Kauhale en Hawaiʻi: éxito proclamado, auditoría polémica y la tensión entre urgencia social y control fiscal

El ambicioso programa kauhale de Hawaiʻi —una iniciativa estatal que combina viviendas diminutas ('tiny homes') con servicios sociales y médicos en el sitio— se ha convertido en un campo de batalla político-administrativo. Por un lado, el gobernador Josh Green defiende la iniciativa como una solución innovadora que ha ampliado la capacidad para atender a personas sin hogar; por otro, la oficina del auditor del estado, dirigida por Les Kondo, ha emitido un memorando preliminar que identifica presuntas deficiencias en controles internos, contratos y documentación que, según el auditor, "justifican atención inmediata".

¿Qué es el programa kauhale y por qué genera expectativas?

Kauhale es la apuesta del gobierno de Hawaiʻi por integrar viviendas de muy bajo costo con servicios (psicosociales, de empleo y atención médica) en locales estatales convertidos en pequeños conjuntos habitacionales. La idea responde a la crítica de que los enfoques tradicionales —albergues, vales de vivienda, derivaciones a servicios— resultan fragmentados y no siempre funcionan con las personas que enfrentan múltiples barreras (salud mental, adicciones, ausencia de redes familiares).

Según declaraciones del gobernador, el programa habría aumentado la oferta en 940 camas adicionales respecto a la situación previa, y los promotores destacan que muchos residentes reciben apoyo continuo en el mismo lugar donde viven, lo que favorece la continuidad del tratamiento y la estabilidad.

Hallazgos del auditor: ¿riesgo de mal uso de recursos?

El memorando preliminar de la oficina del auditor, encargado por la Legislatura, examinó 10 contratos entre el estado y la organización sin fines de lucro HomeAid Hawaiʻi por un total aproximado de 40 millones de dólares destinados al desarrollo de kauhale. El documento no es un informe final, pero contiene observaciones contundentes:

• Identificación de casi 1.7 millones de dólares en gastos que parecen no estar suficientemente respaldados, ser no permitidos, duplicativos o inconsistentes con los términos contractuales.
• Un pago de 770,000 dólares que luego fue reembolsado por HomeAid, lo que sugiere que la agencia estatal aprobó facturas con costos no soportados.
• Un pago duplicado al mismo contratista por trabajo ya pagado.
• Deficiencias en controles internos relativos a contratación, administración contractual y revisión de facturas, incluyendo falta de procesos para evaluar la razonabilidad de los montos facturados.

La auditoría advierte que estos problemas parecen ser "generales y recurrentes" y no hechos aislados, y por ello emitió una comunicación interina para alertar a los legisladores sobre "el riesgo inmediato y continuo de desperdicio e uso indebido de fondos públicos".

Fuente: memo preliminar de la oficina del auditor de Hawaiʻi (citada en reportes de prensa locales). Para estándares de auditoría de desempeño y control, la guía consultada por la oficina del estado se basa en los criterios del Government Accountability Office (GAO): www.gao.gov.

La defensa gubernamental: resultados y urgencia

El gobernador Green reaccionó con dureza. Calificó el tono del auditor como una "vendetta personal" y describió el proceso como "muy cáustico, agresivo". Green sostuvo que el memorando omitió el contexto y los resultados del programa, y destacó que kauhale representa un enfoque distinto al de administraciones previas, al integrar vivienda y servicios en un mismo lugar.

En sus propias palabras, citadas en una entrevista con medios locales: "En ese contexto, es un éxito extraordinario. Hace cosas que no habíamos hecho antes"; y añadió que el programa ha movido a muchas de las personas más difíciles de ayudar fuera de las calles. Green criticó además el momento en que el auditor envió la comunicación a la Legislatura, justo cuando los legisladores debían tomar decisiones presupuestarias.

Fuente: declaraciones públicas del gobernador citadas por medios locales (Honolulu Civil Beat).

Transparencia vs. urgencia: un dilema conocido

Los programas que se implementan bajo una lógica de emergencia o necesidad social inmediata suelen enfrentar una tensión clásica:

1. Por una parte, la urgencia exige respuestas rápidas y, a veces, procedimientos contractuales acelerados o excepcionales para sacar recursos y servicios en el corto plazo.
2. Por otra, la fiscalización y los estándares de gestión pública exigen documentación, controles y procesos de validación que protejan los recursos y la integridad del programa.

Cuando el escenario es de emergencia social (por ejemplo, un aumento repentino en la cantidad de personas sin hogar por crisis económica o de salud pública), la tentación política es priorizar el logro operativo por sobre la formalidad administrativa. Sin embargo, la experiencia comprobada en auditorías públicas muestra que la ausencia de controles aumenta el riesgo de pagos indebidos, duplicaciones y pérdidas económicas que, a la larga, merman la capacidad del programa para sostenerse.

Un precedente útil: la propia GAO advierte que la eficiencia no puede ser excusa para ignorar controles básicos de contratación y supervisión. Véase: GAO High-Risk Series.

Costes por unidad, contratos sin licitación y preguntas legítimas

Reportes previos de prensa ya habían puesto el foco en costos por hogar elevados en algunos kauhale: por ejemplo, un caso en el que el estado pagó 21,000 dólares al mes para electricidad de un conjunto de 20 tiny homes. Además, la administración ha adjudicado buena parte del trabajo a HomeAid Hawaiʻi mediante contratos sin licitación (no-bid), algo que siempre genera inquietud respecto a la razonabilidad de precios y la competencia entre proveedores.

La auditoría identificó situaciones donde el estado pagó dos veces por el mismo trabajo y donde no existe evidencia clara de una revisión significativa de las facturas por parte de funcionarios de la administración, aspectos que justifican el escrutinio.

Resultados medibles y la voz de la comunidad

Más allá de los números de contratos y facturas, la evaluación de cualquier programa de vivienda para personas sin hogar debe mirar indicadores de impacto:

• Reducción del número de personas sin hogar en la zona atendida (conteos puntuales y encuestas continuas).
• Estabilidad a mediano plazo: permanencia en la vivienda, transiciones a soluciones permanentes.
• Mejoras en salud física y mental, empleo y conexión con servicios sociales.
• Satisfacción y percepción de seguridad tanto de residentes como de comunidades vecinas.

La administración afirma avances en capacidad (las 940 camas adicionales) y en atención integrada; la auditoría preliminar no niega potenciales beneficios, pero reclama evidencia documental de cómo se justificaron los gastos y cómo se aseguraron los controles administrativos.

¿Qué debería ocurrir ahora? Recomendaciones para encauzar el programa

Para conciliar la urgencia social con la exigencia de rendición de cuentas, propongo un conjunto de acciones concretas y prácticas:

• Transparencia inmediata: publicar contratos, facturas claves y comprobantes de pago (con protección de datos sensibles) en un portal de acceso público para permitir verificación ciudadana y periodística.
• Plan de remediación: la administración debe presentar a la Legislatura un plan claro para corregir las deficiencias señaladas por el auditor, con plazos, responsables y métricas.
• Mecanismos de supervisión conjuntos: crear una mesa técnica entre la oficina del auditor, representantes de la administración, la Legislatura y ONG independientes para revisar contratos y procesos durante un periodo de transición.
• Aceleradores con control: cuando se empleen reglas de emergencia para agilizar adquisiciones, documentar explícitamente la justificación y los criterios de selección para cada adjudicación sin licitación.
• Evaluación de impacto independiente: contratar (a través de concurso) una evaluación externa y rigurosa de resultados sociales del programa a 12 y 24 meses.

Reflexión final: políticas públicas que deben rendir cuentas sin paralizarlas

Los programas dirigidos a poblaciones vulnerables exigen rapidez y sensibilidad, pero no pueden prescindir de controles que garanticen uso apropiado de recursos públicos. El caso de kauhale ilustra la tensión entre innovación social y fiscalización; la forma en que se resuelva puede marcar un precedente para otras iniciativas de vivienda en Estados Unidos y fuera de él.

Si el programa logra corregir las fallas administrativas sin perder su apuesta por la atención integrada y domiciliaria, Hawaiʻi podría consolidar una alternativa valiosa para ciudades que enfrentan problemas similares. Si, por el contrario, prevalecen prácticas contractuales opacas o pagos indebidos, la iniciativa corre el riesgo de perder legitimidad y apoyo político justo cuando las soluciones habitacionales son más necesarias.

Referencias y fuentes citadas: Honolulu Civil Beat (cobertura sobre kauhale y declaraciones del gobernador y del auditor), Oficina del Auditor del Estado de Hawaiʻi (memorando preliminar citado en prensa), Government Accountability Office (estándares y guías de auditoría): www.gao.gov, datos generales sobre estimaciones y mediciones de personas sin hogar en EE. UU.: HUD AHAR (Annual Homeless Assessment Report): https://www.huduser.gov/portal/datasets/ahar.html.