos técnicos: errores de triangulación, datos retardados o incluso porque el teléfono quedó en un coche estacionado. Ello aumenta el riesgo de acusaciones erróneas si no hay verificación adicional.

Además, los datos de ubicación, cuando se combinan con otros metadatos (búsquedas, contactos, compras), permiten reconstruir hábitos, amigos, trabajo y vida íntima. Como dijo Chief Justice Roberts en Carpenter, la tecnología moderna puede producir una “crónica exhaustiva” de los movimientos de una persona.

Posibles soluciones y salvaguardas

Si la Corte opta por permitir las órdenes de geofence en alguna forma, los defensores de la privacidad proponen salvaguardas para limitar el daño potencial:

1. Requisitos de especificidad: delimitar con claridad el tiempo, el espacio y la naturaleza de los datos solicitados para evitar pedidos inespecíficos.
2. Fases en la obtención: que los proveedores entreguen primero datos encriptados o identificadores anónimos que permitan la revisión judicial antes de revelar identidades.
3. Proporcionalidad: que la fiscalía demuestre la necesidad y la ausencia de alternativas menos intrusivas.
4. Notificación y supervisión: mecanismos para notificar a personas afectadas cuando sea posible y auditorías independientes de uso de geofences por parte de cuerpos policiales.

Impacto social y político

Más allá de la sala del tribunal, el resultado tendrá consecuencias prácticas: una sentencia amplia que avale el uso sin límites podría normalizar la vigilancia masiva por ubicación; una sentencia restringida reforzaría las barreras legales ante técnicas intrusivas y forzaría a fiscales a buscar métodos tradicionales o mejor diseñados para respetar derechos.

En un mundo donde, según datos de 2023, más del 85% de la población adulta en países desarrollados posee un smartphone y donde miles de aplicaciones recolectan ubicación, las decisiones judiciales sobre acceso a esos datos afectan a millones. Por lo tanto, la Corte debe calibrar una doctrina que reconozca la realidad tecnológica sin sacrificar las libertades fundamentales.

Una última reflexión

La pregunta esencial no es si la tecnología debe usarse para combatir el crimen —eso ya ocurre y seguirá ocurriendo— sino cómo asegurar que su uso no erosione las garantías que protegen a la sociedad frente al abuso estatal. La Cuarta Enmienda fue concebida para frenar registros generales y arbitrarios; hoy su aplicación exige entender la naturaleza de los datos digitales y la capacidad de las herramientas modernas para encauzar o vulnerar la privacidad.

Cuando la Corte Suprema emita su fallo, definirá límites que influirán en investigaciones policiales, en prácticas de empresas tecnológicas y en la vida cotidiana de usuarios que llevan su historial de movimientos en el bolsillo. No es una decisión técnica ni aislada: es, en esencia, una decisión sobre el tipo de sociedad que deseamos proteger.

Para seguir profundizando: Carpenter v. United States (2018) y análisis jurídicos sobre órdenes de geofence en revistas académicas de derecho y privacidad digital.