Violencia en el suroccidente colombiano: cómo 26 ataques redefinen la seguridad a un mes de las elecciones

El incremento reciente de ataques en el suroccidente de Colombia —26 acciones con explosivos y uso de drones en pocos días, según autoridades— ha vuelto a colocar la seguridad en el centro del debate nacional a pocas semanas de la elección presidencial del 31 de mayo. Más allá del estremecedor saldo humano de la tragedia en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, donde una explosión elevó la cifra de fallecidos a 21 personas, esta ola de violencia plantea preguntas urgentes sobre la eficacia de la estrategia estatal, la capacidad de control territorial de grupos armados y el impacto electoral de la inseguridad.

Un conflicto con raíces profundas

El suroccidente colombiano, y en particular las provincias de Cauca y Valle del Cauca, ha sido durante décadas un territorio disputado por grupos armados ilegales. La combinación de geografía montañosa, presencia de cultivos de coca, rutas para el narcotráfico y depósitos minerales ilícitos han convertido a la región en un espacio estratégico para economías criminales.

Históricamente, la antigua guerrilla de las FARC controló amplias áreas rurales hasta su desmovilización y el acuerdo de paz de 2016. No obstante, disidencias, nuevas células y grupos emergentes no firmaron el acuerdo y continuaron con actividades delictivas: tráfico de drogas, minería ilegal, cobro de extorsiones y reclutamiento forzado de jóvenes. El grupo señalado por las autoridades en la reciente explosión se identifica como FARC-EMC, liderado por Néstor Vera, conocido en el argot insurgente como Iván Mordisco, un excombatiente que rechazó el acuerdo de 2016 y mantuvo la lucha armada.

¿Por qué esta escalada ahora?

Analistas consultados por diversos medios han señalado varias motivaciones detrás de la ofensiva. Sergio Guzmán, analista de riesgo político en Bogotá, señaló que las acciones de Mordisco podrían estar orientadas a demostrar capacidades militares y a “establecer su credibilidad” ante la próxima administración, buscando generar palanca para futuras negociaciones o exigir concesiones territoriales y políticas. (Declaración recogida por medios nacionales).

Elizabeth Dickinson, investigadora de la International Crisis Group, ha documentado el uso creciente de tácticas asimétricas por parte de estas facciones: drones armados, coches bomba y emboscadas para desafiar la superioridad convencional del Estado en zonas de difícil acceso. La ICG ha advertido reiteradamente que la fragmentación de los antiguos grupos insurgentes y la competencia por economías ilícitas han convertido al suroccidente en un semillero de violencia persistente (International Crisis Group, informe sobre Colombia, 2024).

La controvertida estrategia de “paz total”

El gobierno del presidente saliente implementó una política conocida como “paz total”, cuyo objetivo fue abrir canales de negociación con todos los grupos armados y ofrecer incentivos, incluidas treguas temporales. La idea detrás de la medida era reducir la confrontación y llevar a procesos de diálogo. Sin embargo, críticos y académicos han denunciado que en varios casos los cese al fuego permitieron a organizaciones criminales reagruparse, rearmarse y fortalecer su presencia local.

Javier Garay, profesor de ciencia política en la Universidad Externado, afirmó que “la política de paz ha sido ingenua” y que la expectativa de una actitud conciliadora por parte del Estado no siempre fue correspondida por los grupos ilegales, que aprovecharon los espacios para consolidar economías criminales y ejercer control social en territorio (declaración publicada en prensa nacional).

Impacto humanitario y social

El uso de la violencia contra la población civil tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo. El ataque en la Panamericana no sólo cobró vidas: generó bloqueos, desplazamientos temporales, pánico en comunidades rurales y afectaciones económicas en corredores viales esenciales para el transporte de mercancías y personas.

Organizaciones humanitarias y de derechos humanos han documentado que, en zonas bajo control de estos grupos, se incrementan fenómenos como el reclutamiento forzado de menores, el pago de vacunas o “impuestos” ilegales a la población y restricciones a la movilidad. Estas prácticas erosionan el tejido social y socavan la confianza en las instituciones estatales.

Dimensión electoral: seguridad como arma política

La escalada coincide con el calendario electoral: la votación presidencial se celebrará el 31 de mayo y la inseguridad figura entre las principales preocupaciones ciudadanas. El escenario favorece discursos polarizados. Candidatos conservadores han prometido mano dura y operaciones militares intensificadas antes de cualquier negociación; en cambio, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, promueve la continuidad de la línea de diálogo y la paz negociada.

Cepeda rechazó públicamente los ataques y pidió investigar si las acciones responden a intentos de interferir en el proceso electoral. “Es preocupante que estas acciones terroristas se desarrollen en regiones donde hay amplio apoyo a nuestro proyecto político”, dijo en un mensaje difundido en redes sociales (declaración pública del candidato).

Según encuestas recientes sobre la percepción de seguridad en Colombia, alrededor del 70% de los votantes consideran que la inseguridad y la delincuencia deben ser prioridades del próximo gobierno (Dane/encuestas privadas, 2025). Ese sentimiento es capitalizable por oppositiones que prometen políticas de seguridad más agresivas.

Capacidades del Estado y retos operacionales

El Ministerio de Defensa reportó que estos 26 ataques se realizaron en un periodo corto y que muchos implicaron el uso de tecnologías como drones armados y artefactos explosivos improvisados. Las fuerzas militares han intensificado operaciones en el sector del Cañón del Micay y otras zonas de concentración de cultivos de coca, donde buscaban desarticular laboratorios y rutas de narcotráfico.

No obstante, la geografía, la falta de infraestructura adecuada y, en ocasiones, la limitada presencia estatal previa, dificultan operaciones sostenibles. Además, la coexistencia entre grupos criminales y actores sociales locales complica la identificación de blancos y el diseño de estrategias que no afecten a la población civil.

Posibles escenarios y recomendaciones

Frente a la actual dinámica, pueden delinearse varios escenarios:

• Escalada sostenida: los grupos armados, buscando presión política, mantienen y amplían sus acciones, obligando al Estado a una respuesta militar intensiva que podría generar más víctimas y desplazamientos.
• Negociación selectiva: el Estado compagina operaciones militares puntuales con diálogos locales condicionados, buscando aislar facciones radicales y ofrecer salidas negociadas a líderes dispuestos a dejar las armas.
• Despliegue integral de políticas públicas: combinación de seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas por alternativas legales y fortalecimiento institucional para recuperar legitimidad estatal en territorios afectados.

Expertos recomiendan que cualquier respuesta debe evitar la polarización política y priorizar la protección de civiles. Un enfoque integral incluye fortalecer la justicia local, programas de sustitución y remuneración para labriegos que abandonen la coca, inversiones en infraestructura y vías seguras, y procesos verificables de reparación a víctimas. Según informes del Banco Mundial y la ONU sobre postconflicto, las políticas que combinan seguridad con desarrollo reducen la recurrencia de violencia cuando son sostenibles y cuentan con participación comunitaria (Banco Mundial, informe sobre postconflicto, 2019).

¿Qué está en juego para la sociedad colombiana?

Más allá de la agenda electoral, la ola de ataques deja en evidencia una pregunta estructural: ¿cómo reconciliar la demanda ciudadana de seguridad con la necesidad de transformar las causas profundas del conflicto armado? Si el próximo gobierno opta por enfatizar únicamente una solución militar, corre el riesgo de reproducir errores del pasado; si privilegia únicamente el diálogo sin credibilidad operativa, puede ser percibido como débil y permitir que grupos armados consoliden sus economías ilícitas.

La sociedad colombiana enfrenta, por tanto, un desafío doble: exigir resultados concretos en seguridad —protección de la vida y de las rutas económicas— y, a la vez, exigir políticas que ataquen las raíces del conflicto: pobreza rural, ausencia del Estado, tierras en disputa y economías criminales.

La tragedia en la Panamericana y la cadena de ataques en el suroccidente son un recordatorio crudo de que la paz es un proceso frágil y complejo. En las próximas semanas, los votantes decidirán no solo sobre candidaturas, sino sobre el rumbo que Colombia quiera tomar para enfrentar la violencia endémica: más represión, más diálogo o una mezcla realista y sostenida de ambas rutas.

Fuentes y referencias:

• Declaraciones de la International Crisis Group sobre la dinámica de grupos disidentes en Colombia (ICG, 2024).
• Informe del Banco Mundial sobre violencia y postconflicto (Banco Mundial, 2019).
• Declaraciones públicas de Iván Cepeda en redes sociales durante la escalada de abril de 2026 (mensaje público del candidato).
• Análisis y declaraciones de académicos de la Universidad Externado de Colombia sobre la política de “paz total” (publicaciones y entrevistas en prensa nacional, 2024-2026).