Prometieron un hogar para siempre y les entregaron instituciones: el negocio de las ‘teatros de tratamiento’ para niños adoptados

Palabra clave: Analysis

Cuando Kate tenía 13 años, llegó a un centro residencial que había prometido a sus padres adoptivos ayudarla a sanar. Tenía miedo de la oscuridad; había sido agredida sexualmente en otra institución y necesitaba una luz nocturna. Aquella noche su compañera apagó la lámpara. Kate tuvo un ataque de pánico. Tres empleados acudieron para “controlarla”. En lugar de consolarla, la inmovilizaron boca abajo en la alfombra; la mantuvieron sujetada mientras ella gritaba "No puedo respirar". Años después recuerda que, aunque logró salir legalmente de la institución al alcanzar la mayoría de edad, vivió su adolescencia como si la hubieran despojado de su infancia.

Historias como la de Kate aparecen repetidamente en documentos judiciales, expedientes de licencias estatales, denuncias de familias y testimonios de ex empleados. Reflejan un fenómeno que en los últimos años ha llamado la atención pública y política: una red de centros residenciales, internados, programas de “wilderness” y escuelas de estilo militar —en su mayoría para‑profit— que se han especializado, entre otros públicos, en niños adoptados con conductas desafiantes. Aunque sólo alrededor del 2% de la población infantil estadounidense es adoptada, estimaciones del sector y de organizaciones defensoras sitúan a los adoptados entre el 25% y el 40% de quienes ingresan a estos programas.

Un diagnóstico y una promesa: la etiqueta RAD

En la mercadotecnia de muchos centros figura con frecuencia la promesa de tratar el llamado «trastorno reactivo del apego» (RAD, por sus siglas en inglés). La narrativa es sencilla y seductora: el niño adoptado que muestra conducta desafiante lo hace porque no ha podido "vincularse" correctamente con sus cuidadores; si se corrige ese vínculo en un entorno estructurado y alejado, la conducta mejorará.

Pero especialistas en salud mental alertan sobre la mala aplicación de esa etiqueta. «El RAD originalmente describía a niños pequeños, comúnmente menores de 5 años, que habían sufrido privaciones afectivas graves en orfanatos y mostraban una marcada retirada social», explica Brian Allen, psicólogo y director del programa de protección infantil en Penn State. El DSM —el manual diagnóstico— define RAD de manera mucho más restringida que como se usa comercialmente en algunos programas. Cuando la etiqueta se aplica a adolescentes con conductas disruptivas o a niños que tienen problemas emocionales complejos, se corre el riesgo de transformar una herramienta clínica en una excusa para medidas coercitivas.

En un estudio clínico sobre 100 niños adoptados y en cuidado de crianza que fueron referidos por problemas de apego, cerca del 40% habían recibido un diagnóstico de RAD antes de la evaluación, pero ninguno cumplía con los criterios diagnósticos según los evaluadores del estudio. La conclusión de especialistas fue tajante: la etiqueta se estaba corrompiendo y, en muchos casos, servía para justificar prácticas de disciplina basadas en obediencia forzada que no tienen respaldo empírico.

Prácticas punitivas: desde castigos humillantes hasta muertes

Los testimonios recopilados por distintas investigaciones y recursos públicos describen prácticas que van desde la humillación y el trabajo forzado hasta el uso excesivo de sujeciones físicas y castigos que bordean el maltrato. Algunos ejemplos documentados incluyen:

• Castigos físicos y contención prolongada de menores, incluso cuando gritan que no pueden respirar.
• Privación de privacidad y comunicaciones: llamadas y cartas con la familia son limitadas y supervisadas.
• Uso de tareas repetitivas y humillantes (por ejemplo, fregar pisos durante horas con un cepillo) como sanción.
• Reportes de agresiones sexuales perpetradas por empleados o por compañeros de programa.

En algunos casos, estas prácticas han tenido consecuencias fatales. En los últimos años se han documentado cierres de instalaciones luego de muertes de jóvenes bajo su custodia, con investigaciones estatales que revelan fallas en la supervisión, en la implementación de protocolos de prevención del suicidio y en la notificación a las familias y autoridades.

El motor económico: por qué este sector creció y sigue creciendo

El auge de estos centros no es sólo un fenómeno clínico: es también económico. Empresas públicas y fondos de capital privado han identificado un mercado atractivo: demanda permanente (familias desesperadas por soluciones), tarifas elevadas (algunos programas cobran hasta decenas de miles de dólares al mes) y escasa regulación uniforme a nivel federal. Un analista que sigue el sector de la salud ha señalado que las utilidades proyectadas pueden rondar márgenes del 20%, lo que atrae inversión y consolidación.

Durante la pandemia, el interés por financiar la atención de salud mental infantil se amplió y fluyó financiación pública a través de Medicaid, subsidios escolares y otros mecanismos que, sin las salvaguardas adecuadas, han sido aprovechados por operadores privados. Además, cuando una instalación presenta problemas graves y cierra, con frecuencia reaparece bajo otra marca o con una estructura societaria diferente, lo que dificulta la supervisión y la rendición de cuentas.

Déficit de supervisión: un mapa fragmentado de regulaciones

A diferencia de otros entornos asistenciales (por ejemplo, centros geriátricos o hospitales), estos programas están regulados de forma fragmentaria: las normas varían mucho entre estados y, en algunos casos, los centros operan con licencias de escuelas privadas, residencias, o centros de tratamiento con requisitos muy distintos. Esa heterogeneidad facilita que malos operadores eviten sanciones severas o administren programas con estándares mínimos de formación del personal.

Además, cuando las familias envían a sus hijos «voluntariamente» (es decir, sin una orden judicial), el proceso de admisión y permanencia depende del consentimiento parental, y no existe un control judicial inmediato que supervise la duración o condiciones de la internación. En la práctica, eso significa que decisiones muy serias sobre la libertad y seguridad de menores recaen en el sector privado y en las familias, sin garantías externas suficientes.

Historias que muestran un patrón

Los relatos individuales, por más dolorosos que sean, ayudan a comprender un patrón:

• Zoie, adoptada desde China, llegó a un centro exclusivo para adoptados donde presenció agresiones frecuentes y fue sometida a «llamados grupales» para la humillación pública. Al poco tiempo el programa perdió su licencia por prácticas crueles y severas.
• Biruk, originario de Etiopía y adoptado por una familia estadounidense, fue encontrado muerto en su dormitorio tras haber mostrado señales de depresión. Investigaciones estatales encontraron fallas en la supervisión y en el seguimiento del riesgo suicida.
• Casos en distintos estados incluyen denuncias de empleados que abusaron de menores, de trabajos forzados, de reclusión prolongada y de re-etiquetado diagnóstico para justificar medidas coercitivas.

Estas narrativas no son anécdotas aisladas; forman parte de un corpus de denuncias, demandas y reportes regulatorios que, al analizarse en conjunto, muestran un sistema que privilegia la contención y la disciplina por sobre el tratamiento basado en evidencia.

Qué dicen los expertos: diagnóstico correcto y tratamientos con respaldo

Muchos psicólogos y pediatras insisten en que, para niños y adolescentes adoptados con dificultades emocionales o de conducta, las intervenciones efectivas son aquellas basadas en la evidencia: terapia familiar, intervenciones trauma‑informadas, tratamiento para trastorno por estrés postraumático y enfoques conductuales con protocolos validados. Las medidas punitivas centradas en la obediencia no sólo carecen de evidencia de eficacia, sino que pueden agravar el trauma.

«No deberíamos someter a los jóvenes a métodos de obediencia severos. No hay base empírica ni teórica para ello», afirma Brian Allen (Penn State). Otros especialistas recomiendan evaluación multidisciplinaria y seguimiento a largo plazo en entornos comunitarios que mantengan lazos familiares y sociales.

Impacto legal y político: presiones para regular

El cúmulo de denuncias y la visibilidad de muertes y abusos han motivado investigaciones legislativas y auditorías en varios estados. En el ámbito federal, comités del Congreso y algunos senadores han llamado la atención sobre lo que denominan un mercado opaco y una práctica que se acerca a un confinamiento sin las debidas garantías.

Organizaciones defensoras, ex alumnos y familias han impulsado demandas colectivas y peticiones para mejorar la transparencia: exigencias de licencias uniformes, auditorías independientes, limitaciones a prácticas de sujeción física, caminos claros para la denuncia y protección para menores que sean víctimas de abuso dentro de estos centros.

¿Qué pueden hacer los padres y las autoridades ahora?

Frente a la complejidad del problema, existen medidas prácticas y de política pública que deberían considerarse con urgencia:

1. Mayor regulación estatal y federales: definir estándares mínimos de atención, de formación profesional y de ratios personal/niño.
2. Transparencia financiera y operativa: exigir a operadores que informen sus estructuras societarias, ingresos por pagos públicos (Medicaid, subvenciones) y registros de incidentes.
3. Prohibiciones sobre prácticas potencialmente peligrosas: limitar o regular estrictamente la sujeción física, las búsquedas invasivas y el trabajo forzado.
4. Vías de supervisión judicial o de defensorías de menores cuando la internación sea prolongada o involuntaria en la práctica.
5. Fortalecimiento de recursos comunitarios: inversión en salud mental infantil ambulatoria, servicios de apoyo para familias adoptivas y programas basados en evidencia que eviten la institucionalización innecesaria.

Para los padres que están considerando enviar a un hijo a un centro residencial, los expertos recomiendan: investigar a fondo (licencias estatales, historial de sanciones, demandas), solicitar y verificar referencias independientes, exigir protocolos por escrito de manejo de crisis y suicidio, y preferir alternativas ambulatorias siempre que sea posible.

Una deuda de la sociedad: reconciliar bienestar con mercado

Las historias que emergen de estos centros plantean preguntas difíciles sobre la intersección entre mercado, salud y protección infantil. Cuando la búsqueda de beneficio se cruza con la vulnerabilidad extrema de niños que arrastran traumas de abandono, desplazamiento o violencia, el resultado puede ser una explotación sistemática del sufrimiento humano.

La adopción, en su sentido más noble, implica responsabilidad colectiva: aceptar que un niño que llegó sin las mismas oportunidades que otros merece, primero que nada, protección, tratamiento adecuado y la posibilidad real de reconstruir vínculos en un entorno que respete su integridad. La privatización y la mercantilización de la respuesta al trauma no pueden sustituir ese deber.

Hechos y cifras relevantes

• Proporción aproximada: los niños adoptados constituyen alrededor del 2% de la población infantil, pero pueden representar entre el 25% y 40% de los menores en centros residenciales según estimaciones de organizaciones especializadas y reportes de investigación.
• Costes: algunos programas cobran tarifas mensuales que llegan a decenas de miles de dólares, lo que ha atraído inversiones privadas al sector.
• Regulación fragmentada: no existe un registro federal consolidado de todas las instalaciones residenciales para jóvenes, por lo que la contabilidad y la supervisión varían ampliamente por estado.

Estas cifras subrayan la urgencia: una minoría de niños (los adoptados) está sobrerrepresentada en un sistema opaco cuyos incentivos económicos no están alineados con la mejor ciencia del tratamiento infantil.

Voces de ex alumnos y defensores

Los testimonios de quienes vivieron la experiencia suelen converger en sentimientos de pérdida, miedo y desconfianza hacia sistemas que, en teoría, debían protegerlos. ‘‘Nos prometieron curación y nos dieron confinamiento’’, resume una de las frases que suelen repetir los supervivientes. Para muchos, la experiencia deja heridas que requieren años de terapia y reconstrucción personal.

Defensores de derechos del niño, investigadores en salud mental infantil y legisladores señalan que la respuesta debe ser integral: sancionar a malos operadores, cerrar vacíos legales, y al mismo tiempo invertir en alternativas comunitarias que mantengan a los niños conectados con sus familias y redes de apoyo.

Lo que sigue: transparencia, justicia y prevención

La combinación de reportes periodísticos, demandas judiciales y revisiones regulatorias ha impulsado ya algunos cambios: cierres de centros con historial de abusos, suspensiones temporales de licencias y mayor atención de supervisores estatales. Sin embargo, la experiencia muestra que el problema no se resuelve con medidas aisladas: se necesitan normas claras, un registro público y mecanismos que impidan que operadores problemáticos se reemplacen por otros con el mismo modelo de negocio.

El desafío es moral y político. Defender a los niños adoptados —y a todos los menores vulnerables— exige confrontar estructuras de poder y mercado que han priorizado el beneficio sobre la seguridad. También requiere ofrecer a las familias alternativas reales y apoyo suficiente para criar a niños con trayectorias complejas sin tener que recurrir a soluciones que, en la práctica, equivalen a confinamiento.

En última instancia, la pregunta que deja el relato de Kate y de tantos otros no es sólo cómo regular mejor los centros residenciales, sino cómo construir una cultura de cuidado que no convierta el trauma en una oportunidad de mercado.

Fuentes y lecturas recomendadas

• Informe del Senado recogiendo evidencias sobre la industria residencial para jóvenes: Sen. Ron Wyden — investigaciones sobre centros residenciales (informe nombrado “Warehouses of Neglect” en reseñas públicas).
• Comentarios y análisis clínicos sobre la aplicación del diagnóstico de RAD: declaraciones de Brian Allen, Penn State Center for the Protection of Children.
• Análisis económico del sector y su atractiva rentabilidad para inversores privados: reportes de analistas de salud y organizaciones de vigilancia de capital privado.

Si usted es padre, cuidador o profesional que trabaja con jóvenes adoptados y necesita orientación sobre alternativas de tratamiento basadas en evidencia, busque centros certificados en salud mental infantil, programas de terapia familiar y recursos en su comunidad antes de considerar la internación residencial. La vida y la seguridad de los menores deben ser la primera prioridad.