El complejo reparto del fondo de Maui: por qué las víctimas podrían quedarse cortas

El acuerdo de 4.03 mil millones de dólares por los incendios de Maui debería significar alivio para miles de personas que perdieron hogares, negocios y pertenencias. Sin embargo, a medida que se organiza la distribución de esos fondos, queda en evidencia una verdad incómoda: buena parte del dinero no llegará íntegramente a las víctimas. Honorarios de abogados, reclamos de aseguradoras y la carga fiscal pueden mermar sustancialmente las indemnizaciones. En este artículo exploro cómo se estructurará el reparto, qué factores reducirán los pagos finales y por qué muchos damnificados no serán indemnizados por completo.

La magnitud del acuerdo y el número de reclamantes

El acuerdo global por los incendios de Maui ascendió a 4.03 mil millones de dólares, reunidos a partir de múltiples fuentes: cerca de 1.99 mil millones procedentes de Hawaiian Electric Co. (HECO), 807.5 millones de Kamehameha Schools, aproximadamente 800 millones de fondos públicos y aportes adicionales de condado, empresas de telecomunicaciones y terceros relacionados con bienes raíces de la isla.

Pero las cifras muestran una demanda masiva: según información citada por periodistas que cubren el expediente, 21,750 demandantes han buscado participar en el reparto, resultando en 94,816 reclamaciones únicas distribuidas en diez categorías de víctimas. Esa relación entre el monto total y el volumen de reclamaciones presagia que las sumas unitarias serán modestas comparadas con las pérdidas reales que sufrieron muchos hogares.

¿Por qué las víctimas no serán "hechas enteras"?

Sherry Peterson, miembro de United Policyholders (organización de defensa de consumidores de seguros), lo resume con crudeza: “Mi opinión personal, habiendo estado con muchas víctimas de este desastre, es que ninguna de ellas va a ser compensada por completo”. La afirmación no es retórica: además del monto agregado de 4.03 mil millones, hay varias deducciones y reclamaciones que reducirán lo que llega a cada persona.

• Honorarios de abogados: los abogados de los demandantes solicitan hasta el 25% del fondo total. Si se aprobara tal cifra, significaría aproximadamente 1,007 millones destinados a honorarios.
• Reclamaciones de aseguradoras: tanto aseguradoras médicas como las de propiedad reclaman porcentajes o le ponen gravámenes sobre las indemnizaciones, según el tipo de póliza y los pagos previos que hayan hecho.
• Impuestos federales: existe la posibilidad de que, salvo que el Congreso restablezca una exención del impuesto federal vigente anteriormente, parte de los pagos pueda tributar como renta, lo que podría reducir aún más las sumas netas.

El debate sobre los honorarios: la batalla en la corte

Uno de los conflictos centrales en la gestión del acuerdo es cuánto deben cobrar los abogados que representaron a las víctimas. Los letrados principales piden una tarifa uniforme del 25% sobre el fondo. Sin embargo, el juez del caso, Peter Cahill, ha mostrado fuertes reticencias a aceptar un porcentaje igualmente aplicado a todos.

Cahill ha planteado la creación de un common benefit fund —un fondo de beneficio común— en el que los honorarios recaudados por todos los abogados se agruparían y luego se redistribuirían a quienes hicieron la mayor parte del trabajo. El objetivo sería evitar que abogados que llegaron tarde o que "se subieron al carro" reciban la misma porción que los equipos que lideraron investigaciones complejas, la mediación y litigios ante instancias superiores. En una audiencia, el juez ironizó proponiendo una alternativa hiperbólica: “¿Qué tal si proponemos que todos cobren 2.5%?”, para subrayar su escepticismo frente a una petición de 25% que equivaldría a cerca de 1,000 millones de dólares.

El juez además ha subrayado la urgencia: el acuerdo se cerró con rapidez (finalizado el 19 de agosto de 2024) y, a pesar de ello, a marzo de 2026 muchos damnificados aún no han recibido pagos. Cahill planteó que sería útil conocer la opinión de las víctimas respecto de los honorarios, recordando que “los clientes tienen voz” en el asunto.

El papel de las aseguradoras: un corte que duele

Las aseguradoras —tanto médicas como de propiedad— también recuperarán dinero del acuerdo. Para los aseguradores médicos el mecanismo es directo: presentan gravámenes por los pagos que anticiparon por atención y el monto se descuenta de la compensación correspondiente.

La situación es más compleja para las aseguradoras de propiedad. A diferencia de otros desastres donde la empresa demandada entró en quiebra (por ejemplo, el caso de Pacific Gas and Electric Co. tras los incendios de California), en Maui el proceso tomó otra ruta legal. La Suprema Corte del estado determinó que las aseguradoras de propiedad no podían demandar directamente a HECO y a otros supuestos responsables; en cambio, se les permitió presentar gravámenes sobre los pagos de los damnificados. Como resultado, en el acuerdo final se pactó que las aseguradoras de propiedad recibirían un 10% de los pagos que lleguen a los asegurados en cada ronda de distribución.

Según datos del Hawaiʻi Insurance Commission, las aseguradoras habían pagado aproximadamente 3.03 mil millones en reclamos hasta diciembre del año previo, de los cuales se estimaron 2.16 mil millones destinados a beneficiarios participantes en el acuerdo. Con el mecanismo acordado, las aseguradoras quedarían en línea para recibir unos 216 millones del reparto, lo cual ha causado enojo entre algunas víctimas que creen haber tenido que pelear para lograr el pago de sus pólizas.

Ejemplos que ilustran el problema

El caso de Leslie Clark es representativo. Clark consiguió, con ayuda de un ajustador privado, 1.3 millones de dólares de su aseguradora para reconstruir, pero eso no alcanza para restituir una vivienda de dos pisos que albergaba a 15 miembros de la familia. Ahora, parte de lo que pudiera recibir del fondo de 4.03 mil millones será reclamada por aseguradoras que ya le pagaron a ella, lo que la deja indignada: “Es una vergüenza”, dijo en entrevistas con medios locales.

En términos generales, el condado de Maui calcula que los incendios destruyeron 5,527 unidades residenciales: 1,256 ocupadas por propietarios y 4,271 de alquiler. De las unidades ocupadas por propietarios, un 28% no tenía ningún seguro; además, se estima que alrededor del 40% de las pólizas existentes estaban subaseguradas, con brechas medias de aproximadamente 400,000 dólares entre lo que cubría la póliza y lo que cuesta reconstruir.

¿Cuánto tiempo hasta que llegue el dinero?

Los administradores de reclamos han planificado que los pagos se harán en cuatro desembolsos a lo largo del tiempo, y que las sumas definitivas dependerán de categorías específicas (por ejemplo, si la persona sufrió lesiones, si perdió la vivienda, la magnitud de daños económicos, etc.). Aun así, los plazos y montos exactos dependen de procedimientos administrativos complejos y de resoluciones judiciales pendientes sobre honorarios y reclamos de terceros.

Implicaciones prácticas para las víctimas

1. Planificación financiera difícil: muchas familias necesitan saber cuánto recibirán para decidir si reconstruyen ahora o esperan más aclaraciones. El riesgo es gastar recursos limitados antes de conocer la cuantía final del acuerdo.
2. Consejo profesional: víctimas con pólizas subóptimas o conflictos con aseguradoras deberían considerar asistencia de asesores independientes o de organizaciones de consumidores como United Policyholders.
3. Atención a cambios legislativos: cualquier intervención del Congreso sobre la tributación de indemnizaciones por desastres podría alterar de manera significativa el monto neto percibido por los beneficiarios.

Reflexión final: ¿por qué ocurre esto?

Lo que sucede en Maui no es solo un asunto técnico de reparto de fondos: revela tensiones estructurales del sistema de compensación por desastres en Estados Unidos. Existen múltiples actores con derechos legítimos —victimas, abogados, aseguradoras, gobiernos— y sin reglas claras y equitativas para priorizar y distribuir recursos, el resultado será siempre fragmentado. Además, la magnitud del daño supera la capacidad de cualquier acuerdo único para rehacer vidas como eran antes del desastre.

Como advierte Peterson, “no hay suficiente zanahoria para la sopa”: el volumen de necesidades supera ampliamente los recursos disponibles. Para miles de familias en Maui, la pregunta práctica es más prosaica y angustiosa: ¿tendrán lo necesario para empezar de nuevo? A la espera de las decisiones judiciales sobre honorarios y de las resoluciones administrativas sobre reclamaciones, la respuesta sigue siendo incierta.

Fuentes: reportajes y audiencias citadas por Honolulu Civil Beat sobre el proceso de distribución del acuerdo por los incendios de Maui; datos del Hawaiʻi Insurance Commission sobre pagos de aseguradoras.