¿Quién puede medir nuestros ríos? La polémica en Wyoming sobre qué datos cuentan para declarar aguas ‘impaired’

Wyoming se encuentra en el centro de un debate que va más allá de la geografía estatal: ¿quién tiene legitimidad para aportar datos científicos cuando se trata de declarar que un río o arroyo está contaminado y, por tanto, requiere medidas de protección bajo la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act)?

La regla del DEQ que encendió alarmas

Desde 2020, el Department of Environmental Quality (DEQ) de Wyoming ha aplicado una política que restringe la aceptación de muestras de agua —para la elaboración de la lista de aguas “impaired” (no aptas para los usos designados)— a datos recogidos únicamente por agencias gubernamentales federales y estatales y sus subdivisiones. Esa condición aparece en el documento técnico del DEQ titulado "Methods for Determining Attainment of Surface Water Quality Standards: Basis and Overall Approach", donde se afirma que "los datos utilizados para determinar el apoyo al uso deben ser recolectados por una persona empleada por, o bajo contrato con, una entidad gubernamental".

¿Por qué importa quién toma la muestra?

La respuesta tiene consecuencias prácticas: la inclusión o exclusión de datos define si un cuerpo de agua termina en la lista estatal de aguas afectadas. Estar listado puede activar obligaciones de monitoreo, formulación de planes de restauración (TMDL en la jerga anglosajona) y restricciones que protegen la salud humana y los ecosistemas.

Para muchas organizaciones de conservación, universidades y grupos ciudadanos, la regla del DEQ equivale a desechar información potencialmente valiosa por el simple hecho de su procedencia. Como señaló Lindsey Washkoviak, del Wyoming Outdoor Council, la política “unnecessarily restricts credible data sources” y resulta, en su opinión, “fiscally irresponsible” porque limita la capacidad de evaluar extensas cuencas en un estado con baja densidad poblacional y enormes áreas rurales.

La voz del EPA y el imperativo federal

La Oficina Regional 8 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) intervino formalmente. En una carta fechada el 24 de abril dirigida al DEQ, la directora interina de la División de Agua de la Región 8, Sarah Bahrman, recordó el mandato federal: cuando los estados desarrollan la lista requerida por la Ley de Agua Limpia, “each State shall assemble and evaluate all existing and readily available water quality-related data and information” (cada estado deberá reunir y evaluar toda la información y datos existentes y fácilmente disponibles relacionados con la calidad del agua). La EPA recomendó, además, que si el estado decide excluir datos, debe publicar una explicación técnica y científica que justifique la exclusión.

Este principio de recopilación “source-neutral” es clave en la práctica federal. La guía de la EPA sobre el proceso de listado (sección 303(d) del Clean Water Act) exhorta a los estados a evaluar datos existentes de diversas fuentes —agencias federales y estatales, tribus, universidades, ONGs y, en algunos casos, datos de científicos ciudadanos— siempre que cumplan criterios de calidad y control de calidad/aseguramiento de la calidad (QA/QC). (Ver: EPA: Section 303(d) Overview).

Críticas y defensa: argumentos enfrentados

Organizaciones como American Rivers, Protect Our Water Jackson Hole, el Powder River Basin Resource Council y el Greater Yellowstone Coalition han argumentado en cartas conjuntas o individuales que la nueva práctica del DEQ desplazó un enfoque previo, más inclusivo y basado en la calidad del dato, hacia uno “baseline” que privilegia por defecto solo fuentes gubernamentales. Justin Hayes, de American Rivers, escribió que ese cambio “excludes otherwise scientifically valid data solely because of who collected it” (excluye datos científicamente válidos única y exclusivamente por quién los recolectó), reduciendo el alcance de información disponible más allá de lo que permite la ley estatal.

Los defensores de la medida por parte del DEQ alegan preocupaciones de credibilidad. Funcionarios estatales citan incidentes pasados —como la disputada credibilidad de muestras presentadas por la organización Western Watersheds Project en años previos— como motivación para endurecer los requisitos de procedencia de datos. David Waterstreet, gerente de gestión de cuencas del DEQ, y Ron Steg, gerente de la oficina de Lander, han sostenido que la restricción busca asegurar la consistencia y la confianza en las conclusiones del DEQ, y que hasta ahora no han visto datos externos que “bumping up against” (contradicen) los requisitos aplicados.

¿Qué dicen los científicos y la academia?

La comunidad científica tiende a enfatizar que la validez de un dato no depende de su origen institucional sino de cómo fue recolectado, procesado y documentado. Universidades y laboratorios académicos, por ejemplo, suelen aplicar protocolos rigurosos de muestreo y QA/QC, y en muchos casos emplean metodologías reproducibles y transparentes.

Washkoviak argumenta que “parties that meet DEQ’s rigorous quality assurance requirements routinely collect water samples, including parties that may have more rigorous training and qualifications than governmental entities” — es decir, hay actores no gubernamentales cuyos estándares pueden igualar o superar a los estatales. Entre esos actores citó a investigadores de la Universidad de Wyoming, consultores privados y científicos ciudadanos entrenados.

Consecuencias prácticas: ¿menos datos, menos protección?

El estado de Wyoming tiene, según críticos, una de las listas más pequeñas de aguas “impaired” del país y vastas extensiones sin evaluar. Reducir las fuentes de datos puede agravar ese sub-monitoreo. Kurt Colhoff, del Greater Yellowstone Coalition, señaló que el estado “should be seeking out ways to increase DEQ’s ability to monitor and assess water quality rather than limiting it” (debería buscar maneras de ampliar su capacidad de seguimiento y evaluación en lugar de limitarla).

En términos prácticos, menos datos aceptados puede significar que problemas de contaminación queden sin identificar, lo que retrasa intervenciones y pone en riesgo usos recreativos, abastecimiento de agua potable y habitats acuáticos. Además, la exclusión de datos válidos puede aumentar los costos a largo plazo al postergar mitigaciones y restauraciones.

Riesgos legales y la necesidad de un marco claro

La regulación federal y la guía de la EPA requieren que los estados justifiquen técnica y científicamente las decisiones de exclusión. Si Wyoming mantiene una política que es estrictamente source-based (basada en la fuente) y no proporciona un criterio científico claro y documentado que explique por qué ciertos datos son inválidos, podría enfrentar impugnaciones legales o presiones para revisar su metodología.

Este punto no es meramente teórico: cambios en la elegibilidad de datos ya están siendo cuestionados por ONG y la EPA, y el DEQ está obligado a evaluar y responder oficialmente a esas observaciones cuando propone modificaciones metodológicas. La transparencia en los criterios de aceptación —qué protocolos de muestreo, límites de detección, cadenas de custodia y controles de calidad son aceptables— puede ayudar a reducir controversias y a integrar fuentes diversas sin sacrificar la certe-za científica.

Hacia una salida práctica: recomendaciones para Wyoming

1. Adoptar un enfoque calidad basada en lugar de uno fuente basada: aceptar datos si cumplen estándares QA/QC predefinidos, independientemente de si provienen de agencias, universidades, ONGs o ciudadanos entrenados.
2. Publicar protocolos claros y accesibles: establecer requisitos mínimos de muestreo, cadena de custodia y tratamiento estadístico, y ponerlos a disposición pública para facilitar la recolección de datos estandarizados.
3. Implementar programas de entrenamiento y certificación para grupos locales y científicos ciudadanos, para asegurar que las muestras externas cumplan los criterios técnicos.
4. Crear un proceso de revisión técnica para datos contestados, con paneles independientes cuando sea necesario, que evalúen la validez metodológica en vez de la afiliación institucional.
5. Fortalecer la colaboración con universidades y laboratorios acreditados que pueden aportar capacidad de muestreo en áreas remotas que el estado no puede cubrir eficientemente.

La importancia del acceso a datos en la gobernanza ambiental

En un contexto de cambios climáticos, uso del suelo y presiones agrícolas o industriales sobre las fuentes hídricas, contar con la mayor cantidad de información válida posible es esencial para tomar decisiones oportunas y efectivas. Las disputas sobre quién puede presentar datos no son solo administrativas: marcan la línea entre una gestión proactiva del recurso y una gestión reactiva que llega tarde.

Si Wyoming quiere reconciliar la necesidad de certeza científica con la realidad de recursos limitados y extensos territorios por monitorear, deberá moverse hacia un sistema que valore la calidad del dato y facilite su generación. La comunidad científica, las ONG y las agencias federales ya han dejado claro que existen caminos técnicos y legales para hacerlo. La pregunta ahora es política y administrativa: ¿aceptará el DEQ una apertura que, bien regulada, fortalezca la protección de sus aguas?

Fuentes citadas en las cartas y recomendaciones públicas: comunicaciones de la EPA Región 8 y comentarios de organizaciones como Wyoming Outdoor Council, Greater Yellowstone Coalition y American Rivers sobre la propuesta metodológica del DEQ (documento: "Methods for Determining Attainment of Surface Water Quality Standards"). Para más detalles sobre los requisitos federales de listado, consulte la guía de la EPA sobre la Sección 303(d): https://www.epa.gov/tmdl/overview-section-303d-impaired-waters-and-tmdls.